Entre 1930 y 1983, la Argentina atravesó una larga secuencia de interrupciones del orden constitucional. Pero para la historiadora Gabriela Águila, la última dictadura militar que se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no puede leerse como una más dentro de esa serie. Lo que la distingue no es solo su duración ni su contexto, sino la magnitud y la lógica de su accionar represivo: un dispositivo pensado para desarticular de manera definitiva lo que los militares denominaban la “subversión”, y un universo que incluía no solo a las organizaciones armadas sino también a la militancia sindical, estudiantil y social.
Ese objetivo de disciplinamiento profundo y definitivo —que buscaba cristalizar un orden social y económico a la medida de los poderes permanentes de la Argentina— explica la ferocidad de los métodos utilizados: desapariciones forzadas, centros clandestinos, tortura sistemática y apropiación de menores, en una escala inédita en la historia argentina. No se trató solo de controlar o reprimir, sino de transformar de raíz el tejido económico-social.
Ese plan, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Hubo fisuras internas entre las Fuerzas Armadas —con disputas conocidas como las de Videla y Massera— y errores de cálculo que terminaron erosionando al régimen, con la guerra de Malvinas como punto de quiebre. Aun así, esas diferencias no alteraron el núcleo del proyecto: un sistema de represión y censura que funcionó con una coherencia y continuidad que lo vuelven singular.
En ese marco, los estudios más recientes también revisan el comportamiento de la sociedad civil. En la entrevista con Rosario3, Águila –una de las principales especialistas sobre el tema en el país– sostuvo que el golpe en sí tuvo altos niveles de aceptación social y de hecho no hubo actos importantes de resistencia al derrocamiento de Isabel Perón. Pero, aclara, esa actitud no puede leerse de manera lineal como un respaldo al terrorismo de Estado, en un contexto atravesado también por el miedo.
Las fracturas internas del régimen
—¿Cuáles aspectos de lo que fue la dictadura militar hoy entendemos mejor que hace 20 o 30 años?
—En estos últimos 20 años, 15 o 20 años, ha habido un aumento muy importante de los trabajos de investigación acerca de la dictadura, acerca del período. Ese aumento cuantitativo también ha estado acompañado por un proceso de renovación de las preguntas, de las perspectivas, de las interpretaciones y mucho también con el acceso a archivos. Por ejemplo, nosotros sabemos mucho más de cómo funcionaba el régimen militar. Esa imagen muy monolítica que predominó durante mucho tiempo, esto es, los militares vinieron, tenían un plan, lo llevaron adelante en todas sus facetas, sin fisuras, ha sido muy cuestionada por las investigaciones que lo que se venía mostrando. Cada vez está más claro que era un régimen que tenía fisuras, que tenía fracturas internas, que tenía conflictos. Se conoce mucho, por ejemplo, para ir a lo más sabido, de la diferencia entre halcones y palomas, entre duros y moderados. Eso habilita toda una serie de matices, por ejemplo está el conflicto muy conocido que hubo entre Videla y Massera.
—¿Duros y moderados en cuanto al proceder represivo?
—Respecto del régimen represivo sí, pero también respecto de los objetivos, respecto de cuáles iban a ser los tiempos de una eventual transición, cuándo ese régimen tenía que terminarse, qué lugar se le otorgaba a los partidos políticos, qué tipo de relaciones había que tener con el movimiento sindical. En esa lógica, uno de los rasgos del llamado Proceso es que se pensaba a sí mismo con “objetivos pero no plazos”: la permanencia en el poder no estaba atada a un calendario, sino al cumplimiento de esas metas.
—¿Qué pasa con los civiles que apoyaron la dictadura?
—Tampoco es un bloque homogéneo, porque hay sectores que vienen del liberalismo, hay sectores que vienen del nacionalismo católico y esto también tiene impacto sobre los lugares en los que estos sectores actúan.
—Vos situaste a dos personajes clave, también un poco símbolo de esas internas, que son Videla y Massera. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Qué quería uno y qué quería el otro?
—Bueno, eso es un tema que es interesante porque probablemente de lo que más se conoce es de la actuación del Ejército. Pero la idea era establecer un sistema de contrapesos, por decirlo así, de modo que ninguna de las tres fuerzas tuviera hegemonía o prioridad. Pero ese sistema de tres tercios en realidad era teórico, porque la fuerza que más predominio o hegemonía tenía era el Ejército, porque tenía más efectivos, porque estaba en todo el territorio nacional, porque, por ejemplo, puso a los presidentes.
—Massera se imaginaba como parte de la salida democrática, mientras que podríamos decir que para Videla la salida democrática era menos importante.
—La dictadura imaginó una salida, una transición constitucional, un contexto en donde se terminara ese gobierno militar, pero con un orden democrático que estuviera tutelado por las Fuerzas Armadas. Había matices en cuanto a qué rol se le otorgaba a los partidos políticos, qué rol se le otorgaba a las Fuerzas Armadas, y ahí se cuelan, junto con esos proyectos político-institucionales que imaginan una salida constitucional futura, los proyectos personales como el de Massera.
El interior del país y el escenario en Rosario
—Vos investigaste específicamente lo que pasaba en Rosario con respecto a la dictadura. ¿Podés contarnos un qué diferenciaba a Rosario o al interior del país con Buenos Aires?
—Una de las características que ha tenido toda esa expansión de los estudios sobre el pasado reciente es el desarrollo de la historia a escala local, regional. Esto es, contrariando lo que había sido una tendencia muy marcada, que es la mirada porteñocéntrica. Sabemos mucho más de otras provincias, de otras ciudades, de otras regiones del país que hace 20 años atrás. Y eso muestra los matices, las variaciones, que no es lo mismo lo que sucede en la capital que en el interior: en las zonas urbanas que en las rurales; en las grandes ciudades que en las pequeñas.
—Las zonas calientes eran en general las zonas donde había industria, ¿no? Por el tema de la representación sindical.
—Donde había industrias, donde había conflictividad estudiantil, donde había movilización socia. Tucumán, por ejemplo, fue el lugar en donde se llevó adelante la primera campaña, incluso desde antes del golpe de Estado, a partir de los decretos de aniquilamiento de 1975. Después, el eje Capital Federal-La Plata, Córdoba, Santa Fe y Rosario eran las cuatro zonas calientes. Ese tipo de estudios también permitió observar lo que ocurre a nivel micro, en la política local: en muchas pequeñas ciudades y comunas continuaron en funciones autoridades civiles elegidas antes del golpe, lo que ayuda a explicar por qué en ciertos territorios persiste la percepción de que “no pasó nada”, más allá de las diferencias en la intensidad de la represión.
La sociedad civil
—En 1976, al momento del golpe, podría decirse que había cierto consenso social con respecto a que el gobierno de Isabelita no iba más. Cierta idea de que eso se tenía que terminar de alguna manera…
—En los estudios sobre la última dictadura ha habido mucho análisis sobre las actitudes y los comportamientos sociales. Esto es, ¿qué pasó con la sociedad en ese periodo? Nosotros tenemos como dos imágenes contrapuestas, la de una sociedad aterrorizada, aterrorizada por la represión, y por otro lado, una sociedad cómplice, que apoya o que ve de buen modo, con beneplácito lo sucedido. Cuando se produce el golpe de Estado no hay acciones de resistencia, no hay, como sucede en otros países, paros generales. No hay procesos de movilización social. ¿Qué puede indicar eso? Que había un nivel amplio de consenso social. Todo indica, por lo que sabemos, que había un nivel de aceptación bastante alto de lo que estaba sucediendo. Esa aceptación inicial, sin embargo, no puede equipararse de manera lineal con un apoyo consciente al terrorismo de Estado, en un contexto atravesado también por el miedo. No se puede descartar el uso del terror para explicar la ausencia de resistencia o los comportamientos apáticos.
—¿Y que influyó más para que en determinados momentos esa aceptación bajara? ¿Las denuncias, incluso internacionales, sobre el accionar represivo o el fracaso del plan económico?
—Es la crisis económica el principal motivo de críticas a la dictadura, al gobierno militar. Y esto se produce muy rápido. Ya desde el 76, 77 y sobre todo a partir del 78, las críticas se multiplican porque el plan de Martínez de Hoz tenía efectos muy complejos.
—Al mismo tiempo, las centrales empresarias que apoyaron el golpe lo que buscaban era eso, un plan como el de Martínez de Hoz. ¿O había matices ahí también?
—También hay matices, obviamente. Cuando Martínez de Hoz formula el plan económico, que es el 2 de abrildel 76, recibe apoyos unánimes, nacionales e internacionales. Pero hay sectores dentro de la burguesía argentina, dentro del empresariado argentino, que después sufren las consecuencias de ese programa.
—El paralelo que se hace entre el plan económico de Martínez de Hoz y el de Milei, ¿tiene base real o corresponde relativizarlo?
—Que los paralelismos y las conexiones existen, yo no tengo ninguna duda. Pero ante esta perspectiva que pega un salto mortal en el tiempo entre el plan de Martínez de Hoz y el plan económico de Milei, hay que decir que el momento en el que con más contundencia y más coherencia ideológica y doctrinaria se aplicó un plan económico neoliberal fue en el contexto democrático, en la década de 1990. Entonces, saltarse eso, saltarse ese periodo, el periodo de profundización e insisto, de hegemonía doctrinaria e ideológica del neoliberalismo argentino, que fue en la década del 90, creo que nos pone en un problema.
—Esea linealidad entre Martínez de Hoz y Milei, ¿no tiene que ver también con la reivindicación o el intento de reivindicación que hace este gobierno de lo actuado por la dictadura?
— Sí, en parte creo que sí, hay ahí una afiliación, por lo menos de algunos sectores que forman parte del gobierno o que están muy vinculados al gobierno, como los intelectuales de la ultraderecha. Sin embargo, sabemos que hay diferencias, no es lo mismo lo que dice Victoria Villarruel y su vínculo con la familia militar que lo que opinan algunos otros sectores que forman parte del gobierno.
—La aparición de estos discursos reivindicativos o que reclaman memoria completa, ¿tiene que ver también con algún error de cómo se construyó esa historia sin hacer lugar a ese tipo de voces?
—Los discursos de memoria completa, reivindicatorios, negacionistas, justificadores, no son una novedad de estos tiempos. Se puede seguir desde el momento mismo de inauguración de la democracia en la Argentina la existencia de grupos y organizaciones, muchos de ellos vinculados a esto que se llama la familia militar, que vienen diciendo lo mismo. Es una disputa además por los sentidos del pasado. Es una disputa por cómo se construye la memoria de ese pasado.
—Si tuvieras que marcar qué diferencia a la dictadura 76-83 de las anteriores, ¿qué aspectos marcarías?
— Bueno, ahí hay otro elemento interesante que ha sido como un nudo de debate. Cuánto tiene de normal, ese normal entre comillas, esta dictadura en la historia del siglo XX argentino. No es una dictadura más. Lo que la hace singular, lo que la hace diferente del resto, es, sin dudas, el accionar represivo. No porque fuera la primera vez que las Fuerzas Armadas intervienen para reprimir la conflictividad social y política, porque eso forma parte de la historia del siglo XX. Pero ese accionar represivo que se pone en marcha a partir del golpe de Estado del 76 es completamente inédito. El uso de la desaparición forzada de personas, los secuestros masivos, el uso sistemático de la tortura sobre los prisioneros, la apropiación de menores nacidos en cautiverio, los delitos comunes. Hay ahí todo un un conjunto de rasgos que definen ese accionar represivo que por su escala y por su magnitud son únicos, con violaciones masivas a los derechos humanos que tiene efectos sociales e individuales que persisten en el tiempo. La última dictadura combina además otras cosas, como una estrategia económica y unos efectos sobre los trabajadores asalariados que tiene una profundidad enorme. Unos niveles de autoritarismo, de censura, de proscripción, de restricción a los derechos ciudadanos nunca vistos.
—Hablas de la ferocidad del accionar represivo, en todas sus formas, como como uno de los rasgos que distingue esta dictadura. ¿Qué buscaban? ¿Una especie de “solución final”?
—Lo que querían era llevar adelante un accionar represivo que fuera eficaz para desarticular a lo que denominaban la subversión y evitar cometer los “errores”, según ellos, de la dictadura anterior, la de Onganía, la dictadura instalada en el 66, que no había terminado con el “flagelo subversivo”, como decían los militares. O sea, había que cortarlo de raíz y el modo de cortarlo de raíz es que se llevara adelante una represión a sangre y fuego a través de los métodos que fueran necesarios, esto que en aquel momento se denominaban métodos no convencionales. En ese marco, la elección de mecanismos clandestinos —como la desaparición forzada— también estuvo vinculada a evitar el costo internacional de una represión visible, en un contexto regional donde otras dictaduras ya enfrentaban cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.
