Un hombre de 41 años, que se desempeñaba como policía de Santa Fe, quedó en prisión preventiva por delitos contra la integridad sexual de cuatro niños y tres niñas de su entorno familiar en la ciudad de Santa Fe.
La medida cautelar fue impuesta por el juez Nicolás Falkenberg a raíz del pedido realizado por la fiscal Vivian Galeano y el fiscal Ezequiel Hernández en una audiencia llevada a cabo ayer por la tarde en los tribunales de la capital provincial, dijeron los voceros judiciales.
Según informó en De 12 a 14 (El Tres) la periodista Viviana Fux desde Santa Fe, el policía RML cumplía funciones como guardia de los Tribunales de Santa Fe. Desde enero, cuando surgió la investigación en su contra por abuso sexual reiterado, se encontraba en disponibilidad y hasta hace unos días cumplía “tareas diferentes” y había dejado de portar el arma reglamentaria. En forma insólita, entre esas tareas asignadas estaba la de acompañar a padres de niños que prestaban declaración en Cámara Gesell.
La fiscal Galeano le atribuyó siete hechos de abuso sexual en perjuicio de sobrinos, presuntamente cometidos entre 1996 y 2013. “No eran abusos con el ejercicio de violencia, sino con manipulación, de la confusión, del regalo de juguetes, sacarlos a pasear. Eran niños vulnerables que accedían y no tenían manera de defenderse”, dijo la funcionaria.
En enero se radicó una denuncia de una de las sobrinas que generó una cadena de develamientos.
Fue por una situación ajena al abuso sexual padecido, sino por conflictos familiares que terminaron desencadenando que contaran las situaciones. La denunciante mencionó a sus hermanos. “Son chicos que no tuvieron tratamiento psicológico, que padecieron secuelas –intentos de suicidio, drogadicción, alcoholismo–, lo que notablemente afecta la capacidad de recordar, asimilar y poner en palabras lo que les pasó”.
“En el último hecho, coincidiría con el ingreso a la fuerza, pero aún no lo ejercía”, dijo la fiscal.
La defensa del imputado planteó que los ilícitos estaban prescriptos por el paso del tiempo. Sin embargo, el juez tomó uno de los hechos y entendió que, al momento de su comisión, se dictó la denominada ley Piazza, que habilita a las personas que fueron víctimas de este tipo de delitos cuando eran menores de edad a denunciar cuando son mayores, explicó la representante del MPA.
Galeano puntualizó que el magistrado entendió que ese hecho que analizó no estaría prescripto, razón por la cual hay un hecho subsistente. En tal sentido, agregó que, a partir de ese fundamento, el magistrado consideró que podía analizar el objeto de la audiencia de ayer, que era la imputación del detenido y el pedido de prisión preventiva.
“Finalmente, el magistrado consideró que estaban dados los requisitos para imponer la prisión preventiva tal como lo solicitamos desde la Fiscalía”, valoró la fiscal Galeano.
“Los delitos que investigamos fueron cometidos desde mediados de la década del 90 y hasta 2013”, precisó la fiscal y aclaró que “algunas de las víctimas fueron abusadas desde que eran muy pequeñas, en reiteradas oportunidades y durante años”.
Galeano planteó que los ilícitos fueron cometidos en “un contexto familiar complejo” y detalló que las víctimas son hermanos y que el imputado utilizó distintas estrategias de manipulación para generarles confusión, culpabilización y autoresponsabilización.
“Los cuatro niños y las tres niñas hoy ya son adultos y adultas. Sin embargo, sufrieron una gran afectación emocional”, subrayó Galeano. “La mayoría de ellos ya declararon y, a pesar de que ya son mayores de edad, les costó muchísimo poder hablar e incluso poner en palabras las pretensiones que tenían”.
Galeano hizo hincapié en que, al momento de argumentar por qué entendían que el imputado debía quedar en prisión preventiva, entre otros motivos, refirieron a su función de policía asignado a los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La fiscal remarcó que, por sus funciones, podría tener contacto con niños, niñas y adolescentes cuando, por ejemplo, se realiza una entrevista en Cámara Gesell.
La fiscal del MPA también sostuvo que podría haber más víctimas y dijo que se está analizando información de lo que se pudo secuestrar en un allanamiento que se hizo en la casa del imputado.
La fiscal Galeano le atribuyó al hombre investigado la autoría de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las víctimas; abuso sexual gravemente ultrajante agravado en perjuicio de cinco víctimas, y abuso sexual simple agravado en perjuicio de la séptima víctima. En todos los casos, la atribución fue agravada porque, al momento de cometer los ilícitos, el imputado era el encargado de la guarda de los niños y las niñas abusadas.
Además, en los siete casos, la representante del MPA le atribuyó al imputado la autoría del delito de promoción de la corrupción de menores agravada (por ser el encargado de la guarda y porque las víctimas eran menores de 13 años).
