Los diputados provinciales Martín Rosúa y José Corral defendieron el paquete “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y en debate en la Legislatura. Coincidieron en que la baja de los homicidios no permite dar por concluida la tarea y que la Provincia debe actualizar sus herramientas frente a organizaciones delictivas cada vez más complejas.
“Se propone un cambio de paradigma para comenzar a discutir cómo el Estado empieza a cumplir sus obligaciones para con las víctimas y para con la sociedad”, afirmó Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Corral, por su parte, sostuvo: “Estamos mucho mejor, pero no podemos cantar victoria: hay que seguir trabajando”.
Rosúa recordó que, al inicio de la gestión, Rosario había registrado 290 homicidios en 2022 y 261 en 2023, mientras que en la provincia se habían contabilizado 400 muertes violentas. Mencionó las reformas aprobadas desde entonces –entre ellas, las leyes de Emergencia en Seguridad, Inteligencia y Microtráfico, además de cambios en el Código Procesal Penal– y afirmó que hoy hay “70 % menos de homicidios en Rosario” y “la mitad de los delitos en la provincia”. Aun así, advirtió que “el delito no se terminó” y que las bandas se reconfiguran.
Corral señaló que, además de la violencia extrema, preocupa el aumento de delitos predatorios, como el robo de celulares. El proyecto permitiría que el fiscal, a través de la Policía y con aviso al juez, disponga una intervención cuando la ubicación del teléfono sea precisa y haya elementos que justifiquen actuar. “Muchas veces los vecinos nos dicen: «Yo sé dónde está el celular, está en ese domicilio». Pero la Policía dice que no puede intervenir porque necesita un allanamiento y una causa judicial”, planteó.
El diputado también destacó la consulta del IMEI –al que describió como “el DNI del celular”– para identificar el dispositivo. Aclaró que no se habilitarían procedimientos a partir de datos aproximados y reconoció que las observaciones sobre la redacción del proyecto deben analizarse. “Vamos a probar las herramientas que el gobernador necesita”, afirmó, y anticipó que el oficialismo considerará los aportes surgidos de las reuniones legislativas.
Más herramientas y controles
Entre las medidas que Rosúa defendió figuran los allanamientos sin orden judicial ante la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública, cuando haya indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio. Sostuvo que la detección podría realizarse por medios fehacientes, incluidos sistemas tecnológicos, y que actuar de inmediato puede interrumpir un delito o descubrir un lugar de acopio. “No se eliminan garantías: hay un reordenamiento temporal”, explicó, al señalar que la medida urgente tendría luego control judicial.
El paquete también propone que la Policía pueda interrogar a sospechosos y que los fiscales entrevisten a personas vinculadas con un hecho antes de una imputación. Corral aclaró que, si alguien pide un abogado, la entrevista debe interrumpirse hasta que reciba asistencia. La iniciativa contempla, además, juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados; decretos penales para casos de penas leves y pruebas contundentes; zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad; y derribos de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales. También amplía las facultades de inteligencia y el programa de recompensas.
Los legisladores respaldaron nuevas herramientas para el control penitenciario. Rosúa sostuvo que algunos internos continúan ordenando delitos desde las cárceles. Corral defendió la posibilidad de aplicar un régimen de aislamiento estricto, por tiempo limitado y en casos excepcionales, a presos de alto perfil. También destacó la construcción de casi 7 mil plazas penitenciarias, entre ellas la cárcel de Recreo y el penal de máxima seguridad número 8 de Piñero, conocida como El Infierno.
Corral cuestionó lo que definió como “garantismo estúpido” y dijo que “parece que cuidamos más los derechos de los delincuentes que los de las personas que necesitan protección”. También valoró que el proyecto contemple asistencia legal pública para policías. Rosúa sostuvo que las medidas deben ser proporcionales y contar con controles: “Hay que analizar cada problema, las herramientas para solucionarlo y cuáles son los controles que ponemos en la ley para que se respeten las garantías y los derechos constitucionales”.
El oficialismo buscará aprobar el paquete en los próximos días, después de revisar los aportes de especialistas, organismos y sectores políticos. “El Estado no puede ser un Estado vago que, frente a ciertas situaciones, no tiene las herramientas para actuar”, concluyó Corral.
