Como una continuación de una causa judicial por estafas realizadas por un ex productor de seguros de Granadero Baigorria, una casa y una mutual ubicada en San Lorenzo al 1300, en el microcentro de Rosario, fueron allanadas este jueves por la Tropa de Operaciones Especiales. El fiscal a cargo de los procedimientos es Mariano Ríos Artacho, quien avanzó en el secuestro de documentación, dinero y dispositivos electrónicos.

No había órdenes de detención, en principio, de acuerdo a los datos a los que accedió Rosario3. Los operativos fueron hechos en la mutual “21 de Noviembre” y en el domicilio del titular de ese local, que vive en Comodoro Rivadavia al 2600.

La casa de Comodoro Rivadavia al 2600 que allanó la TOE este jueves.

La investigación cobró impulso el 9 de noviembre pasado, cuando el fiscal Ríos Artacho imputó a Carlos Dante Retamal (52 años) y Claudia Fernández (52) por maniobras realizadas por un monto estimado entre 500 mil y 600 mil dólares a las víctimas, la mayoría de ellas representadas por el abogado Gonzalo Rucci.

El fiscal afirmó que la pareja ofrecía servicios de asesoramiento contable e impositivo a través de su estudio, situado en San Martín al 2200 de Baigorria, y también seguros para vehículos o para retiro, los cuales eran fijados como plazos fijos.

“Retamal manifestaba ser productor asesor de seguros de San Cristóbal y ante tal condición ofrecía entre los servicios en el estudio integral los denominados Planes Inversores Precancelables, los cuales consistían en plazos fijos tanto en pesos como en dólares, con distintas tasas de interés”, indicó Ríos Artacho en la audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal.

En la investigación se pudo determinar que la mayoría de las víctimas eran personas “de avanzada edad” o del círculo de confianza de los imputados.

Cabe destacar que la firma San Cristóbal desvinculó a Retamal el 20 de diciembre de 2017, según precisó el fiscal durante su alocución.

Documentos exhibidos durante la imputación a la pareja de presuntos estafadores.

Para el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, Claudia Fernández tenía participación en las maniobras. De acuerdo a la evidencia, atendía a las víctimas e incluso contaba el dinero de las inversiones. 

El fiscal también destacó que los formularios que completaban los imputados “eran apócrifos”, ya que eran papeles “prediseñados, los cuales en su mayoría eran impresos en cartulina, para darles más verosimilitud. Además, se le insertaba un número de póliza que era falso, con los datos de las víctimas, la tasa nominal y el aporte, como así también agregaba el código de agente de venta, que correspondía a otra persona”.

En algunos casos, las víctimas no recibieron ningún contrato o formulación de constitución de plazo fijo, sino que les extendían un recibo con membrete del productor de seguros Carlos Dante Retamal.