Dos de los responsables comerciales de la agencia MotorSport, cuyo local funcionó en San Martín al 2600 de Rosario, fueron llevados a audiencia imputativa este viernes por 69 casos de estafas. Juan Gabriel Alegre (36) y Eduardo Atilio Escarcelo (40) quedaron en prisión preventiva efectiva por seis meses, mientras que el fiscal Iván Enríquez continúa recolectando pruebas para acusarlos por más hechos, que se estima que pueden ser hasta 120.

Ante la jueza María de los Ángeles Granato, el fiscal afirmó que los dos socios de MotorSport usaron la estructura comercial para montar un ardid y engaño sistemático, que comenzó a quedar en evidencia desde comienzos de este año, aunque el aluvión de denuncias en su contra tuvo su pico en agosto pasado.

Enríquez aseveró que el local estafó a través de distintas maniobras. Una de ellas era ofrecer autos usados o cero kilómetro a precios competitivos, con facilidades de pago, pero luego no entregaba las unidades. En esas operaciones recibían dinero en efectivo –pesos o dólares–, transferencias y también vehículos como parte de pago.

El local de San Martín al 2600 quedó completamente vacío. (Foto: Alan Monzón)
El local de San Martín al 2600 quedó completamente vacío. (Foto: Alan Monzón)

Hubo otro grupo de clientes que dejó su vehículo en consignación para la venta. Desde el negocio se les avisó que el rodado había sido comercializado, los hizo firmar los papeles correspondientes, pero nunca entregó la plata.

   

Una información que sobrevoló en la audiencia fue que los problemas económicos y financieros de MotorSport surgieron o se profundizaron a partir de que uno de los imputados “jugó” dinero de los clientes en el casino. “Tiene esta problemática. La pareja de esta persona incluso emitió un pedido al casino para que le prohíban la entrada”, explicó en De 12 a 14 (El Tres) la abogada Carolina Prata Escobar, que representa a personas damnificadas.

Por su parte, el Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Rosario rechazó el concurso preventivo que había sido solicitado por Alegre y Escarcelo, donde se fijó la cesación de pagos al 4 de junio pasado.