El miércoles, cuando María Eugenia Irribarren concurra a cita a la comisión de Acuerdos de la Legislatura, se empezará definir el rumbo de la crisis abierta en la Fiscalía Regional Rosario a partir de la denuncia de los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca contra su colega Matías Edery.
El clima de esa reunión será tenso, como mínimo, teniendo en cuenta que un sector de la política santafesina mira de forma crítica el liderazgo de la fiscal regional y está convencido de que el grotesco espectáculo que enfrenta a los fiscales y la fragmentación que se vislumbra puertas adentro tiene de base un problema de conducción.
Iribarren se defenderá con la labor que realizó no solo en estos cinco meses que lleva como fiscal regional titular, sino en los tres años previos que ejerció como interina y en condiciones, a decir verdad, bastante precarias, con renovación de ese interinato cada tres meses y la necesidad de rearmar la regional tras el traumático caso que terminó con el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y el regional Patricio Serjal presos por corrupción.
Ocurre que esos tres años de interinato transcurrieron en una provincia que vivía bajo estado de guerra política entre el gobierno de Omar Perotti y la oposición. Si una imagen vale por mil palabras, el resultado de ese enfrentamiento lo retrata el acto del jueves en Coronda, donde se vio a un Perotti amable y afectuoso con el gobernador electo que el 10 de diciembre asume con el respaldo de más de un millón de votos y el control de las dos cámaras legislativas.
Este contexto es relevante, porque algunas batallas de esa guerra se libraron en la Justicia y con el exministro de Seguridad Marcelo Sain como el general de campo. La oposición está convencida, y lo ha dicho en innumerables ocasiones, que Sain se valió de la Justicia para perseguir a los adversarios políticos. En esa línea también hay un reproche para Iribarren, porque entienden que le permitió a Sain y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia que “hicieran sus locuras”.
Entre ellas, mencionan la causa de juego clandestino, donde no se cuestiona la pertinencia de la investigación en sí, que consiguió pruebas y condenas, sino que se hayan profundizado algunas líneas de investigación y descartado otras.
Entre las primeras está la línea que llevó a los fiscales hasta el senador Armando Traferri, jefe del peronismo enfrentado con Perotti. Él argumenta que es todo parte de una persecución mientras los fiscales dicen tener las pruebas en su contra. Como Traferri se refugió todo este tiempo en sus fueros parlamentarios, no fue posible dilucidar en un trámite judicial si, más allá de las intenciones que pudieron tener Sain y Perotti, también tiene responsabilidades penales en la red de juego clandestino como afirman los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Por otra parte, en la reunión de la comisión de Acuerdos de la semana pasada, en la que estuvo presente el Auditor General del MPA Leandro Mai, se esbozaron cuestiones sobre las que seguramente los legisladores le pedirán precisiones a la fiscal regional. Concretamente la confirmación de Mai de que la informante de la fiscalía Mariana Ortigala, que es el centro de las acusaciones entre los fiscales, también dialogaba de forma fluida con funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Sain, aunque el auditor no explicitó su nombre.
Otro asunto que legisladores de Unidos desempolvaron es el destino de la declaración de Leonardo Peiti en Rafaela. El mayor capitalista de la red de juego clandestino de la provincia dio información e hizo mención a nombres del oficialismo que el entonces fiscal regional Vigo consideró relevantes y el 22 de abril de 2021 giró a Rosario. Lo que buscarán que explique Iribarren es por qué esa declaración, sobre la cual se abrió formalmente una investigación, “no recibió impulso procesal y terminó archivada”.
También está bajo observación el manejo de informantes en la Fiscalía Regional, no haber construido un marco legal específico y omitir informar su existencia a la Fiscalía General. Los críticos argumentan que se hizo un manejo personal y monopolizado, desprolijo y riesgoso, falto de controles. Por eso en la Legislatura miran a la fiscal regional, teniendo en cuenta que su subordinado cuestionado, el fiscal Edery, se cubrió informándole sobre la existencia y la identidad de la informante.
En todo caso, a Edery le correspondería una sanción por extralimitarse en el vínculo con la informante. Eso una vez que la Legislatura acepte la inhibición del Auditor General Mai y se avoque al caso, y siempre y cuando no aparezca alguna situación más grave en la investigación penal que llevan adelante en Santa Fe.
Los informantes y otras figuras por el estilo son determinantes para llegar a pruebas que de otra manera son muy difíciles de conseguir cuando se trata de bandas que actúan al amparo de sectores estatales. Pero su uso es muy delicado porque implica el intercambio de funcionarios de la ley convenciendo a gente que es parte de organizaciones delictivas para que entregue información.
En términos jurídicos, implica jugar al fleje. La forma de vincularse, la protección y garantías posibles, la potencial retribución económica por los datos, son todos aspectos hipersensibles y opinables si no están debidamente reglamentados. La polémica que estalló entre los fiscales de Rosario lo corrobora.
Cara a cara
Con esa base de cuestionamientos de orden político, será muy relevante el temperamento con el que reciban a Irribarren los legisladores de las fuerzas que a partir de diciembre serán gobierno y sus aliados. Una vez terminado ese encuentro, la fiscal regional se volverá a Rosario con una apreciación directa de dónde está parada como jefa de la fiscalía rosarina y el nivel de respaldo político con el que cuenta para intentar enderezar el barco.
Hoy se siente con fuerzas para domar la crisis y confía en que, así como en 2020 la designaron como interina por venir de otro lado del Poder Judicial y al margen de las fricciones internas que ya existían, es la indicada para resolver.
Sin embargo la política le pide a la fiscal regional un volantazo de 180 grados y que se ponga en línea con la fiscalía general y los futuros lineamientos para la organización de la persecución penal que, como se contó en este panorama semanas atrás, pretende impulsar el gobernador electo Pullaro.
Pullaro no es Perotti, que estuvo ausente y desentendido de la suerte de la violencia narcocriminal en Rosario, al punto que una de las hipótesis que gana fuerza en los últimos tiempos entre agentes del Poder Judicial y del sistema político, es que esa ausencia de conducción política, sumado al juego de informantes y los intentos por correr del mapa a unas bandas más que a otras, es lo que explica el desmadre de vendettas, ejecuciones y balaceras en los cuatro años de rafaelino.
Por el contrario, Pullaro tiene en claro que fue elegido para tomar el control de la seguridad en el Gran Rosario y conoce el problema. Su diagnóstico es que hay 500 personas que son las que generan la violencia que puso a Rosario en boca de medio mundo y su objetivo es que en un año y medio los homicidios se reduzcan a 130 al año, es decir la mitad o menos que en la actualidad. Puede que peque de optimista, pero es su meta autoimpuesta sobre la base de un gobernador que fije lineamientos de persecución penal y un ministro de Seguridad y Justicia que coordine, con todos los actores del Estado concentrados en un mismo sentido.
En esa línea interactúa con referentes de las fuerzas de seguridad y de la Justicia. Con fiscales de toda la provincia ha tenido, sin distinción de grupos y hasta que estalló la crisis, frecuentes conversaciones para interiorizarse, escucharlos y a la vez hacer conocer su visión.
Tiene especial valoración por los protagonistas de la crisis en el MPA Rosario: los fiscales Luis Schiappa Pietra, Valeria Haurigot, Matías Edery, Miguel Moreno y Pablo Socca, aunque no solo por ellos. Considera que están entre los mejores, que son trabajadores, comprometidos y están dispuestos a tomar riesgos para ir hacia adelante. Cree que tienen el perfil que se necesita en el MPA para enfrentar la problemática de seguridad, pero que requieren una conducción férrea que pueda administrar egos y ambiciones personales, y evite que diferencias personales deriven en crisis institucionales como ocurre por estos días.
La crisis encuentra a Iribarren como el fusible que está en medio de todos los circuitos que están en corto, con dificultades en el ordenamiento interno, cuestionamientos de un arco político transversal que obedece a intereses diferentes pero que son coincidentes, a lo que se suman las tensiones permanentes con la fiscal general María Cecilia Vranicich. Y todo eso en la regional del MPA de mayor complejidad y demandada por intereses de todo tipo.
En ese contexto irá a la Legislatura que hace cuatro meses aprobó su pliego para el cargo. A pesar de la cercanía temporal, cuando el miércoles se siente en la comisión de Acuerdos estará casi en soledad, sin ningún bloque “cuidándola” como ocurre con funcionarios judiciales o ejecutivos cuando concurren a esos ámbitos.
Es un dato muy relevante en relación a lo que puede seguir, porque entre su designación en abril y ahora, las elecciones cambiaron de cuajo el mapa de poder provincial. Quienes a último momento eligieron su pliego para ponerla al frente de la Regional Rosario hoy no están en condiciones de armarle una trinchera de protección si prosperase la idea de que la situación de la Rosario demanda otro tipo de liderazgo.
Vranicich también fue convocada a la Legislatura, aunque su posición es diferente a la de Iribarren. En esta temprana crisis mostró reflejos más rápidos, pero además ocupa el puesto hace cinco meses, y como fiscal general no tiene responsabilidad ni injerencia directa sobre las fiscalías regionales, cuestión que será corregida si el nuevo gobierno concreta la reforma de ley para empoderar a la Fiscalía General. Se estima que será una de las primeras leyes que pedirá Pullaro.
