La División Trata de Personas de la PDI detuvo a un hombre investigado por comercialización de drogas y por sus vínculos con dos prostíbulos céntricos donde mujeres vulnerables denunciaron haber sido explotadas sexualmente desde temprana edad. El sospechoso fue aprehendido en Alzugaray al 700, en la casa de sus padres, en la tarde del martes, y ahora quedó a disposición de la fiscal federal Soledad García, que ya imputó el mes pasado a otras dos presuntas cómplices.
La causa que sigue la fiscalía federal está vinculada con dos privados que fueron allanados el 22 de septiembre en San Martín 1439 y 1431. En esa fecha fueron detenidas dos mujeres señaladas por presuntas maniobras de acogida y explotación sexual: Verónica T., alias Jésica, y Marcela Noemí C. En uno de los antros, la Policía incautó 330 gramos de marihuana que presuntamente eran para la venta.
En el marco de la misma investigación cayó ahora detenido Giuliano Javier G., apresado en barrio Roque Sáenz Peña. Este hombre de 35 años será imputado el viernes, según adelantaron voceros judiciales. En su prontuario figura una vieja causa de drogas: una tarde de julio de 2015 esquivó un control policial al mando de un VW Vento y, tras una persecución, terminó capturado en un domicilio de Lituania al 5300, en barrio Saladillo, con medio kilo de marihuana y 35 gramos de cocaína. Tres meses antes de ese arresto, lo habían demorado por conducir una Chevrolet S10 melliza, con pedido de secuestro, en Bermúdez y Batlle y Ordóñez.
La investigación actual que se le sigue está vinculada con la trata sexual y a la venta de drogas, ya que lo sindican como proveedor de las sustancias en los prostíbulos.
Según pudo averiguar este diario, la fiscal García sigue el caso de una mujer identificada como R., quien denunció que tenía 12 años cuando fue captada en 2004 y que fue explotada hasta marzo de 2025, mes en que abandonó Rosario.
R. manifestó que, en los años de “trabajo”, debía aportar un cincuenta por ciento de lo abonado en los pases, y que los proxenetas facilitaban droga para que las chicas “trabajaran mejor”.
Los testimonios se escucharon semanas atrás, cuando fueron imputadas la apodada Jésica y su socia Marcela C. La denunciante expuso que las jóvenes eran sometidas a mecanismos de control como filmaciones y grabaciones con micrófonos instalados en el lugar.
También debían pedir permiso para salir y podían negárselo, ya que tenían que trabajar siempre que les indicaban. “La casa nunca quedaba vacía, ya que el servicio se vende como que funciona las 24 horas, los siete días de la semana”, dijo la denunciante. Agregó que, en caso de no cumplir con sus mandatos, las amenazaban con echarlas a la calle.
