Sandra Beatriz C., una mujer de 51 años que el martes pasado fue allanada en el marco de una investigación por homicidio y terminó presa por el hallazgo de más de dos kilos de cocaína, sumó otra causa penal. El fiscal Gastón Ávila la imputó ahora por tener retenida a una sobrina y obligarla, bajo amenazas y golpes, a vender drogas, entre otras actividades en contra de su voluntad.
La situación de vulnerabilidad de la joven de 19 años, oriunda de Laguna Paiva, quedó al descubierto el martes pasado.
Personal de la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hizo cuatro allanamientos en el complejo de viviendas de Rouillón y bulevar Seguí. El motivo: el arresto de sospechosos del crimen de Ariana Anahí Lucero, una joven de 20 años que fue atacada a tiros en Campbell al 3000 el 16 de mayo y murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) 11 días después.
Aunque el principal sospechoso de esa muerte se encuentra prófugo, Sandra C. quedó detenida ya que quedó ligada al secuestro, en un aguantadero, de 2.6 kilos de cocaína en trozos. Por ello, quedó a disposición de la Justicia Federal.
Además, en el departamento desocupado de Juan XXIII entre Aguzzi y Rouillón, los agentes de AIC reportaron el hallazgo de 17 vainas calibre 380, siete microchips de teléfonos celulares, una tarjeta SD, tres llaves de autos, dos DNI, dos tarjetas verdes de distintos vehículos y un handy.
Junto a Sandra C. los detectives encontraron a AP, una chica de 19 años que al ser entrevistada por la Fiscalía relató los tormentos a los que era sometida en un contexto de coacción y venta de drogas.
Por ello Ávila acusó este lunes a Sandra C., quien dijo ser quiosquera, por los delitos de privación de la libertad coactiva en concurso real con coacción.
“Al menos desde el 15 de julio de 2022 hasta el 2 de agosto Sandra C. retuvo contra su voluntad a su sobrina mediante violencia física y amenazas reiteradas y constantes con el fin de obligarla a hacer cosas contra su voluntad, entre ellas, vender estupefacientes. A los fines de efectivizar esa privación de libertad y retenerla bajo su poder, en diferentes oportunidades la golpeó, le lanzó agua hirviendo, la cortó con cuchillos, la amenazó de muerte, le quitó el teléfono celular para impedirle el contacto con el exterior y le quitó las llaves de la vivienda”, señaló la acusación.
“Mirame, te lo juro por mis hijos que te voy a desfigurar la cara a trompadas, te agarro con una cuchilla”, fue una de las amenazas que citó la Fiscalía.
La jueza Luciana Prunotto, en tanto, resolvió y dictó la prisión preventiva de Sandra C. por 90 días, mientras continúa la investigación.
Como botón de muestra de la dinámica violenta de la venta de drogas en la ciudad, lejos de apaciguar ese convulsionado sector, la detención de Sandra C. abrió la puerta a más violencia. El sábado por la noche, desconocidos balearon la casa donde fue detenida la mujer, en Seguí al 5900: fueron 11 disparos contra la fachada.
