El futbolista Jonatan Gómez recurrió la decisión del fiscal Aquiles Balbis de archivar la denuncia por presunta extorsión vinculada a una deuda que el jugador atribuye al juego clandestino. Paul Krupnick, abogado de Gómez, cuestionó con dureza la investigación, aseguró que quedaron medidas de prueba básicas sin realizar y sostuvo que el expediente todavía puede ser revisado por instancias superiores del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Krupnick explicó que la resolución ya fue recurrida ante el fiscal regional, Carlos Merlo, y que, eventualmente, la discusión puede llegar hasta la Fiscalía General de la provincia. “El tema está lejos de estar agotado”, afirmó.
Balbis, fiscal del MPA de San Lorenzo, desestimó la denuncia al considerar que no había elementos suficientemente serios para sostener que Gómez hubiese sido obligado mediante amenazas o coacciones a firmar cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares.
Entre otros argumentos, la Fiscalía tuvo en cuenta el análisis de antenas telefónicas: según esa prueba, el teléfono atribuido a uno de los denunciados no salió de Rosario el 29 de octubre, jornada en la que Gómez había ubicado uno de los episodios ocurridos en Junín. También valoró conversaciones de WhatsApp que mostraban un vínculo previo y contactos frecuentes entre el futbolista y algunos de los denunciados.
La denuncia de Gómez había planteado que todo comenzó con una deuda generada mediante apuestas en una plataforma de casino online presuntamente ilegal y que posteriormente fue sometido a intimidaciones para reconocer una deuda mucho mayor y firmar los pagarés. La investigación por el presunto funcionamiento del juego clandestino continúa por otra vía.
Krupnick sostuvo en Radio 2 que había advertido desde el comienzo una “reticencia” para investigar el episodio y aseguró que incluso habían pedido el apartamiento de Balbis.
Según el abogado, faltaron medidas que considera elementales. Entre ellas mencionó el secuestro temprano de celulares y otros dispositivos electrónicos de las personas involucradas, cuando la investigación todavía permanecía reservada. “Es una medida prácticamente de rutina en cualquier investigación”, señaló.
También cuestionó que no se haya citado a declarar a la escribana ante la cual terminaron certificándose los pagarés. Krupnick afirmó que, de acuerdo con la información que maneja, en una primera oportunidad la profesional se habría negado a certificar las firmas porque los documentos estaban en blanco. Además, remarcó que el propio Gómez tampoco fue convocado por Balbis para brindar declaración en el marco de la pesquisa.
La discusión por los teléfonos
Sobre el dato utilizado por la Fiscalía respecto de que los teléfonos de dos denunciados no registraron movimientos hacia Junín en la fecha señalada, Krupnick consideró insuficiente esa prueba para descartar el relato de Gómez.
El abogado planteó que podrían haberse estudiado días anteriores y posteriores y también los registros de comunicaciones entre las distintas líneas involucradas. Según afirmó, esa medida tampoco fue solicitada.
Para Krupnick, tampoco resulta decisivo que existiera previamente una relación amistosa o de confianza entre Gómez y algunas de las personas denunciadas. A su entender, una eventual coacción no requiere necesariamente violencia física directa.
“El fiscal muere en la literalidad de querer que sea arrastrado a punta de pistola a la escribanía o a los golpes”, cuestionó, y sostuvo que las amenazas pueden adquirir formas “mucho más progresivas y sutiles”.
El abogado también puso el foco en el origen de los pagarés. Señaló que uno de sus beneficiarios tendría una situación fiscal que, según su interpretación, no permitiría explicar razonablemente la disponibilidad de más de medio millón de dólares para realizar un préstamo de esas características.
La defensa sostiene que precisamente allí aparece como hipótesis el vínculo con el juego clandestino. Krupnick cuestionó que la resolución admita como una posibilidad que el dinero proviniera simplemente de un préstamo sin, según su postura, profundizar sobre su origen.
Antes del archivo, el expediente atravesó otra discusión judicial. Balbis había considerado que el caso debía investigarse en la provincia de Buenos Aires debido a que parte de los episodios denunciados habían ocurrido en Junín.
Sin embargo, primero la jueza Griselda Strólogo y luego el camarista Ismael Manfrín determinaron que la investigación debía continuar en la jurisdicción de San Lorenzo, debido a su conexión con los hechos vinculados al presunto juego clandestino y a que los pagarés terminaron siendo ejecutados judicialmente allí.
Krupnick recordó este antecedente para reforzar sus críticas al trabajo del fiscal y sostuvo que durante buena parte de los últimos meses Balbis concentró sus esfuerzos en discutir la competencia territorial.
