El Gobierno de Santa Fe comenzó a notificar a personas identificadas como responsables de amenazas a establecimientos educativos para que paguen los costos de los operativos desplegados en cada caso. La medida se enmarca en un esquema administrativo y patrimonial que apunta al recupero de esos gastos. Las amenazas se multiplicaron en la provincia y en todo el país en el marco de la conmoción que generó el caso de San Cristóbal donde un alumno de 15 años fue armado y mató a un compañero de 13 dejando a otros alumnos heridos.
La primera intimación fue realizada este lunes en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor señalado como autor de una amenaza. El monto reclamado asciende a 6.024.944 pesos y deberá ser abonado en un plazo de cinco días. En caso de incumplimiento, la deuda será derivada a la Fiscalía de Estado para su ejecución.
El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada.
Al respecto, el funcionario explicó que en el procedimiento realizado por la Policía, la agente policial informó al padre sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el padre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.
El ministro detalló, además, que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, por un monto total de 6.024.944 pesos, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios. “Durante el día se estarán despachando nuevas intimaciones”, añadió.
Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable.
“A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.
Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores de estos 58 hechos y de los adultos responsables, el monto total reclamado superaría los 250 millones de pesos.
“Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló el ministro.
En este sentido, aclaró que se trata de “una indemnización civil por el resarcimiento del daño”, desvinculada de cualquier sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.
Por último, el ministro explicó que el monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó.
