Los legisladores socialistas Joaquín Blanco y Lionella Cattalini pronunciaron dos de los discursos más duros de la sesión en la que Diputados dio media sanción a la reforma de seguridad de Maximiliano Pullaro con una mayoría que terminó siendo bien amplia: votos a favor y 11 en contra. En el recinto, ambos diputados cuestionaron las declaraciones de funcionarios provinciales durante la negociación al interior de Unidos. Durante una entrevista con Rosario3, Blanco calificó este viernes de “agraviantes” e “injustas” las intervenciones de Federico Angelini y Cristian Cunha, y vinculó la escalada interna de los últimos días con la proximidad del cierre de listas para 2027 y la voluntad que algunos dirigentes pueden tener para posicionarse como candidatos.
El socialismo tuvo un rol clave en las modificaciones de la iniciativa. El texto que pasó al Senado dejó afuera del proyecto original las zonas de intervención policial especial y la facultad de la Policía de interrogar a imputados en situaciones de urgencia. Sí incorporó la declaración informativa ante un fiscal para personas que todavía no fueron imputadas, con derecho a guardar silencio, retirarse y contar con asistencia letrada. También mantuvo supuestos excepcionales de allanamiento sin orden judicial previa, con revisión judicial posterior en los casos previstos por la reforma.
—¿Por qué necesitaba cambios el proyecto de seguridad que mandó el Ejecutivo?
—Por dos cuestiones fundamentales. La primera era reducir el riesgo de judicialización por inconstitucionalidad o por incompatibilidad con tratados internacionales. Los cambios ajustaron el proyecto al derecho internacional, a la Constitución Nacional y a la Constitución provincial reformada en 2025. El segundo motivo era político. Hacía falta dialogar con las fuerzas opositoras, aceptar cambios y reunir más voluntades. Lograr dos tercios para una ley de seguridad le da legitimidad y futuro.
—¿Dónde veían el riesgo de que la reforma chocara con la Constitución?
—La Constitución de 2025 es muy clara en la división de roles. El Ministerio Público de la Acusación es el encargado exclusivo de la persecución penal. Al Ministerio de Seguridad le corresponde desarrollar la política criminal y preventiva y conducir las fuerzas de seguridad. Los cambios a las leyes de inteligencia y de recompensas tenían que respetar esa división. En esa misma línea, no podía haber un interrogatorio policial sin abogado como posible inicio de una causa penal ni habilitarse zonas de intervención policial sin orden judicial. Es una discusión jurídica y práctica. Queríamos que quedaran herramientas concretas que pudieran aplicarse y sostenerse en el tiempo.
—¿Esas herramientas van a servir para mejorar la persecución del delito?
—Son reformas parciales a leyes vigentes y su resultado va a depender de cómo las apliquen los fiscales, los funcionarios del Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad. Creo que son un paso adelante en un proceso que lleva décadas de construcción institucional en materia de seguridad y de justicia. Lo importante es darle previsibilidad a esa política, que garantice cada vez más derechos, que sea más eficiente y que pueda sostenerse cuando cambien los gobiernos. Si en 2027 las distintas fuerzas llegan al debate por la gobernación con un piso común en materia de seguridad, Santa Fe va a dar un salto en madurez política.
—En el recinto ustedes volvieron sobre una discusión de la Constituyente. ¿Hubo sectores del oficialismo que buscaron darle al Ejecutivo facultades de persecución penal que no habían conseguido en la reforma de 2025?
—Recordamos un debate que fue público y válido. Había sectores dentro de Unidos que planteaban que el fiscal general debía tener un mandato de la misma duración que el del gobernador y ser designado por él sin acuerdo legislativo. Eso acercaba la figura del fiscal a la de un funcionario político. También había sectores que querían darle al Ejecutivo más competencias en la investigación penal. La Convención llegó a otra síntesis. El Ministerio Público de la Acusación quedó como un órgano extrapoder, con autonomía, con un fiscal general propuesto por el gobernador y designado con acuerdo legislativo, y con un mandato que puede atravesar distintos períodos de gobierno. La persecución penal quedó a cargo del MPA. El Ejecutivo coordina y despliega las fuerzas de seguridad, se ocupa de la prevención y diseña la política criminal. Esa discusión se saldó hace un año y las reformas que votamos ayer tenían que ir en esa línea.
—¿Por qué escaló tanto la tensión en Unidos si ya hubo antes diferencias de alto voltaje que se resolvieron sin un nivel de confrontación interna tan alto?
—El socialismo decidió trabajar en silencio sobre los acuerdos necesarios. Angelini y Cunha tuvieron declaraciones agraviantes e injustas para con el socialismo. En el recinto marcamos eso y respondimos a lo que, a nuestro juicio, eran mentiras o ataques sin fundamento. Creo que eso se inscribe en que se acerca el cierre de listas y algunos sectores pueden ver el debate sobre seguridad como una oportunidad para posicionarse en un tema muy sensible para los santafesinos y los rosarinos. Cuando tenemos una mirada distinta a la del gobierno provincial, tengo la posibilidad de planteársela mano a mano al gobernador Pullaro. Creo que hacerlo con honestidad y lealtad es el mejor aporte que podemos hacer para un buen gobierno de Unidos.
—Usted dice que hay que cuidar la coalición todos los días. ¿Está en riesgo la unidad?
—Hay que cuidarla porque no hay nada más difícil en la Argentina que gobernar en coalición. Cada parte cumple un rol y aporta cuando puede marcar sus diferencias y sus matices. Tiene que haber un funcionamiento respetuoso, democrático, en el que todos nos sintamos útiles. Que funcionarios del gobierno provincial ataquen al Partido Socialista a través de los medios es algo que no había pasado en estos tres años y que no vamos a aceptar.
—¿Influyó en esta tensión la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza?
—De nuestra parte no lo sentimos de esa manera. El Partido Socialista fijó su posición en un congreso y la expresó públicamente y en las reuniones de la coalición. Con La Libertad Avanza no tenemos nada que ver. También lo planteamos en términos de defensa de los intereses de Santa Fe. Creemos que las políticas económicas y sociales del gobierno nacional se ensañan particularmente con la matriz productiva de la provincia.
—¿Y cómo les cae que Pullaro deje abierta la posibilidad de un acuerdo con los libertarios?
—Lo vamos a discutir con el gobernador en el ámbito que corresponde. De acá a febrero, en función de cómo avance el diálogo político, se irá precisando el escenario electoral. Hoy lo que tenemos son declaraciones en los medios. Lo que puedo ratificar es una posición orgánica, adoptada por el congreso provincial del Partido Socialista. No hay ninguna posibilidad de que el PS integre una coalición con La Libertad Avanza.
—¿Cómo se recompone la relación con los sectores de Unidos a los que cuestionaron en el recinto?
—Volviendo a una forma de hacer política que en Santa Fe conocemos bien, con diálogo y respeto, sin discutir por los medios. Ya vivimos un proceso electoral muy violento dentro de la coalición en las primarias de 2023…
—¿Se refiere a la interna ente Pullaro y Carolina Losada?
—Ese fue un antecedente muy negativo y creo que todos entendemos que esas formas no se pueden repetir en 2027. A medida que se acerca el cierre de listas, tenemos que cuidar la coalición y la forma de gobernar juntos.
—¿Es también una advertencia de cara a una eventual primaria por la Intendencia de Rosario en las que podrían participar usted y Federico Angelini?
—No es una advertencia y no tenemos definida ninguna candidatura. Soy secretario general del Partido Socialista, viví los gobiernos del Frente Progresista y participé activamente en la construcción de Unidos y en el resultado electoral de 2023. Con los aciertos y los errores, tenemos que aprender de lo que pasó y evitar repetir lo que estuvo mal en el próximo proceso electoral.
