Durante buena parte de su gobierno, Javier Milei pareció decidido a mantener la cuestión Malvinas en un segundo plano frente a una prioridad mayor: reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos y mejorar los vínculos con el Reino Unido. En mayo de 2024 llegó incluso a afirmar que las islas estaban bajo control británico y que, el entonces canciller, David Cameron tenía derecho a visitarlas. También calificó a Margaret Thatcher de “brillante”.
Al mismo tiempo, sostenía que Argentina no renunciaría a su reclamo y que la recuperación de la soberanía debía alcanzarse mediante una negociación de largo plazo, sin recurrir a la fuerza. La estrategia implicaba, en los hechos, separar la reivindicación territorial de la relación bilateral: avanzar en cooperación económica y política con Londres mientras se preservaba formalmente la posición argentina sobre la soberanía.
Para el gobierno, una relación menos confrontativa podía generar las condiciones para que, eventualmente, la cuestión de fondo volviera a la mesa de negociación. Pero la experiencia argentina ha demostrado los límites de esa estrategia.
Durante los años noventa, el gobierno de Carlos Menem impulsó una política de acercamiento y cooperación con Londres que permitió avances en cuestiones prácticas, pero no modificó la posición británica sobre la soberanía. Décadas después, Mauricio Macri retomó una lógica similar, con nuevos acuerdos de cooperación y diálogo, aunque nuevamente sin avances sustantivos sobre la cuestión territorial. La experiencia sugiere que el diálogo puede mejorar la relación bilateral, pero no necesariamente altera el statu quo.
El giro de Milei responde ahora a una coyuntura diferente. El avance del proyecto petrolero Sea Lion y las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición estadounidense confluyen en un escenario internacional más sensible para la disputa. En el plano doméstico, la aparición de una bandera de las Islas Malvinas durante la final del Mundial generó una fuerte reacción política y social, a la que se suma la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027.
Así Malvinas vuelve a recuperar peso en la agenda interna, al mismo tiempo que adquiere una dimensión estratégica mayor por el valor de sus recursos y del espacio austral. Ese valor ya no es solamente potencial. Sea Lion es un proyecto de exploración y desarrollo de hidrocarburos impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas próximas a las islas. Para Londres y las autoridades de las islas representa una oportunidad económica de gran magnitud. Pero para Buenos Aires, supone la explotación unilateral de recursos en un territorio cuya soberanía reclama.
El cambio, sin embargo, no es solamente discursivo. El anuncio sobre el refuerzo de la infraestructura en Tierra del Fuego introduce una dimensión territorial, logística y de defensa que amplía el alcance de la cuestión Malvinas: el reclamo comienza a inscribirse de manera más explícita —como ha expresado el presidente Milei en su discurso— en una agenda de seguridad nacional, protección de recursos estratégicos y fortalecimiento de la presencia argentina en el espacio austral.
En ese contexto, una eventual modificación de la postura estadounidense tendría un peso considerable. Hasta ahora, Washington ha mantenido una posición formalmente neutral sobre la soberanía: reconoce la administración británica de facto de las islas, pero no la soberanía del Reino Unido y sostiene que la controversia debe resolverse mediante negociaciones entre ambas partes. Un cambio en esa posición —hoy poco probable— alteraría los términos diplomáticos de la disputa.
La iniciativa aparece, más bien, en el marco de la presión que la administración trumpista ejerce sobre sus aliados para aumentar el gasto en defensa y de su malestar con Londres por su posición frente a la ofensiva estadounidense contra Irán. Documentos internos del Pentágono incluso contemplaron revisar la política sobre Malvinas como una herramienta de presión. Más que un cambio de estrategia, por ahora parece una carta de negociación.
Pero el solo hecho de que Malvinas pueda entrar en una negociación de ese nivel revela cuánto ha cambiado el contexto estratégico en el que se inscribe la disputa. Ésta ya no puede analizarse solamente como una controversia bilateral entre Argentina y el Reino Unido. El archipiélago forma parte de un espacio estratégico más amplio, atravesado por rutas marítimas, infraestructura militar, recursos naturales y proyección antártica.
La presencia británica en Mount Pleasant, principal complejo militar de las islas, combina capacidades aéreas y logísticas que sostienen el dispositivo de Londres en el Atlántico Sur y sus territorios australes. A miles de kilómetros, Ascensión —isla británica situada entre África y Sudamérica— funciona como otro punto de apoyo aéreo y logístico. Juntos, ambos enclaves otorgan al Reino Unido una profundidad estratégica que excede ampliamente al archipiélago.
Frente a ese dispositivo, Tierra del Fuego adquiere un valor estratégico propio. Ushuaia es una plataforma natural para las operaciones antárticas y el acceso al Atlántico Sur. En ese marco, la Base Naval Integrada —un proyecto iniciado en 2022— intentará ampliar las capacidades logísticas y operativas argentinas. Su búsqueda de reactivación y aceleración bajo la propuesta de Milei refuerzan ahora su lugar dentro de una política de soberanía y proyección austral.
Pero ese fortalecimiento obliga a mirar también hacia el otro lado del extremo austral. Allí, Chile desarrolla sus propios intereses y capacidades.
Mientras Argentina reactiva su infraestructura en Tierra del Fuego, del otro lado del Estrecho de Magallanes, Chile consolida a Punta Arenas como uno de los principales nodos logísticos de su proyección antártica. La ciudad, capital de la Región de Magallanes, concentra infraestructura naval, portuaria y logística y funciona como plataforma de acceso hacia el Estrecho y la Antártida.
Su posición y la de Ushuaia son geográficamente próximas y, aunque cumplen funciones diferentes, pueden competir por centralidad logística y estratégica en la conexión entre Sudamérica, el Atlántico Sur y la Antártida. El fortalecimiento de estas capacidades busca, además, consolidar a Magallanes como un polo internacional de servicios vinculados a la actividad antártica. Esa centralidad comienza a traducirse también en hechos concretos.
Mientras Milei visitaba Chile esta semana, se conocía el acuerdo para establecer una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las Malvinas, con un primer viaje previsto para noviembre. El Presidente argentino no se pronunció públicamente sobre la iniciativa. El silencio resulta particularmente llamativo porque el Gobierno acaba de endurecer su posición frente a la explotación de hidrocarburos en las islas: si Buenos Aires considera ilegítima esa actividad, la nueva conexión plantea inevitablemente qué posición adopta frente a su creciente articulación logística con el continente.
El servicio, a cargo de la naviera chilena Easter Island, reduciría aproximadamente a la mitad la distancia de la actual conexión marítima de las islas con Sudamérica, que pasa por Montevideo. Más allá de su carácter comercial, la nueva ruta refuerza el papel de Punta Arenas como nodo logístico de las islas, precisamente cuando Sea Lion avanza hacia la explotación.
Nada de esto supone un cambio en la relación política entre ambos países. En la reunión bilateral, Chile ratificó su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, y no existen elementos para hablar de una competencia militar entre Buenos Aires y Santiago. Pero la cooperación diplomática puede convivir con intereses estratégicos propios: mientras ambos sostienen una posición común sobre Malvinas, también buscan consolidar su centralidad marítima, logística y antártica en el extremo austral.
Como se ha observado, la competencia por ese protagonismo no se desarrolla en un vacío regional. Sobre el mismo espacio convergen intereses de potencias externas con capacidades muy superiores. Para el Reino Unido, las islas son un enclave militar, económico y logístico desde el cual sostiene su presencia austral. En cambio, Estados Unidos observa el área desde una lógica más amplia: seguridad de las rutas marítimas, infraestructura estratégica, acceso a recursos y competencia por la influencia en el extremo sur.
Esa dimensión global modifica, además, la ecuación: China tampoco puede quedar fuera del análisis. No porque exista evidencia de una confrontación inmediata en torno a Malvinas, sino porque la creciente competencia entre Washington y Pekín aumenta el valor estratégico de los corredores marítimos, la infraestructura crítica y la presencia antártica. El extremo sur deja así de ser una cuestión exclusivamente regional para convertirse en un espacio atravesado por la competencia de las grandes potencias.
El verdadero desafío, entonces, no es endurecer el discurso sobre Malvinas, sino convertir ese reclamo en una política sostenida de presencia, infraestructura y capacidades. La soberanía no se construye únicamente en los foros diplomáticos: también depende de la capacidad de un Estado para ejercer presencia sobre el espacio que considera estratégico.
El extremo sur está dejando de ser una periferia. Y Malvinas vuelve al centro del mapa, no solamente por las islas, sino por todo lo que empieza a jugarse alrededor de ellas.
