Un tribunal condenó este miércoles a 33 años de prisión al narco de barrio Ludueña Jonatan Ezequiel “Peco” Almada por un cúmulo de causas penales que van desde organizar una banda criminal a hechos de intimidaciones, balaceras y hasta haber pergeñado una repartija de panfletos con amenazas a fiscales.
El veredicto de los jueces Fernando Sosa, Agustín Valdés Tietjen y Mariano Aliau le puso fin, al menos en primera instancia, a un dilatado proceso penal que incluyó el frustrado comienzo del juicio oral a fines de julio, debate que quedó trunco por el apartamiento de una jueza.
Almada, de 34 años, había sido detenido en agosto de 2022, a pedido del fiscal Pablo Socca, en medio de una ola de violencia en la zona noroeste de Rosario. Allí, en los sectores más postergados de Ludueña, Empalme Graneros e Industrial, su grupo protagonizó incontables balaceras y hechos de violencia contra vecinos y la gavilla del narco Francisco Riquelme, otro nombre vinculado a la narcocriminalidad en la ciudad.
En 2021, Almada, un transa barrial hijo de un policía retirado, trabó una alianza con internos de la cárcel de Piñero que tributaban a la marca Los Monos. Sus socios eran Andy Benítez y Julián Aguirre, dos ignotos tiratiros que al caer presos se asociaron con el narco de Tablada Matías “Pino” César, un hombre de Los Monos. Allí surgió el acuerdo criminal para “copar Ludueña”, dice la causa.
De acuerdo con la investigación del fiscal Socca, Almada actuó como organizador de esa estructura criminal ideada por Matías César, que planificó una avanzada sobre la zona noroeste para controlar el narcomenudeo, aprovechando el descontrol carcelario que le permitía mantener contacto con el exterior de forma permanente.
Para ello designó como “jefes” a dos presos que conocían bien Ludueña: Andy Benítez y Julián Aguirre, encarcelados por robos y balaceras. Ambos sumarían penas de 20 años de prisión por su rol en esta estructura y encarnan una nueva camada de delincuentes rosarinos que hicieron carrera desde el encierro, transformándose en cabecillas de bandas de bajo nivel organizativo, pero con poder de fuego y una provisión constante de tiratiros descartables.
En la calle, además, este grupo contaba con complicidad de personal policial o contactos con pasado en la fuerza: el padre de Almada, la agente Analía Francia (madre de un tiratiros de la banda) y el ex policía José Protti, todos condenados. También, dos efectivos del Comando Radioeléctrico fueron sentenciados por coimear y dejar circular a Almada aun con pedido de captura.
La banda que integraba Almada se enfrentó con la que respondía a Francisco Riquelme –otro preso, apadrinado por el capo narco Esteban Alvarado– y dejó una estela de sangre en la zona noroeste. Solo en los primeros seis meses de 2022 se registraron en esos barrios 29 homicidios.
Almada, según la acusación, comandaba las operaciones en la calle junto con su socio Mauro Gerez, quien ya fue condenado a nueve años de prisión. Para la Fiscalía, Gerez era el “jefe de sicarios”, encargado de reclutar gatilleros, incluso menores de edad.
Otra figura central de la banda fue Cristian Fernández, alias Larva, quien murió acribillado en abril de 2022, en plena guerra con los pandilleros de Riquelme. Nunca llegó a escuchar los cargos en su contra.
Cuatro años atrás, el fiscal Socca lamentaba en Radio 2 el contexto que propicia la reproducción de estas organizaciones. “Las detenciones que hacemos, el trabajo que hacemos con tanto esfuerzo, creo que no sirven de mucho. Sí creo que se debilita la banda, se le quitan recursos y gente de confianza de la calle. Pero ayer metí presas a casi 30 personas. Hoy ya hay 30 pibes llevando su currículum a Mauro Gerez para entrar a la banda, deseosos de ser narcos”, dijo tras uno de los tantos allanamientos.
En el juicio la acusación estuvo a cargo de los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone. Además de la condena como organizador de la asociación ilícita, Almada fue juzgado por un hecho de mayo de 2022, cuando logró se apropió de un Fiesta One Max gris y 100 mil pesos de un vecino que firmó el formulario 08 bajo amenazas. El vehículo y su correspondiente llave fueron hallados en el domicilio familiar de Almada, en French al 1300.
Peco Almada también fue hallado responsable de un ataque a tiros ocurrido el 1º de agosto de 2022 contra una vivienda de San Lorenzo y Felipe Moré. El fiscal afirmó que proveyó el auto al gatillero, supervisó la realización y ordenó el lugar en el que debían esconder las armas utilizadas.
También, como artífice de una repartija de panfletos anónimos que buscaron intimidar al Ministerio Público de la Acusación, papeles que fueron arrojados en distintos puntos de Rosario el 31 de agosto, 1º y 2 de septiembre de 2022.
Y por el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros, con cargadores y cartuchos del mismo calibre, en el allanamiento que se hizo en su casa de French al 1300, donde también se incautó una máquina de contar billetes y un cuaderno con anotaciones relacionadas a la venta de droga.
En el juicio, terminó absuelto de un hecho grave: el ataque a un vecino que había denunciado ante la Policía un búnker que regenteaban sobre la zona de Solís al 300. El domicilio del hombre, ubicado en Solís al 300, llegó a ser baleado tres veces en diez días, y en una de esas balaceras sufrió heridas graves.
Su frente penal no terminó con este abultado veredicto: aún debe rendir cuentas como acusado del homicidio de Mauro Fleita, un joven acribillado por error en mayo de 2022 cuando la gente de Almada lo confundió con un tiratiros de la banda de Riquelme.
El intento previo de juzgar a Almada estuvo teñido de escándalo. El debate había comenzado el 20 de julio y a la semana siguiente, tras siete jornadas de debate, se anuló. Fue porque Lorena Aronne, una de las tres integrantes de ese tribunal, se inhibió de seguir interviniendo porque la defensa adelantó que la iba a recusar: el motivo fue que ella había homologado un procedimiento abreviado a uno de los 35 condenados en el legajo penal de asociación ilícita.
Además, el debate que terminó con la condena de Almada dejó tela para cortar: una mujer que estaba por declarar en el juicio sufrió una balacera y graves amenazas por gente del entorno de Mauro Gerez, el socio de Almada. Por esos hechos, el mes pasado fueron imputadas seis personas.
