La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó este miércoles, por mayoría, las condenas impuestas al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al ex empleado judicial Nelson Ugolini por la causa que investigó una estructura destinada a brindar cobertura al juego clandestino y recaudar sobornos del empresario del rubro Leonardo Peiti, quien ya había sido condenado mediante un juicio abreviado.
La resolución fue firmada por los camaristas Javier Beltramone, Carolina Hernández e Ismael Manfrín.
Hernández y Manfrín coincidieron en confirmar la sentencia de primera instancia, mientras que Beltramone emitió un extenso voto en disidencia.
El tribunal resolvió por unanimidad rechazar los planteos de nulidad formulados por las defensas y confirmó las condenas de Serjal por cohecho pasivo agravado y peculado de servicios, y la de Ugolini por cohecho pasivo simple.
Asimismo, por mayoría, ratificó las condenas de ambos por el delito de asociación ilícita, confirmó los montos de las penas y mantuvo las prisiones preventivas de los dos condenados hasta que el fallo quede firme. También dispuso mantener el resto de las decisiones adoptadas por el tribunal de primera instancia.
Beltramone propuso hacer lugar parcialmente a los recursos de las defensas al considerar que no correspondía sostener las condenas por asociación ilícita.
En su voto, planteó absolver a Serjal –condenado como organizador– y a Ugolini –condenado como miembro– de ese delito por aplicación del beneficio de la duda.
Al mismo tiempo, entendió que debían confirmarse las responsabilidades penales de Serjal únicamente por cohecho pasivo agravado y peculado de servicios, y la de Ugolini por cohecho pasivo simple.
En función de ese criterio, propuso reducir la pena de Serjal de nueve años a cuatro años y seis meses de prisión efectiva, mientras que la de Ugolini debía pasar de cinco años a tres años y dos meses.
El camarista también sostuvo que debía revocarse la prisión preventiva de ambos y reemplazarla por medidas alternativas, entre ellas la constitución de domicilio, la prohibición de salir del país, una fianza de cinco millones de pesos y presentaciones quincenales ante la Oficina de Gestión Judicial hasta que la sentencia quede firme.
La sentencia revisada había sido dictada el 7 de noviembre de 2025 por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese.
En esa oportunidad, Serjal fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al ser hallado culpable de asociación ilícita como organizador, cohecho pasivo agravado, peculado de servicios, falsedad ideológica y omisión de persecución. Ugolini recibió una pena de cinco años de prisión como integrante de la organización.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Serjal brindó cobertura institucional a una organización dedicada al juego clandestino encabezada por Leonardo Peiti, quien admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y declaró como arrepentido.
La investigación continúa abierta respecto de otros presuntos integrantes de la estructura. En junio de este año fueron imputados Marcelo Scataglini, José Fernández Chemes, Oscar Larrauri, Fernando Moschini, Aníbal Porri y Alberto Tortajada, este último fallecido recientemente.
La integración de la Cámara también estuvo atravesada por una controversia. Antes del inicio de la revisión de la sentencia, los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina recusaron a Beltramone por presuntos vínculos con el abogado Fernando Moschini, uno de los imputados en la investigación. Ese planteo llegó este mes a la Corte Suprema de Santa Fe, aunque el magistrado integró igualmente el tribunal y fue el autor del voto en disidencia.
Serjal y Ugolini están señalados como parte de una red –la “pata judicial”– que protegió y usufructuó la recaudación del juego clandestino en la provincia. Entre los ya condenados en la causa –en procedimientos abreviados– figuran Peiti, el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes declararon como arrepentidos e involucraron a Serjal, y el comisario retirado Alejandro Torrisi.
