A horas del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto, el Gobierno nacional recordó que la educación quedó alcanzada por el régimen de servicios esenciales incorporado en la reforma laboral y advirtió que deberá garantizarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual durante la medida de fuerza.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, por medio de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sostuvo que la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral se encuentra "plenamente vigente" y recordó que el artículo 101 establece la obligación de mantener ese nivel mínimo de actividad durante las medidas de acción directa.

De esta manera, el paro convocado por CTERA se perfila como una de las primeras medidas de fuerza nacionales del sector educativo en las que el Gobierno busca aplicar el nuevo esquema previsto por la reforma laboral, que declaró a la educación como servicio esencial.

     

En el comunicado, la cartera nacional señaló que la norma "asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles".

Además, advirtió que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables".

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano reafirmó "su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza".

El paro convocado por CTERA

La medida de fuerza de 24 horas fue anunciada por CTERA para el lunes 3 de agosto en reclamo de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una actualización del salario mínimo del sector y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), entre otros planteos.

La protesta marcará un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios docentes, pero también pondrá a prueba por primera vez el alcance de las disposiciones incorporadas por la reforma laboral respecto de la prestación mínima que deben garantizar los servicios considerados esenciales.