El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 Federal de Rosario –integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider– condenó este jueves al narco Delfín David Zacarías y a 6 años de prisión por lavado de activos agravado.
La pena se unificó con la sentencia anterior por tráfico de drogas y sumó 19 años. El tribunal impuso una multa de 40 millones de pesos y solicitó el decomiso de bienes, entre los que se encuentran un inmueble con cocheras en Mitre 1255, un polideportivo en San Lorenzo, una flota de alrededor de 70 vehículos y lotes en Tierra de Sueños II.
En representación del Ministerio Público Fiscal, intervino en el caso el fiscal general Federico Reynares Solari.
En julio llegaron al banquillo Zacarías, su esposa Sandra Inés Marín, que recibió una sentencia de cinco años que se unificó en 18. Y sus hijos Joel Abel y Flavia Leilen Zacarías, que recibieron penas unificadas de 7 años y 6 meses y 8 años y 6 meses, respectivamente, como coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión de hechos de esa naturaleza.
Por su parte, Fernando Ermacora, Gloria Armanda Ruth y Gonzalo Román Jaime recibieron una pena de 3 años de ejecución condicional. Al juicio, en total, llegaron once personas.
Zacarías había recibido en 2018 una pena de 16 años de prisión por tráfico de estupefacientes tras ser detenido en 2013 en una “cocina” con 300 kilos de cocaína y dos mil litros de precursores químicos, en un fallo que ya fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para la acusación, ahora refrendada por el tribunal, los condenados integraron una organización criminal dedicada a introducir en el mercado legal las ganancias obtenidas por la producción y comercialización de estupefacientes.
La causa que llegó a juicio es un desprendimiento de otra de 2018 en la que Zacarías resultó condenado a 16 años de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes, junto a su esposa, a quien se le impuso una pena de 14 años. Por su parte, sus hijos Flavia y Joel recibieron una pena de 7 años de prisión, junto a otros integrantes de la organización.
La investigación recayó en la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, a cargo de Claudio Kishimoto, quien le solicitó al juez una serie de allanamientos. Así, en uno de los domicilios ubicado en la localidad de Timbúes, se detuvo al Jorge Zacarías, a quien se le secuestró una notebook. El peritaje efectuado sobre el dispositivo reveló datos de relevancia respecto de operaciones de compraventa de bienes inmuebles, que constituirían maniobras de lavado de activos de origen delictivo.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Kishimoto y su colega Franco Benetti los acusados disimularon y administraron “una gran cantidad de activos, que sólo puede justificarse a merced de su vinculación con diversos delitos precedentes”, como ser la producción y comercialización de estupefacientes. Así, introdujeron en el mercado, bienes de origen ilícito para dotarlos de legalidad.
Posteriormente, se requirió el levantamiento del secreto bancario y fiscal y, a través de diversas medidas solicitadas por la fiscalía, se logró determinó la existencia de activos por un monto aproximado de $600.000.000.
El TOF designó como administradores de los bienes tanto a la Agencia de Administración de bienes del Estado como a la Unidad de Información Financiera, que deberán presentarse a una audiencia para aceptar el cargo para actuar como administradores, como así también a efectos de especificar, una vez planificado, el destino final de estos cuando la condena adquiera firmeza.
