Justo cuando el 2025 se evapora, Santa Fe recibió dos muy buenas noticias con efectos a mediano y largo plazo: la continuidad del Plan Bandera y el acceso a crédito por 800 millones de dólares para infraestructura. Dos temas que nada que ver uno con otro, solo conectados por la particularidad de ser de los muy pocos asuntos de Estado que se mantienen al margen de los vaivenes propios de la competencia política y los cambios de gobierno.
El Plan Bandera –la coordinación y complementación de fuerzas de seguridad federales y de la provincia– sobrevivirá a la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad nacional. Lo confirmó su reemplazante, Alejandra Monteoliva, en su paso por Rosario el viernes.
Bullrich era la garante del radical cambio de postura del Estado nacional hacia Santa Fe en materia de seguridad y justicia, después de años de darle la espalda.
A fines de 2023 y principios de 2024, las fuerzas federales y provinciales ni siquiera se hablaban por desconfianza mutua. Bullrich y el gobernador Pullaro pactaron un esquema de coordinación y complementación con el desafío, hasta aquí cumplido, de mantenerlo aislado de las astillas de la política ordinaria y las elecciones. El entendimiento dio resultados rápidos y efectivos en la provincia y ambas partes capitalizaron rédito político.
Por todo eso, en Santa Fe inquietaba la mudanza de Bullrich al Senado. El nombramiento de Monteoliva y la confirmación de continuidad de boca de la propia ministra aportaron tranquilidad.
Si 2024 se destacó por la baja abrupta de los índices de violencia, la recuperación del control de la calle y de las cárceles, el mérito de 2025 es haber sostenido esos indicadores. El eje de la etapa siguiente es la profundización de la investigación criminal, con foco en los circuitos del dinero que mueven los negocios ilegales y el inevitable reordenamiento de las organizaciones delictivas dado por las detenciones que se producen, y porque constituyen el factor de desestabilización potencial.
Financiamiento fresco
El ministro de Economía, Pablo Olivares, y parte de su equipo aterrizaron en Ezeiza poco antes del mediodía de este sábado, provenientes de Nueva York, tras haber cerrado financiamiento por 800 millones de dólares para Santa Fe. Una montaña de dinero que irá a parar a proyectos de infraestructura a gran escala que esperaban por recursos.
Para el gobierno de Maximiliano Pullaro la operación fue un éxito en todo sentido.
– Por la tasa de 8,1%, apenas unas décimas encima de la que pagará Ciudad de Buenos Aires por 600 millones y muy por debajo del 9,75 que consiguió Córdoba en junio.
– Por el monto cerrado y porque los ofrecimientos sumaron 1.800 millones de dólares.
– Y por el plazo de devolución a 9 años, uno más que CABA, con amortización de capital recién a partir de 2031.
Parece que una de las claves para que la operación resultara exitosa fue el trabajo previo que el equipo de Economía provincial hizo con operadores locales, que se comprometieron a reunir ofertas por determinado monto.
Cuando Olivares aterrizó en Nueva York el lunes pasado ya tenía bajo el brazo una oferta en firme de 350 millones de dólares de inversores locales. Según fuentes oficiales, esa plataforma de base animó a los inversores internacionales y comprometió a los colocadores (JP Morgan y Banco Santander) a traer una oferta superior a la local.
La ley autorizó al gobierno de Pullaro a tomar financiamiento por hasta 1.000 millones de dólares con dos destinos posibles: “…la ejecución de gastos de capital… y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe”. Sobre esta segunda opción, que el propio Ejecutivo incluyó en el pedido de autorización, hay una novedad relevante.
Según confió el propio ministro a Rosario3, no habrá recompra de deuda. Primero por una cuestión de conveniencia, pero además porque cancelar los últimos vencimientos de la deuda emitida en 2017 con recursos propios de la provincia y en los plazos se considera una demostración de estabilidad fiscal.
La operación de crédito que concluyó esta semana pone otro ladrillo sobre una política de Estado provincial que desde los años 90 no varió con los cambios de gobiernos. Sus pilares son mantener un nivel de endeudamiento discreto –en algunas etapas inútilmente bajo– en relación al tamaño de su economía y su capacidad de repago, y aplicarlo a gastos de capital y no a gasto corriente, sea que el financiamiento salga de organismos multilaterales, del mercado de capitales o del sistema bancario. Esa máxima, complementada con una política fiscal ordenada a lo largo del tiempo, le permitió cumplir las obligaciones a pesar de crisis atroces como 2001 o la pandemia de 2020. Este último período fue el único en el que la provincia tomó préstamos bancarios para hacer colchón más que para obra pública, aunque por montos acotados y sin consecuencias.
La toma de crédito en moneda extranjera tiene sus detractores, que contraponen la opción de echar mano a financiamiento en el mercado interno y en pesos, de modo de no quedar condicionado a las variaciones cambiarias, que pueden hacer que lo que un día es una deuda pagable, tras una devaluación o caída de la economía, se vuelva difícil de afrontar. Eso deriva en bajar el ritmo de obra pública o directamente sacrificarla, junto con otros gastos, para soportar los vencimientos en dólares.
También se escuchan objeciones sobre los niveles de tasa, que en el caso de Argentina —por lo general ubicada en la estratosfera del riesgo país— suelen ser altas. Definitivamente, 8% o más es bueno en el contexto del sector público argentino, es mucho mejor que el 9,75 de junio y el 13 de septiembre, pero en el contexto global siguen siendo tasas altas.
Quienes defienden la búsqueda en los mercados globales oponen que los que critican lo hacen porque en su momento no pudieron hacerlo o directamente no se animaron. La ventaja, sostienen con determinación, es que los plazos a los que se accede en el mercado local son muy cortos (dos o tres años) y por cifras de capital muy inferiores. Por último, si una provincia con la hoja de antecedentes de Santa Fe puede acceder a 9 años de repago, con vencimiento de amortización recién a partir del sexto año, sería una oportunidad desperdiciada para dar un salto de escala en materia de infraestructura.
A su vez, en el acceso a deuda en dólares, la conveniencia de las condiciones que ofrecen los organismos multilaterales —que Santa Fe usufructúa desde finales de los 90 en cantidad— está siempre sujeta a un proyecto específico y lleva un largo proceso de aprobación.
Por el contrario, el financiamiento del mercado de capitales tiene como única condición la conveniencia y los límites de la ley que lo autorizó. Por lo demás, la posibilidad de aplicación es inmediata a proyectos que, como los gasoductos, hoy no financia ningún organismo multilateral porque están enfocados exclusivamente en financiar energías renovables. Ese cúmulo de ventajas, se sostiene, relativiza el costo del financiamiento al que se puede acceder en función de las condiciones macroeconómicas del país.
Un debate aparte pero muy pertinente es el destino de esas obras públicas. A quiénes favorecen, a qué regiones, a qué poblaciones. Quién se beneficia cuando se pavimenta el acceso a un pueblo de mil habitantes o se construyen y amplían los accesos a los puertos agroexportadores del Gran Rosario.
En Argentina ese debate tiene un componente extra, porque en muchos casos discutimos proyectos que esperan hace décadas, lo que genera postergaciones y desigualdades territorialmente insostenibles, como pueblos sin agua potable y habitantes que pagan el gas tres o cuatro veces más caro que otros; rutas destruidas, colas de camiones en rutas y localidades bloqueadas, así como gente que pierde la vida a causa de eternas postergaciones.
La clave es el orden fiscal y no exponerse con niveles de endeudamiento que generen problemas ante cualquier estornudo de la economía. Cuando eso pasa, el deudor pierde margen de maniobra; por lo general tiene que echar mano a canjes de deuda que encarecen el pasivo, pero al menos le permiten patear los vencimientos que ahorcan la caja.
Ante esos fantasmas, el gobierno abrió el paraguas en los fundamentos del Presupuesto 2026 que tiene en tratamiento la Legislatura: “Ante eventuales observaciones vinculadas al valor del tipo de cambio adoptado (el que figura en el proyecto de Presupuesto nacional, 1.423 pesos por dólar) corresponde señalar que dicha variable tiene una incidencia directa muy acotada en las cuentas provinciales”. Y explica que un salto en el tipo de cambio “no afecta de manera significativa los recursos de origen nacional ni los ingresos propios... Su impacto directo se limita al pago de los servicios de deuda en moneda extranjera, los cuales representan 1,3% sobre la suma del total de gastos y aplicaciones financieras”.
Tanto la continuidad de un plan de seguridad que hasta aquí dio resultados, como la posibilidad de tener financiamiento duro, requirieron la sobrevida a los gobiernos de turno o la concreción de acuerdos políticos entre gobiernos de distinto signo. Cuando hay entendimiento de que determinados asuntos o áreas deben estar blindados de la corrosión diaria que provoca la disputa política, entonces las cosas pueden salir bien.
