Dos fiscales de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, secuestraron este viernes expedientes y documentos de la sede que el Ministerio de Seguridad la provincia tiene en la capital.
La información que requirieron personalmente y para resguardar e investigar presuntas irregularidades son por una licitación para la compra de armas y otra vinculada a la adquisición de motos, ambas realizadas bajo la gestión de Marcelo Sain.
Llamativamente, obtuvieron además información de gastos reservados aunque por un período más amplio y originado a partir de una denuncia del propio Sain contra sus antecesores, en particular por la defensa técnica de policías de Asuntos Internos en el Caso Casco.
En las dos primeras causas los fiscales intervienen a partir de denuncias penales de la oposición santafesina aunque, tras analizar las presentaciones, avanzaron este viernes bajo un completo hermetismo.
Según información del programa Telenoche Rosario (El Tres), el procedimiento tuvo lugar en la Dirección General de Administración y en el área de Coordinación Administración Financiera.
La causa por compra de armas se había generado por reclamos de una de las firmas interesadas en participar.
Fue en el marco del proceso de compra de 12 mil armas. La empresa Bersa cuestionó una cláusula que, a su entender, parecía beneficiar a una proveedora determinada, de origen israelí.
La cláusula en cuestión exigía que una misma firma provea todo los productos requeridos impidiendo que Bersa ofrezca solamente sus pistolas semiautomáticas.
Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que son en total tres legajos diferentes. Los fiscales avanzaron con la investigación pero por ahora no hay funcionarios imputados.
