A más de tres años del hecho, este lunes comenzó el juicio oral contra Fabricio Cortez, el efectivo de Gendarmería Nacional acusado de haber matado de un disparo a Marcelo Alejandro Flores, un hombre que intentaba robar cables del tendido eléctrico en Medrano al 2300, en la zona norte de Rosario.
El debate se desarrolla en la sala 9 del Centro de Justicia Penal ante un tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Paula Álvarez y Valeria Pedrana. El fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, sostiene la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y solicitó una pena de 12 años de prisión.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 5 de abril de 2023, alrededor de las 20.20. Marcelo Flores y otro hombre recorrían el barrio recolectando cartones y restos de comida cuando intentaron desprender un cable del tendido eléctrico que ya se encontraba cortado, con fines de robo.
La maniobra fue advertida por Cortez, que se encontraba en su domicilio, vestido de civil. El gendarme llamó al 911 para denunciar el intento de robo y, segundos después, salió a la vereda con su pistola reglamentaria Pietro Beretta calibre 9 milímetros.
De acuerdo con la acusación, al advertir la presencia del uniformado, el acompañante de Flores escapó por Baigorria hacia el sur, mientras que la víctima intentó huir hacia Gallo. En ese momento, sostiene la Fiscalía, Cortez comenzó a perseguirlo apuntándolo con el arma hasta que efectuó un disparo que impactó en el cuello de Flores.
Siempre según la reconstrucción fiscal, el hombre herido alcanzó a correr algunos metros, regresó por Medrano y dobló por Baigorria, donde finalmente cayó frente al 1500 de esa calle. Allí Cortez lo redujo colocándole los brazos detrás de la espalda y luego llamó a una ambulancia. Cuando llegó el personal médico, Flores ya había fallecido.
La investigación tuvo inicialmente otra hipótesis impulsada por la entonces fiscal Gisela Paolicelli, hoy fallecida, quien en una etapa preliminar había sostenido una secuencia distinta respecto de la mecánica del disparo. Esa reconstrucción fue luego descartada y el caso quedó en manos de la ex fiscal María de los Ángeles Granato. En la actualidad, la acusación es sostenida por el fiscal Ferlazzo.
"Fabricio actuó como correspondía"
La defensa, encabezada por el abogado Carlos Varela, pidió la absolución del gendarme al sostener que actuó en legítima defensa. De manera subsidiaria, planteó que, si el tribunal no compartiera esa postura, el caso debería encuadrarse como un exceso en la legítima defensa.
"No venimos a poner en cuestionamiento la realidad del señor Flores hasta el momento de su muerte. Eso tendrá que ver más con cuestiones sociológicas, psicológicas e incluso socioeconómicas que tienen que ver como efecto de cuestiones políticas. Lo que venimos a decir es que Fabricio actuó como correspondía. Intervino en un suceso delictual en el despliegue conductal que estaban realizando Flores y sus amigos, que tiene que ver con una infracción a los delitos contra la propiedad", sostuvo Varela durante su alegato de apertura.
El penalista añadió que "va a quedar demostrado que, dadas las razones geográficas y horarias, fue razonable su actuación".
Respecto del comportamiento de su defendido después del disparo, Varela afirmó: "El señor Cortez no fue mendaz, no es mendaz y no será mendaz, demostrando permanentemente un espíritu colaborativo para que la verdad aflore. No solo con su discurso lo hizo, lo hizo con actos: llamó al 911 con anterioridad y va a quedar demostrado que salió a confrontar para evitar la comisión de un hecho ilícito. Llamó al 911 después para solicitar una ambulancia, habiendo advertido que el señor Flores estaba herido".
También cuestionó el testimonio del único acompañante de la víctima que pudo ser identificado por los investigadores. "Va a quedar evidenciado que la versión del compañero que venía delinquiendo con Flores –el único que ha sido hallado– es la persona que pretendió ingresar datos falsos a la presente carpeta judicial", manifestó.
Al cerrar su exposición, el defensor insistió en que "todo eso va a determinar que la conducta desplegada por Fabricio quede atrapada en el artículo 34 del Código Penal y, por lo tanto, no sea punible. En el peor de los escenarios, no podrá irse más allá de entender que la conducta de Fabricio puede haber quedado en un exceso".
Cortez permanece detenido desde 2023. En paralelo al proceso judicial, su situación generó una fuerte repercusión en su provincia natal, San Juan, donde familiares, amigos y allegados realizaron distintas movilizaciones reclamando su libertad y sosteniendo que actuó en legítima defensa.
