El Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, le está reclamando a las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) que avance con una profundización de los recortes sobre el organismo que implicaría el despido de 1.400 trabajadores. Como parte de este proceso, la semana pasada se firmó la Resolución 42/2026, con la que fueron eliminados casi 1.000 servicios técnicos de control que eran ofrecidos a la industria.

Frente a la fuerte presión oficial, el presidente del instituto, Miguel Romero, rechazó abiertamente la orden tras mantener una reunión con su Consejo Directivo. El funcionario aseguró que no avalará las desvinculaciones bajo su mandato y remarcó que el acuerdo original solo implicaba reducir servicios y sin echar personal.

     

Según indicaron desde la multisectorial gremial del Inti, Romero advirtió que “si esos despidos se concretan no será bajo su gestión, ya que ni él ni ninguno de sus funcionarios los van a firmar”. “El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir”, sostuvo el presidente del organismo.

En este contexto, los trabajadores y delegados del Inti se manifestaron este martes por la mañana en la puerta del organismo con el objetivo de repudiar el accionar del Gobierno. Sostienen que el despido de 1.400 trabajadores dejaría al organismo al borde de la parálisis total durante los próximos meses de gestión.

     

El conflicto estalló a partir de una resolución gubernamental con la que se eliminó el servicio de control de alimentos y bebidas que prestaba el Inti, que incluía una batería de ensayos técnicos que funcionaban como soporte fundamental para diversas empresas, consumidores y organismos de control.

Al cumplir con esta decisión, el organismo dejará de realizar análisis técnicos independientes sobre la composición, la calidad y la extrema seguridad alimentaria en productos de consumo masivo. Ensayos sobre aditivos, detección de contaminantes en carnes y lácteos, o estudios de vida útil ya no contarán con el respaldo oficial de la entidad y pasarán a quedar a cargo del sector privado, ya que los controles siguen siendo obligatorios para las empresas.

Rechazo de empresarios Pyme
 

Ante este panorama, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresaron su rechazo a la reestructuración del Inti.

“Se trata de una acción que forma parte de una política más amplia que debilita las capacidades estatales en materia científica y técnica”, subrayaron desde Apyme. En este sentido, cuestionaron los argumentos oficiales que justifican la decisión en la necesidad de reducir “gastos” o corregir “distorsiones de mercado”.

Del mismo modo, rechazaron la afirmación de que varios de los servicios del organismo carecen de demanda o cuentan con oferta privada suficiente. La organización sostuvo que la resolución implica el abandono de prestaciones consideradas esenciales para el sector productivo, al tiempo que transfiere al ámbito privado controles en áreas sensibles como alimentos, salud, agua y construcción.

Esto, advirtieron, no solo pone en riesgo a la población sino que ya hay antecedentes vinculados a experiencias pasadas de crisis económicas y sociales en el país.

La entidad también manifestó su preocupación por lo que considera un deterioro del sistema de ciencia y tecnología, que incluye organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Servicio Meteorológico Nacional.

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