El juicio oral por una presunta violación cometida por dos policías de la provincia contra una adolescente comenzó este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. En el banquillo de los acusados están los suboficiales Lautaro Álvarez, oriundo de Fortín Olmos (departamento Vera), y Ezequiel Ricardo Puntano, ambos de 28 años, quienes llegan al debate tras permanecer detenidos con prisión preventiva por más de dos años y medio.
La causa es seguida con especial atención porque las partes sostienen posiciones completamente opuestas. Mientras la Fiscalía afirma que existe prueba suficiente para acreditar el abuso (sobre todo, el relato de la presunta víctima) y pidió una condena de 12 años de prisión, la defensa sostiene que los elementos objetivos incorporados al legajo penal desmienten la acusación y que los dos expolicías rechazaron un acuerdo abreviado porque pretenden ser absueltos.
El debate se desarrolla ante el juez Mariano Aliau. La fiscal Mariela Gusso acusó a ambos imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas y por integrantes de una fuerza policial en ocasión de sus funciones, y solicitó una pena de 12 años de prisión efectiva.
La acusación
Según la teoría del caso de la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las tres de la madrugada del 3 de marzo de 2023 sobre la ruta A012, entre Carlos Gardel y Los Nogales, en Roldán.
De acuerdo con la acusación, los policías patrullaban en un móvil oficial cuando encontraron a una adolescente caminando sola. Tras ofrecerle llevarla hasta su domicilio, desviaron el recorrido hacia la banquina, apagaron las luces del patrullero y uno de ellos pasó al asiento trasero, donde habría abusado sexualmente de la víctima utilizando la fuerza.
La Fiscalía sostiene además que la agresión se interrumpió por una comunicación radial. Después, los efectivos trasladaron a la adolescente hasta su vivienda y la amenazaron para que no relatara lo sucedido.
Por disposición judicial, los detalles del hecho y la identidad de la denunciante permanecen bajo reserva.
El penalista Martín Mazzeo sostuvo que los dos imputados "estaban haciendo su trabajo" cuando encontraron a la adolescente caminando sola de madrugada por la A012, en un sector descampado ubicado entre la autopista y la vieja ruta 9.
Según explicó, los efectivos decidieron asistirla y la trasladaron hasta su domicilio, donde la entregaron a su madre.
"La madre recibió a la menor, firmó una constancia donde dejó asentado que la había recibido y no advirtió ninguna situación extraña. Incluso los policías regresaron unos 50 minutos después porque se habían olvidado de hacerle firmar el acta, y la mujer la suscribió sin inconvenientes", afirmó Mazzeo en el programa de FM local Se presume culpable.
El defensor aseguró que la estrategia se apoyará principalmente en la prueba objetiva incorporada al expediente.
Entre los elementos que valoró como desincriminantes figura el registro satelital (GPS) del patrullero, las cámaras de vigilancia de la Guardia Urbana Roldán (GUR) y los peritajes genéticos que no detectaron ADN de ninguno de los acusados en el cuerpo de la denunciante.
Otro de los ejes de la defensa será cuestionar la consistencia de las declaraciones de la denunciante.
Mazzeo sostuvo que el relato fue modificado "cuatro o cinco veces. y que los cambios no fueron sobre aspectos secundarios, sino sobre cuestiones centrales del hecho.
"Primero señaló a otras personas. Incluso el padre y el hermano llegaron a denunciar a esos supuestos autores. Después cambió la identidad de los acusados y también los roles que les atribuyó a cada uno", afirmó el abogado.
La prolongada prisión preventiva fue motivo de reiterados reclamos por parte de los familiares de ambos imputados, quienes durante los últimos meses realizaron manifestaciones públicas para exigir que el expediente llegara a juicio oral.
Según la defensa, la Fiscalía ofreció resolver el caso mediante un procedimiento abreviado con una pena de diez años de prisión, propuesta que fue rechazada por ambos acusados.
Los familiares también denunciaron el impacto económico y personal de la prolongada detención. Ambos permanecen alojados en la cárcel de Piñero desde 2023.
En paralelo al inicio del debate, organizaciones feministas difundieron una petición en la que manifestaron su respaldo a la actuación de la Fiscalía.
"Queremos expresar nuestro acompañamiento al trabajo realizado por la Fiscalía y solicitar respetuosamente que la acusación sea sostenida con la máxima convicción, produciendo toda la prueba necesaria y requiriendo una condena que refleje la verdadera dimensión de los hechos que se juzgan", señalaron.
En el mismo documento agregaron que, si durante el juicio se acreditan los hechos, se estará "frente a una de las formas más graves de violencia que puede sufrir una mujer: la violencia sexual ejercida por quienes, lejos de protegerla, habrían utilizado el poder, la autoridad y lo. recursos que el Estado puso en sus manos para someterla y luego procurar su silencio”.
