El paquete de medidas que desregula la economía es música para los oídos de buena parte del empresariado. Es por eso que el foco del análisis que está haciendo el sector por estas horas no solo está en el contenido de las reformas, sino que también está puesto en su implementación. Y ahí es cuando aparecen las dudas, y esa incertidumbre demorará decisiones de negocio ante el nuevo esquema.
Por un lado, el instrumento utilizado para concertar las reformas -un decreto- plantea dudas sobre la solidez jurídica para quienes tiene que tomar decisiones. Y no tanto porque el Congreso frente las reformas -lo que parece difícil por las mayorías que se requieren- sino por la judicialización.
Pero ese es solo uno de los escollos del primer análisis empresariado. El temor es que si las medidas se implementan por decreto de necesidad y urgencia dentro de cuatro años, un nuevo gobierno pueda borrar todo lo definido ahora de un plumazo. No se discute, entonces, el rumbo de las medidas, sino su legalidad.
Este peligro llevaría a muchas empresas a pensarlo dos veces antes de invertir o instalarse en el país, ante el peligro de una marcha atrás tan rápida como resultó la aprobación de este nuevo marco legal. Es que si las reformas por decreto se empantanan, también lo hará la economía.
Decretazo de Milei: desregulación económica y reforma del estado. Los detalles con @GalindezM3 pic.twitter.com/CzxRHiBsPS
— elTresTV (@elTresTV) December 21, 2023
Si bien hay muchas reformas que el propio mercado ya realizó de hecho -como la desregulación del turismo o los alquileres- hay otras (sobre todo las de legislación laboral) que no están consolidadas y por eso ameritan que las reformas queden firmes legalmente para que tenga efecto en la economía. Por eso, ahora en las empresas esperarán a ver sobre qué bases se asienta la desregulación. En definitiva, para el grueso de los empresarios los cambios que plantea el decreto son, en general, buenos, pero sin solidez jurídica van a ser difíciles de sostener y eso es lo que ven como malo.
“Se abre un escenario de mucha complejidad jurídica y política. El decreto se mete con atribuciones del Congreso, pero también con cuestiones vinculadas a las legislaciones provinciales. Si el cálculo político del gobierno para dejar firme las reformas le falla, la normativa puede quedar en un pantano difícil de salir”, señaló esta mañana a Radio 2 el analista político Carlos Fara.
Finalmente, si bien es cierto que -en su mayoría- el empresariado está en línea con la desregulación propuesta, también anotan que hay un gran ausente: incentivos para la inversión. Es que si bien el credo liberal entiende que con desregular mercados se generan los incentivos suficientes para producir más, no es menos cierto que -por el otro lado- el gobierno nacional les aumentó las retenciones a todas las exportaciones. Y la mayor presión fiscal nunca alienta las inversiones.
