El corredor de granos Sebastián Grimaldi quedó imputado por defraudación y para poder seguir en libertad durante el proceso tuvo que poner una caución real (garantìa) de unos 100 mil dólares. Tampoco podrá salir de la provincia y del país, deberá presentarse cada 15 días antes las autoridades judiciales y no podrá mudarse sin autorización.

Ayer se realizó en el Centro de Justicia Penal la audiencia imputativa presidida por el juez Nicolás Foppiani, luego de que el martes la Unidad de Deltios Económicos del Ministerio Público de la Acusación allanara el domicilio de Grimaldi (en el complejo Forum, de Puerto Norte).

La audiencia de ayer arrancó con con el fiscal Mariano Ríos Artacho, a cargo de las investigaciones, dando lectura a los hechos que se le imputan a Grimaldi, y a su madre María Carmen Giesenow, directora de la firma que preside su hijo.

A ambos se lo acusan de haber defraudado al Banco Macro SA mediante la siguiente maniobra: “haber solicitado verbalmente el 26 de diciembre de 2018  a la entidad una ampliación para girar en descubierto, respaldando dicho pedido con la presentación en su cuenta corriente de diez cheques por un total de $5.023.951,08 los cuáles se acreditarían dentro de las 24 horas, ello con la finalidad de aparentar solvencia y a sabiendas de los que mismos iban a ser a la postre rechazados por falta de fondos, atento a haber sido librados por la empresa Leones Agropecuaria SRL – empresa que Sebastián Grimaldi controlaba – y endosados con firmas apócrifas a favor de Sebastián Grimaldi SA, produciendo mediante este ardid un perjuicio económico al cierre del día 3 de Enero de 2019 de $8.919.290,64 (equivalente a la suma de U$S243.696,46 conforme cotización del Banco Nación)”.

Además, el fiscal atribuye a Sebastián Grimaldi en su carácter de presidente de Sebastián Grimaldi SA, junto a su madre, haber defraudado al Cofco mediante la siguiente maniobra: “abusando de la confianza que gozaba con Martín Spino (Gerente de Originación de dicha empresa) y de la habitualidad con la que realizaban operaciones comerciales desde el año 2016, celebró en 2018 dos contratos de compra – venta de cereal, en virtud de los cuales COFCO transfirió la suma de $9.738.975,85 (noviembre de 2018) a Leones Agropecuaria SRL y $20.200.376 (enero de 2019) a Sebastian Grimaldi SA, en concepto de prefinanciación e IVA a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato, todo ello a sabiendas de que no iban a ser cumplidos, produciendo un perjuicio económico a la víctima en la suma aproximada de U$S818.015,07".

Luego de la exposición del fiscal, la defensa –a cargo de Oscar Romera- no realizó observaciones y tampoco Grimaldi hizo uso de la palabra. Artacho manifiesta haber arribado a un acuerdo con la Defensa, solicita la libertad del imputado, que estaba detenido desde el martes luego de los allanamientos a su domicilio, bajo las siguientes condiciones:

x) Presentarse quincenalmente ante las autoridades

x) Prohibición de salir del país

x) Prohibición de salir de la provincia

x) Depósito de una caución real, que fue un inmueble (departamento y cochera) de la pareja de Sebastián cuyo valor estimado está en los 100 mil dólares.

La prohibición de salir de la provincia no es un dato menor ya que de esa forma no podrá cruzarse a la isla. Y es que el empresario tenía un yate que dijo haber vendido unos días antes del default. Pero, según las pesquisas, lo sigue usando regularmente. Y es por eso que hay negociaciones para que el yate quede embargado.

La crisis

El default del grupo, que comprende el corretaje Sebastián Grimaldi SA y el acopio Leones Agropecuaria SRL, fue el primero de una tanda de caídas de operadores cerealistas en 2019, todos con base operativa en Rosario, que incluyó a Cereales del Sur, BLD, Guardati Torti y que tuvo su punto máximo en diciembre pasado con la explosión de la agroexportadora Vicentin.

En todos los casos, y más allá de las particularidades de cada uno, los productores no pudieron cobrar los granos que habían entregado atraídos por los mejores precios de venta y oportunidades de negocios que ofrecían estos “corre-acopios”.

Esas mejores condiciones comerciales las conseguían por maniobras financieras especulativas que hacían (en pesos con bonos) con el producido de la venta final de los granos que los productores le entregaron pero a los que les pagaban tiempo después.

La inesperada y muy fuerte devaluación de 2018 dejó a los operadores con pesos en las manos pero compromisos de pagos dolarizados (los granos) y por eso empezaron a caer, derrapando primero los que menos coberturas y espalda financiera tenían, como fue el caso de Grimaldi.

Las estafas 

Más allá de la crisis comercial, las investigaciones de los fiscales santafesinos se inician a partir de las denuncias formuladas por los representantes del Banco Macro y de la exportadora de granos Cofco conforme a las mismas Grimaldi, habría utilizado a las empresas “Leones Agropecuarias SRL” y “Sebastián Grimaldi SA” para realizar una serie de actividades delictivas.

Según la investigación de Ríos Artacho, las maniobras de defraudación tuvieron lugar desde el segundo semestre del año 2018 y se consolidaron en enero de 2019.

En relación al Banco Macro, entidad con la que operó por más de una década, Grimaldi pidió verbalmente en la última semana de diciembre una ampliación del giro en descubierto respalado por cheques (que al momento de cobro no tenían fondos) y que dejó un saldo deudor de $8.919.290,64 provocando un perjuicio económico a la entidad.

Con respecto a Cofco, el corredor y acopiador celebró dos contratos, a sabiendas que atento la situación económica en que se encontraba la empresa no iban a ser cumplidos, según los fiscales del MPA. En ambos contratos, Grimaldi obtuvo una prefinanación a cuenta de entregas de granos que no cumplió por unos 30 millones de pesos. Créditos que había garantizado con pagarés que entregó pero que no se pudieron ejecutar por falta de fondos.

Según la Unidad de Delitos Económicos, para la realización de estas conductas el empresario se valió de la “confianza” que generaba su apellido (devenido de la empresa “Grimaldi Grassi” de las más reconocida en el país y de la que se fue para fundar su propia firma).

Con los allanamientos de este martes, el fiscal Ríos Artacho busca documentación que sirva para presentar en la audiencia imputativa que prepara contra el cerealista.

Cruce de responsabilidades

Cuando cayó Grimaldi, el corredor responsabilizó al acopio del grupo, que era presidido por su socio en la corredora Eduardo Nannini (70%) y la contadora María de los Ángeles Cavallero (30%), quien era la socia gerente, y quien a su vez denunció penalmente a Grimaldi.

El corredor sostiene que fue el acopio el que no pagó los granos comprados a los productores ya que el corretaje fue el intermerdiario, mientras que el acopio resalta que su función era meramente administrativa ya que las estrategias, las operaciones, los cobros y los retiros los definía Sebastián Grimaldi porque el acopio era parte de un grupo empresario que él comandaba.

Procesado en Córdoba

Mientras que el acopio denunciaba en los tribunales de Córdoba y en la fiscalía de delitos económicos de Santa Fe a Sebastián Grimaldi y el corredor, por su parte, se presentaba en convocatoria de acreedores en Rosario, un grupo de productores denunció penalmente la maniobra ante el juez federal de Córdoba, Sergio Pinto de Bell Ville.

Fue así que a finales de 2020 el magistrado lo procesó a Grimaldi como “jefe y organizador” de una asociación ilícita y también se le dictó la prisión preventiva, que quedó en suspenso por la apelación de su defensa a la espera de la definición de Cámara.

El magistrado también procesó a los socios de Sebastián Grimladi Eduardo Nannini y María de los Ángeles Cavallero y a dos ejecutivos del grupo empresario Araceli Nannini y Fernando Herrera por los supuestos delitos de asociación ilícita, defraudación y apropiación indebida de tributos.

El juez Pinto concluyó que los denunciados habrían actuado en grupo, con un importante grado de permanencia en el tiempo y funcionando coordinadamente, utilizando a las empresas "Leones Agropecuaria SRL" y "Sebastián Grimaldi SA" para realizar una serie de actividades delictivas, a partir de la captación de gran volumen de cereales/oleaginosas de diversos productores y su venta inmediata a través de la empresa "Leones Agropecuaria SRL" que funcionaba como remitente comercial y con la intermediación de "Sebastián Grimaldi SA".

Ese esquema les permitía, interpretó, hacerse del dinero y desviarlo de las empresas -provocando su vaciamiento-, a la vez que también evitaban a los productores que no podían cobrar ni recuperar el cereal entregado en depósito. Para el magistrado, los imputados sustrajeron montos que debían ser ingresados a las arcas del fisco nacional en concepto de retenciones por el IVA y Ganancias, produciéndose así la apropiación indebida de tributos.