La noticia política de la semana fue la inesperada llegada de un santafesino a la presidencia del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, lugar a, que Máximo Kirchner renunció en desacuerdo con el entendimiento con el FMI. Adujo que no podría empujar esa votación porque no compartía lo hecho y se corrió. El barco se sacudió, generó dudas. A muchos argentinos se les vino a la cabeza la imagen de Chacho Álvarez. No el del 89 que rompió el bloque menemista para fundar el Grupo de los 8, sino el incomprensible Chacho del año 2000.
La carta de Máximo delimita la disidencia al acuerdo con el FMI. No pareciera que haya voluntad de escalar hacia una ruptura mayor. El cristinismo se queda en el bloque, mantiene sus funcionarios en el Ejecutivo y la secretaria parlamentaria del bloque, que es de La Cámpora, seguirá en el cargo a pedido de Martínez. El plan Me diferencio de Alberto parece estar cumpliéndose en los términos que se lo propuso el hijo de la vicepresidenta y pinta para ser la plataforma para iniciar un proyecto electoral propio en 2023.
Igual nadie debe descuidarse. A veces la política adquiere una dinámica propia y las diferencias se vuelven bolas de nieve. Ese es el riesgo de este Frente de Todos que desde la derrota electoral acumula desacuerdos que exceden el FMI. Depende del temple y la habilidad del presidente, Cristina, Sergio Massa y los gobernadores la administración de esas tensiones.
Los gobernadores también mantienen diálogo entre ellos. Elucubran escenarios, dibujan en la mesa de arena la construcción de un polo de poder propio, pero al final no encuentran la conveniencia de armar bloque propio de diputados.
Germán Martínez es un desconocido para el gran público, cultor del bajo perfil y acostumbrado a no tener exposición pública. Licenciado en Ciencia Política de la UNR, desde 2005 en adelante fue la sombra de Agustín Rossi. Conoce el Congreso palmo a palmo, a quienes lo habitan en las luces y las penumbras, la técnica legislativa, su administración y fundamentalmente la gestión política.
Esas características llevaron al presidente a levantar el teléfono y preguntarle a Rossi qué le parecía la idea. Luego cerraron la operación política con Sergio Massa, que hace tiempo señala a Martínez como uno de los diputados más destacados del oficialismo.
El dato central de esta historia es que Martínez fue presentado y bendecido en la Casa Rosada por el presidente y Massa. Lo eligió el presidente, incluso sin ponerlo a debate en el bloque. “Querés renunciar, una lástima. Gracias por la silla”, parece decirle el presidente a Máximo Kirchner. En menos de 48 horas ya la había ocupado con Martínez.
Alberto Fernández acelera. Tras el entendimiento con el FMI inició el proceso político para intentar la reelección. Por eso se apropia de la presidencia del bloque de Diputados que es la ficha de un tablero mucho más grande, pero es relevante. Quizás no logre una conducción monolítica de la bancada, pero podrá negociar de forma directa cada voto del FpV, además de evitarse sorpresas y cajoneadas. El eje de poder se corrió del Congreso a la Casa Rosada.
En esta historia, la figura de Agustín Rossi probablemente tenga más protagonismo del que parece y que él admite. Es indudable que está mucho más próximo al presidente que a la vice y es probable que en un futuro no tan lejano vuelva se concreten los rumores que lo ubican con un lugar trascendente en el gabinete y alfil del proyecto reelección.
Panorama Gris
En Santa Fe, el ascenso de Martínez desconcertó al perottismo. Para evitar roces, Martínez hizo lo correcto. Llamó al gobernador Perotti y se puso a disposición. Le hizo saber que la gestión tiene prioridad por encima de la diferencia de miradas que ambos sectores tienen sobre el territorio. En definitiva, debería ser un hecho auspicioso: fuera de Oscar Lamberto en la comisión clave de Presupuesto durante el menemismo y Rossi al frente de la bancada kirchnerista entre 2005 y 2013, es notoria la ausencia de santafesinos en lugares estratégicos del Congreso desde el retorno de la democracia.
Lo que viene
Habrá otros dos hechos significativos para la política santafesina durante febrero. El primero es la aprobación del presupuesto 2022 en la Legislatura. Salvo que alguien se levante con el pie izquierdo y patee el tablero, desde todos los sectores hay señales de querer alcanzar un acuerdo. Por ahora el Ejecutivo y la oposición mantienen las mismas posiciones que en diciembre. Éstos últimos necesitan que sus intendentes se hagan de las transferencias atrasadas y que se actualicen los fondos de obras para Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Para el gobierno es determinante la autorización para tomar endeudamiento por más de 30 mil millones.
El segundo hecho significativo provendrá de la Justicia, más concretamente de la Corte Suprema, y se conocerá en la segunda quincena de febrero. Fuentes judiciales dijeron que se espera que entre los martes 15 y 1° de marzo se conozca el fallo sobre la constitucionalidad o no de los fueros del senador Armando Traferri. Ese planteo promovido por los fiscales que quieren imputarlo en la investigación por juego ilegal fue rechazado en primera instancia y luego respaldado por un juez de Cámara.
María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler, Mario Netri y Roberto Falistocco son quienes deciden si el senador por San Lorenzo puede ser sometido a proceso y con qué alcances. Cualquiera sea el fallo tendrá repercusiones.
Historia detrás de un decreto
En vísperas de la apertura de las paritarias se conoció el decreto provincial N°39 que le otorga 40 millones de pesos al gremio UPCN para construir un multiespacio en su club de campo ubicado sobre la ruta a minutos de la capital provincial. El subsidio salió del Plan Incluir que, como recuerda el periodista Juan Chiummiento, el objetivo en lo formal es “mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas en los barrios y la población más vulnerables, a partir de una intervención integral”.
UPCN es un gremio que está muy lejos de encuadrar en esos objetivos porque tiene decenas de miles de afiliados y porque a diferencia de cualquier gremio de la actividad privada, al igual que ATE, reciben, además de la cuota sindical del afiliado, un aporte patronal del Estado provincial por cada trabajador, que todos los meses representa una cifra millonaria.
Además, el aporte se otorga a días de abrir la paritaria, donde se supone que gremio y gobierno están uno de cada lado de la mesa. En la práctica eso no ocurre. UPCN maneja el Ministerio de Desarrollo Social y tiene funcionarios políticos en distintas áreas, además de proporcionar candidatos y financiamiento en las últimas elecciones. No hay nada de malo en la participación política del sindicalismo. Por el contrario, es necesaria para representar los intereses de los trabajadores en instancias que exceden la defensa gremial. El problema es cuando todo está mezclado a niveles indistinguibles entre gobierno, sindicato y negocios personales de los dirigentes.
Los acuerdos de Alberto Maguid y el reutemismo en los 90 fueron un ejemplo de esos vínculos pantanosos. Destaca en el recuerdo la investigación de la fiscal federal Griselda Tessio que reveló la trama por la cual la provincia le transfería fondos a la cooperativa textil de UPCN Malvinas Argentinas y allí se sacaba dinero por medio de pagos a supuestos proveedores que en realidad eran sociedades fantasmas a ese solo fin. Ese convenio se había firmado en 1988 a instancias de un asesor del entonces gobernador Víctor Reviglio llamado Álvaro González, actual diputado nacional del PRO por Ciudad de Buenos Aires.
Los años pasaron y las caras son otras pero se repiten la opacidad y los patrimonios inexplicables de algunos dirigentes, que no los construyeron ahora sino a través de años de relación privilegiada con el Estado.
El subsidio a UPCN podría ser uno más entre los que los gobiernos ceden a sus aliados, pero que sea imputado al Plan Incluir resulta oportuno para repasar su funcionamiento tras dos años desde su llegada en reemplazo del Plan Abre, nave insignia de las políticas sociales de los gobiernos anteriores.
El Plan Incluir es un fondo que reparte entre los 365 pueblos y ciudades de la provincia lo que antes se destinaba al Gran Rosario y el Gran Santa Fe para atender barrios de alta conflictividad social. El actual gobierno justificó esa medida para corregir lo que interpretaba como una discriminación de las anteriores gestiones al resto de la provincia. Ese primer cambio de enfoque significó una gigantesca transferencia de fondos desde las dos grandes ciudades hacia el resto de las localidades, que se vieron doblemente favorecidas porque ya contaban con el Fondo de Obras Menores.
Rosario ha perdido una montaña de recursos que no equiparan otros programas. Un pecado para una ciudad que arrastra décadas de correr desde atrás en materia de necesidades de infraestructura social. Si algo está claro en Rosario, el conurbano bonaerense, en la golpeada Medellín la violenta Chicago o la Maryland de la serie The Wire, es que no existe la solución policial por sí misma, si no como parte de un dispositivo mucho más amplio, con anclaje comunitario e inversión en cantidad y extendida en el tiempo.
El Plan Incluir como fuente de financiamiento de proyectos sociales e infraestructura es muy bien recibido en localidades de menor envergadura, porque también esos lugares requerían más apoyo provincial. En todo caso el desacierto está en abordar la situación del Gran Rosario y Gran Santa Fe, complejizadas por la violencia derivada de la expansión de las economías ilegales, con la misma herramienta que se atienden los problemas de Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista, que a la vez no pueden ser abordados con la misma lógica de Gato Colorado, Rufino, San Javier o Frontera.
Esa ausencia de adaptación a la escala de la problemática es uno de los puntos débiles. “De lo que había antes conservó el perfil multipropósito –es decir que se le dejó amplitud para financiar desde cloacas, alumbrado, proyectos sociales, hasta el club de campo de UPCN– pero renunció a la mirada integral dada por una mesa multiagencial, que era el núcleo de intervención del antiguo Plan Abre y su aspecto más novedoso”, detalle un funcionario rosarino que conoció lo anterior y lo actual.
Es decir, el Estado definía el barrio de intervención de acuerdo a situaciones de vulnerabilidad y problemas vinculados a seguridad, y luego la mesa donde se entrecruzaban fiscalías provinciales y federales, educación, obra pública, salud, desarrollo social, vecinales, ONGs definía una estrategia de acción en todos esos frentes al mismo tiempo. Por lo tanto resultaba una estrategia a la medida de la realidad de ese barrio, donde se combinaban intervenciones genéricas con otras propias de micropolítica.
Desde intervenir con una familia que dejó de enviar chicos a la escuela, la identificación del circuito del narcomenudeo del barrio o la infraestructura básica a resolver, hasta el acompañamiento desde el hospital de pibes sobrevivientes a una balacera para que no los maten apenas volvían al barrio. En definitiva, poner el gazebo para hacer DNIs y darle un subsidio al club del barrio era la punta del iceberg de un trabajo más profundo y denso, que es lo que operadores municipales, de las fiscalías y de instituciones barriales señalan que se diluyó y se necesita recuperar.
La coordinación entre funcionarios y personal de todas esas áreas, y entre niveles municipales y provinciales aún del mismo signo político, es una tarea que lleva años y requiere salir de estados de confort, modificar circuitos y tradiciones laborales. En ese aspecto, sin que haya sido la panacea, con altibajos y dificultades, el Abre había dado un salto cualitativo en el contexto de un Estado acostumbrado a funcionar de forma parcelada y excepcionalmente de forma integral. Un primer escalón a partir del cual seguir escalando.
El Incluir necesita dar un salto, formar equipos capaces de intervenir de forma focalizada y salir de la lógica del subsidio a demanda, que es lo más directo y rinde políticamente, pero difícilmente haga que una obra pública adquiera plusvalía social si no se profundiza la ingrata, áspera, lenta e invisible intervención sobre los entornos.
