R. L., el portero del jardín de infantes Nº 261 de barrio Empalme Graneros, quedó en prisión preventiva por 90 días luego de ser imputado este miércoles en una audiencia que se desarrolló sin acceso para la prensa. La medida fue dispuesta por el juez Rafael Coria a pedido de la fiscal Antonela Valente, quien investiga una serie de denuncias por presuntos delitos contra la integridad sexual de menores que asisten a la institución.
La causa se inició tras la detención del empleado el pasado 10 de junio. Aquella mañana, frente al establecimiento educativo, se registraron momentos de extrema tensión cuando un grupo de madres y familiares se concentró en el lugar y protagonizó incidentes en medio de reclamos para linchar al portero. La situación obligó a desplegar un importante operativo policial para evitar agresiones y contener a los manifestantes, que buscaban hacer justicia por mano propia y agredir también al personal docente.
Días después, y ante la conmoción generada por el caso, el Ministerio de Educación dispuso la intervención del jardín y resolvió reemplazar a todo el personal de la institución, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.
En el plano judicial, la audiencia imputativa se realizó bajo reserva. Al término, Valente brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que se atribuyeron tres hechos distintos vinculados a tres menores, aunque evitó precisar las calificaciones legales concretas.
"En el día de la fecha se imputaron tres hechos distintos en el marco de tres investigaciones. Quiero aclarar que hay más denuncias, pero dado que tuvimos tres días hábiles se imputaron estos hechos y se siguen investigando muchos más. Hay más de 11 denuncias", señaló la fiscal.
Según explicó, la decisión de solicitar la prisión preventiva estuvo vinculada al avance de la investigación y a la existencia de múltiples denuncias en análisis. "Lo que el doctor Rafael Coria dispuso es la prisión preventiva para el imputado por el plazo de 90 días y, en caso de que Fiscalía avance y esta causa se presente requerimiento acusatorio, es decir, culmine la investigación y pida que la causa sea elevada a juicio, se prorrogue la prisión preventiva mucho más", indicó.
Valente sostuvo que, pese a la corta edad de las presuntas víctimas, se implementó un dispositivo especial para recibir los testimonios. Según explicó, las entrevistas se realizaron en la Comisaría de la Mujer con la participación de psicólogas especializadas y en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.
"Los niños contaron sus primeras palabras en sede de la Comisaría de la Mujer con un equipo de psicólogas especialistas", afirmó. Consultada sobre la consistencia de esos relatos, agregó: "La realidad es que sí coincidían y sí nos dieron un montón de pautas. Aquí lo que se exige es un grado de probabilidad y eso estuvo cumplimentado, y así lo entendió el juez".
La fiscal también señaló que los relatos incorporados a la investigación permitieron reconstruir aspectos de la dinámica cotidiana dentro del establecimiento. Sin brindar detalles por tratarse de menores de edad, indicó que los niños mencionaron los mismos espacios físicos del jardín como escenarios de los hechos denunciados.
La funcionaria confirmó además que el sospechoso se desempeñaba formalmente como portero del establecimiento, según la documentación remitida por el Ministerio de Educación.
Durante la audiencia, el imputado hizo uso de la palabra y rechazó las acusaciones. "Simplemente negó los hechos", resumió la fiscal, quien evitó brindar mayores precisiones sobre su descargo por tratarse de aspectos ventilados durante la audiencia.
R. L. fue asistido por la defensa pública y no por un abogado particular. De acuerdo con Valente, no registra antecedentes penales, aunque sí existían reclamos administrativos previos formulados por padres ante la institución por conductas que atribuían al empleado en relación con alumnos.
Respecto de las imputaciones formalizadas, la fiscal sólo precisó que corresponden al capítulo de delitos contra la integridad sexual y que las escalas penales previstas para los hechos atribuidos van de tres a diez años de prisión efectiva.
