El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso una multa de 7,5 millones de reales (aproximadamente 1,3 millones de dólares) a la empresa Meta tras constatar el incumplimiento de diversas órdenes judiciales durante la campaña para la segunda vuelta presidencial. La medida alcanza a las principales plataformas del grupo tecnológico, Facebook, Instagram y WhatsApp, luego de que la autoridad judicial determinara que la firma entregó información fuera de plazo, de manera parcial o incompleta ante las solicitudes del cuerpo magistrado.
La causa tuvo su origen en una presentación efectuada por la coalición oficialista que encabezó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La denuncia señalaba la supuesta restricción en la difusión de publicaciones del espacio, el funcionamiento de cuentas no verificadas, la falta de etiquetado en contenidos generados mediante inteligencia artificial y un presunto tratamiento asimétrico en los algoritmos de las redes sociales en favor del candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro.
En la resolución adoptada por el voto favorable de siete ministros, el relator del expediente, el magistrado Marco Aurélio Bellizze, aclaró que la investigación no halló evidencias que acrediten una conducta deliberada de la empresa para favorecer a una propuesta electoral específica. No obstante, el ministro cuestionó la falta de transparencia de la firma y la entrega de documentación consolidada en idiomas extranjeros o mediante declaraciones de carácter genérico.
La fijación del monto económico se determinó mediante la evaluación global de la conducta de la compañía durante el tramo final del proceso electoral. El cálculo contempló tres jornadas con sanciones diarias de 500.000 reales entre el 17 y el 19 de octubre, junto a seis días consecutivos con multas de un millón de reales hasta el 25 de octubre, fecha en la cual Lula da Silva obtuvo la reelección presidencial.
Por su parte, el tribunal rechazó el pedido de la campaña oficialista para elevar las penalizaciones al considerar que el cierre del ciclo electoral volvió innecesario el incremento de los montos coercitivos.
