Los administradores de una financiera informal de Venado Tuerto que operaba en la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central (Bcra) acordaron entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a los centros de salud municipales, en el marco de una probation que tuvo el visto bueno del juez federal Aurelio Cuello Murúa, indicó el portal fiscales.gob.ar. Lo curioso del caso es que la cueva quedó expuesta a los investigadores tras ser blanco de un golpe en el que asaltantes se alzaron con gran cantidad de dinero en efectivo.
La suspensión del proceso a prueba (también llamada probation) se dispuso por el plazo de dos años y además se les impuso a las personas imputadas abstenerse de ofrecer servicios de compraventa de moneda extranjera y préstamos personales.
La entrega de los bienes ya se hizo efectiva e incluyó equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas, indicaron desde la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto.
El legajo penal se inició en junio de 2024 a partir de un resonante atraco en una vivienda de Cabral y Rivadavia, donde operaba la cueva financiera que quedaría expuesta por el caso de inseguridad.
Fue el día 27: cuatro asaltantes rosarinos, entre ellos un policía retirado, se alzaron con una suma cercana a los 3,5 millones de pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares. Terminaron presos en un operativo cerrojo esa misma tarde. Las víctimas, luego imputados en la Justicia Federal, fueron identificados como Edgardo U. y Marcela G.
Con la “financiera informal” sobre el tapete, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo ordenó iniciar una investigación de oficio con el objeto de corroborar si allí se realizaban maniobras de intermediación financiera no autorizada.
Tras una serie de medidas, allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que en el lugar se realizaban operaciones de cambio de divisas sin autorización. En efecto, en el domicilio se hallaron máquinas de contar dinero, celulares, computadoras y documentación.
Una vez que avanzó la pesquisa y se determinaron las circunstancias de los hechos, el 12 de junio de 2025 el titular de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto, Federico Reynares Solari, y la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi formalizaron la investigación a los propietarios de la vivienda por realizar intermediación financiera sin autorización legal.
En enero de este año, los representantes del Ministerio Público Fiscal alcanzaron un acuerdo con los imputados y su defensa particular para la suspensión del proces. a prueba, alternativa que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) contempla para la resolución de casos como este.
Tras habilitar los plazos procesales suspendidos por la feria judicial, el acuerdo fue homologado por el juez Cuello Murúa en una audiencia celebrada el 15 de enero pasado, de la que participaron, además de las partes, funcionarios de la Municipalidad de Venado Tuerto como beneficiarios de la entrega del equipamiento.
Como parte del acuerdo, ambos imputados debieron aportar 15 millones de pesos cada uno en equipamiento médico, lo que totalizó una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal, "equivalentes al perjuicio ocasionado al sistema económico y financiero".
