Dos efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron en prisión preventiva sin plazo tras ser imputados por haber filtrado información vinculada con una redada antidrogas realizada el pasado 29 de mayo en los barrios Cooperación y Belgrano de Avellaneda, en el norte de Santa Fe. Según la Fiscalía, la maniobra frustró gran parte de los 18 allanamientos previstos y permitió que los investigados ocultaran droga y otros elementos de interés para la causa.
Los imputados son Estefanía Oviedo y Ariel Sena, acusados de encubrimiento agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La medida cautelar fue dispuesta por el juez Mauricio Martelossi, tal como habían solicitado los fiscales.
La audiencia fue solicitada por el fiscal de Reconquista Sebastián Galleano, con la asistencia del jefe de la Unidad Fiscal de Microtráfico, Franco Carbone, y del fiscal Diego Vigo.
"El resultado de estos allanamientos se vio frustrado", resumió Galleano al explicar el origen de la investigación. Según indicó, de los 18 objetivos allanados apenas se obtuvieron resultados incriminantes en dos de ellos, una circunstancia que despertó sospechas sobre una posible filtración.
La pesquisa comenzó a tomar forma a partir de una denuncia radicada en un Centro Territorial de Denuncias. Desde allí, fiscales y personal de Asuntos Internos reconstruyeron una trama que incluyó análisis de líneas telefónicas, capturas de pantalla, entrevistas a testigos y cruces de información que terminaron vinculando a los dos agentes con la maniobra.
"Con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso, pudimos vincularlos a los hechos investigados", sostuvo Galleano. El magistrado coincidió con esa valoración y tuvo por acreditada la probable participación de ambos imputados.
Uno de los episodios más llamativos surgió de una escuela primaria de Avellaneda. Según relató Carbone, una vicedirectora informó que una alumna de sexto grado le había contado que llevaba marihuana y una balanza de precisión porque su madre le había ordenado esconder esos elementos ya que "iba a haber allanamientos" en su vivienda.
"El colmo fue una niña de sexto grado que llegó a la escuela con una balanza y con papelillos y bolsitas de droga donde la madre le había dicho que se lleve todo eso porque iban a haber allanamientos y ya estaba avisada", le dijo Carbone al juez.
Esa situación se sumó a otras alertas recibidas a través de llamados al 911 y denuncias realizadas en el Centro Territorial de Denuncias.
"Fueron un conjunto de evidencias las que llevamos al juez. Apenas pasó todo esto en Avellaneda empezamos a trabajar para determinar quiénes habían filtrado la información", explicó el jefe de Microtráfico.
Durante la conferencia de prensa, Carbone fue tajante al describir la conducta atribuida a los policías.
"Es un escándalo y de una gravedad institucional inusitada", afirmó. Según sostuvo, la Fiscalía logró demostrar que el pobre resultado de los allanamientos fue consecuencia directa de la filtración atribuida a Oviedo y Sena.
El funcionario recordó además que el operativo estuvo atravesado por una tragedia. Mientras se dirigían a colaborar con los procedimientos, la jefa de Microtráfico Milena Martinuzzi y el jefe operativo Pablo Adrián Mansilla murieron en un choque contra un camión sobre la ruta 98.
"Más de cien efectivos participaron de este allanamiento simultáneo histórico en Avellaneda y lamentablemente fallecieron dos empleados policiales", remarcó Carbone.
Otro de los aspectos destacados por los fiscales fue que, según la investigación, los imputados intentaron desviar la pesquisa y atribuir la responsabilidad de la filtración a otros policías.
"Después de filtrar todo esto quisieron inculpar a un montón de otras personas, jefes de Policía de Investigaciones, compañeros de ellos. Nos quisieron hacer creer que esto era de una determinada manera", afirmó Carbone.
El fiscal sostuvo incluso que estuvieron cerca de cometer errores judiciales por la información falsa que los sospechosos introducían en la investigación.
"Estuvimos a punto de cometer errores judiciales en cabeza de la Fiscalía por culpa de estas dos personas", agregó.
Los investigadores no descartan que existan más involucrados.
"Entendemos que esto es la punta del iceberg", señaló Diego Vigo, quien destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ministerio Público de la Acusación para detectar rápidamente la filtración.
Según explicó, mientras los allanamientos todavía estaban en marcha comenzaron a aparecer señales de alerta provenientes de denuncias al 911 y otros canales de información ciudadana.
Por su parte, Galleano fue prudente al ser consultado sobre posibles nuevas detenciones, aunque admitió que existen indicios sobre terceras personas vinculadas a la maniobra.
"Hay terceras personas que estarían involucradas y hay que desplegar una investigación que nos permita reunir elementos de convicción para traerlas al proceso", afirmó.
La investigación avanzó a velocidad inusual. Según explicó Carbone, Oviedo apareció mencionada con nombre y apellido en las primeras informaciones recibidas durante los allanamientos. A partir de allí se analizaron redes sociales, denuncias anónimas, testimonios y teléfonos celulares.
"El viernes ya teníamos elementos para detenerla. Después analizamos los teléfonos durante varios días y allí vimos el vínculo que tenía con Ariel Sena", relató.
