En Rosario se da un fenómeno grave, que varios fiscales consideran "único" por su modalidad y por la violencia: balaceras como forma de amenazar, extorsionar o ajustar cuentas. Balas que, según sostienen en las investigaciones, provienen generalmente de un mercado regulado, pero casi no fiscalizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
Este martes fue detenido el dueño de la armería Carmona, ubicada en Presidente Perón y Avellaneda, por vender cartuchos y registrar las operaciones en un libro –no está digitalizado ese sistema– a nombre de legítimos usuarios de tarjetas de control consumo de municiones que, en declaraciones ante la Justicia, negaron haber hecho esas compras.
La causa expone un gris que tiene el sistema. El armero fue detenido por estar sospechado de vender municiones a personas no autorizadas y colocar los nombres de falsos compradores –delito de falsedad ideológica–. Pero no porque la Anmac haya hecho una inspección, si no porque un fiscal investigaba a una banda mixta –policías y civiles– que compraba en ese local de la zona oeste y avanzó sobre las operaciones realizadas.
De la armería Carmona se secuestró el pasado 3 de mayo el libro que debe rendir ante la Anmac, y fue el fiscal de balaceras Pablo Socca quien rastreó una por una las personas que estaban allí anotadas como compradoras e intentó verificar si efectivamente habían hecho esas adquisiciones. En dos casos se constató que no: uno que estaba de viaje esa fecha en la Costa Atlántica, y otro que a través del GPS de su celular se pudo corroborar que en ese día no pasó ni siquiera por la zona del negocio.
Fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad dan cuenta de otro grave problema que también ocurre: cuando un usuario autorizado compra un determinado números de balas en una armería y luego las comercializa al mercado negro. Ahí se trata de una ilegalidad, pero no de un delito penal. Sí puede conllevar a una falta administrativa: que revoquen la tarjeta de control de consumo al usuario.
Una situación curiosa ocurre cuando un usuario de tarjeta de control de consumo compra un importante número de municiones –según la regulación de la Anmac, puede adquirir un tope de municiones por operación, según calibre o arma– y las guarda en su domicilio. Allí sí se puede considerar un delito: acopio de municiones.
"Esto expone la laxitud en la venta de municiones. Me parece que es hora que el Estado se modernice en lo que tiene que ver al control que ejerce en la registración de municiones. Es un tema extremadamente sensible, sobre todo, en Rosario", afirmó el fiscal Pablo Socca en De 12 a 14 (El Tres).
De hecho, en la causa que investiga el fiscal contra una banda mixta fue condenado el pasado miércoles un sodero –José Andino– a cuatro años de prisión por integrar la banda, pero no por proveer balas, cuando era una de sus funciones. Andino llegó a comprar, según el expediente, 15 mil municiones en un día, aunque de todas formas no había llegado a su límite, ya que tenía registradas 36 armas de fuego.
En la causa por la que fue condenado el sodero José Andino se encuentran detenidos e imputados policías sospechados de venta ilegal de armas.
Sobre las municiones que se sospecha que vuelca la Policía al mercado negro, en marzo pasado se dispuso la compra de cartuchos con inscripciones de la fuerza de seguridad para que ante un delito se pueda detectar si la bala provino de un uniformado.
