La Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos o narco-test para todas las personas que ejerzan cargos públicos en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial. El tema ahora deberá ser analizado y votado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
El proyecto fue presentado por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, en julio pasado.
En su artículo 1, el proyecto establece “la obligatoriedad de la realización de exámenes toxicológicos -narco-test- destinados a detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales, para todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado de la Provincia de Santa Fe, durante el ejercicio de sus funciones".
De acuerdo con los senadores que avalaron la propuesta, la medida “se encuadra en una política pública integral de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ilegales, y se propone como herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la ejemplaridad, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la administración pública en general”.
#MediaSanción a la obligatoriedad en la realización de exámenes toxicológicos (narco-test), para todas las
personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado Provincial.— Cámara de Senadores (@SenadoSantaFe) August 27, 2026
La iniciativa surgió luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera a un narcotest y convocara a otros funcionarios de su gestión a realizarse controles similares.
La norma plantea que los exámenes sean obligatorios y gratuitos, con controles iniciales dentro de los 30 días de la asunción, pruebas periódicas al menos una vez por año, estudios aleatorios mediante sorteo y también ante denuncias fundadas. La aplicación deberá respetar principios como la confidencialidad, la dignidad, el derecho a defensa y la cadena de custodia.
El alcance del proyecto incluye al gobernador y vicegobernador, ministros y funcionarios del Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como miembros de organismos de control. También contempla que otros agentes públicos provinciales puedan someterse voluntariamente a los exámenes.
Ante un resultado positivo, la iniciativa prevé un abordaje interdisciplinario con asistencia y orientación, además de una evaluación sobre la aptitud para ejercer el cargo, con posibles medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas de carácter no punitivo. En cambio, la negativa a realizarse el examen sería considerada una falta grave y podría derivar en la suspensión preventiva, un sumario o la remoción, según los mecanismos legales vigentes.
