Las dos policías que figuran como acreedoras del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declararon este lunes ante la Justicia y confirmaron que el funcionario mantiene una deuda de 70 mil dólares más intereses, con vencimiento en noviembre de este año.
Se trata de Graciela Isabel Molina, comisario retirada, y su hija Victoria María José Cancio, quienes se presentaron como testigos ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Ambas evitaron hacer declaraciones a la prensa, pero permanecieron cerca de tres horas en la Fiscalía Federal Nº11, donde entregaron chats y documentación vinculada al préstamo.
Según reconstruyeron fuentes judiciales, madre e hija habían prestado en total 100 mil dólares a Adorni. Molina aportó 85 mil y Cancio, que es contadora pero trabaja en la fuerza, otros 15 mil. El acuerdo establecía un plazo de dos años para la devolución, con una tasa de interés anual del 11%.
De acuerdo a sus testimonios, el funcionario comenzó pagando cuotas mensuales de 900 dólares en concepto de intereses desde noviembre de 2024. Sin embargo, tras cancelar 30 mil dólares del capital, el monto de las cuotas bajó a 600 dólares. Actualmente, la deuda pendiente asciende a 70 mil dólares y deberá ser saldada antes de noviembre de 2026.
El préstamo, siempre según la causa, se concretó en efectivo y las mujeres conocieron personalmente a Adorni en la escribanía de Adriana Nechevenko, quien habría intervenido en el vínculo entre las partes. Incluso, un mensaje de WhatsApp enviado por la escribana a Molina antes de la declaración quedó incorporado al expediente.
La investigación también apunta a reconstruir el destino del dinero. Según surge de la causa, los 100 mil dólares habrían sido utilizados para la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Parte de ese monto habría sido depositado en una sucursal bancaria y luego transferido al vendedor de la propiedad.
En paralelo, la fiscalía avanza sobre el origen de los fondos. A pedido de Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las acreedoras, con el objetivo de determinar si contaban con capacidad económica para sostener las operaciones.
En ese marco, Molina y Cancio explicaron que el dinero prestado provino de ahorros personales, así como de fondos obtenidos a partir de un juicio sucesorio y una demanda por diferencias salariales tras el fallecimiento del esposo de la comisario retirada.
La causa continuará esta semana con nuevas declaraciones. El miércoles será el turno de dos jubiladas que vendieron a Adorni un departamento en el barrio porteño de Caballito, en una operación con hipoteca entre privados por la que el funcionario abonó 30 mil dólares y mantiene una deuda de 200 mil, sin intereses, a cancelar en los próximos meses.
