Mientras el debate en torno a la reforma de la ley de glaciares se calienta con las audiencias públicas y las protestas calle, una pregunta circula aún sin respuesta por los pasillos de la Camara de Diputados: ¿tiene el oficialismo los votos de los aliados que necesita para que el proyecto se convierta en ley?
Distintas fuentes legislativas sostienen que en bloques que suelen acompañar al oficialismo hay dudas políticas y jurídicas sobre el proyecto que ya tiene media sanción del Senado. Visto desde Santa Fe, adquiere importancia lo que haga Provincias Unidas, el sector del gobernador Maximiliano Pullaro, cuyos dos senadores, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, votaron a favor durante el tratamiento en la Cámara alta.
“El 70 por ciento de los 18 diputados de Provincias Unidas está por el no”, señaló una fuente de esa bancada a Rosario3. En el caso de los cuatro santafesinos, los dos socialistas, Esteban Paulón y Pablo Farías, están por el rechazo y los dos que vienen del PRO, Gisela Scaglia y José Nuñez, levantarían la mano a favor.
Habrá que ver, en un marco político que no es el mismo que el de febrero –cuando consiguió sacar leyes clave como la reforma laboral–, si el gobierno tiene capacidad real para ordenar a sus otros socios parlamentarios para garantizar la aprobación de una reforma que La Libertad Avanza empuja como herramienta para destrabar inversiones en zonas cordilleranas y darle más margen a la actividad minera.
En principio, en Diputados la situación aparece menos lineal que en el Senado, donde el oficialismo consiguió la media sanción a fines de febrero con el respaldo de un grupo de gobernadores, algunos provenientes del peronismo, que deben ratificar su voluntad de ayudar al gobierno y encontrar eco entre los legisladores de sus provincias.
La sesión, si el oficialismo consigue quórum, sería el 8 o 9 de abril. “La Libertad Avanza necesita de los bloques aliados para lograrlo. Y hay siempre tensiones ahí, con el cumplimiento de acuerdos, compromisos. Hasta último momento siempre se especula con la posibilidad de que no lo logren”, resumió a este medio una fuente de Provincias Unidas.
Legisladores de ese mismo espacio que están en contra del proyecto agregan otro elemento que puede pesar en la votación final: las dudas de constitucionalidad que genera la reforma. “La inconstitucionalidad de la reforma que plantean es algo que a muchos les genera dudas para avanzar, más allá de que puedan estar de acuerdo en parte con el planteo. Eso también puede influir en el resultado final”, señaló la misma fuente.
¿En qué se basan los planteos de inconstitucionalidad?
La Ley de Glaciares vigente es una norma de presupuestos mínimos ambientales, dictada al amparo del artículo 41 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a fijar un piso común de protección para todo el país. Por eso, algunos legisladores y especialistas sostienen que si la reforma implica bajar ese nivel de tutela, el Congreso podría estar avanzando sobre un terreno jurídicamente delicado: en materia ambiental rige la idea de que el Estado no debe retroceder sin justificación muy sólida en estándares de protección ya alcanzados.
A eso se suma un segundo reparo técnico que también tiene traducción constitucional. Los críticos de la reforma entienden que el proyecto cambia la lógica de protección actual, porque en lugar de resguardar glaciares y ambiente periglacial de manera amplia y preventiva, avanzaría hacia un criterio más restringido, atado a la demostración concreta de su función hídrica o estratégica. Para quienes cuestionan el texto, eso puede chocar con el principio precautorio que estructura el derecho ambiental argentino: cuando hay riesgo de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no debería utilizarse para aflojar la protección, sino más bien al revés.
El tercer argumento apunta al equilibrio entre Nación y provincias. El oficialismo defiende la reforma con la idea de devolver margen de decisión a las jurisdicciones sobre sus recursos naturales, algo que también tiene base constitucional. Pero quienes ven problemas en el proyecto advierten que una cosa es reconocer el dominio provincial sobre esos recursos y otra muy distinta es vaciar de contenido un presupuesto mínimo nacional. Si la aplicación práctica de la protección queda demasiado sujeta a criterios provinciales o a interpretaciones más laxas, sostienen, el riesgo es que deje de existir un piso uniforme para todo el país y que la ley termine más expuesta a impugnaciones judiciales.
Este miércoles y jueves son en Diputados las audiencias públicas para discutir la iniciativa, en un clima ya atravesado por la polémica: hubo críticas opositoras y de organizaciones ambientalistas por las restricciones impuestas a la participación, luego de una inscripción masiva que, según distintos medios nacionales, superó ampliamente las previsiones oficiales. Esa tensión alimenta la idea de que el debate puede tener un costo político mayor al esperado para la Casa Rosada.
En este marco, si el gobierno logra ordenar a sus aliados y convertir en ley el proyecto, habrá mostrado que todavía conserva capacidad para construir mayorías en temas sensibles. Pero si se traba, quedará expuesto algo más profundo: que incluso en asuntos donde cuenta con respaldo empresario, afinidad ideológica de parte de sus socios y presión de gobernadores interesados en inversiones, la gobernabilidad parlamentaria sigue siendo frágil.
