Para lograr el riguroso superávit fiscal que anuncia el Tesoro todos los meses, el equipo económico del Gobierno nacional debe recurrir, en ocasiones, a prácticas más heterodoxas. Entre ellas, se encuentra el retraso en los pagos a los proveedores, que en este caso son las productoras de gas.
A la fecha, el Ministerio de Economía adeuda al sector el 45% de la factura de gas correspondiente a junio, lo que equivale a $150.000 millones, o US$105 millones al tipo de cambio mayorista del Banco Nación ($1430).
Hoy, además, vence la factura de julio, el mes de mayor consumo de gas, con un gasto de $360.000 millones, equivalente a US$250 millones. En total, se trata de US$350 millones que afectan de manera directa la liquidez de las empresas.
En agosto pasado, las compañías ya habían presentado un reclamo conjunto por esta situación, luego de cursar previamente intimaciones individuales a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), encargada de administrar los contratos del Plan Gas.Ar, el programa que garantiza un precio mínimo por la producción nacional de gas.
A través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (Cade), que nuclean a las principales productoras del país, se enviaron cartas a los secretarios de Energía, María Tettamanti, y de Hacienda, Carlos Guberman, en las que advertían que las deudas “ponen en riesgo los planes de inversión”.
Entre las empresas figuran YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. Las productoras sostienen que la falta de respuesta y la magnitud de los atrasos comprometen la hoja de ruta de inversiones prevista en el marco del plan.
“La reiteración de estas faltas impacta severa y negativamente en el flujo de fondos previsto para las inversiones de nuestros asociados”, señalaban las cartas de reclamo.
El enojo de las compañías no solo se centra en el atraso de los pagos, sino también en que el Tesoro no reconoce los intereses por mora ni las penalidades derivadas de los incumplimientos de las cláusulas take or pay (tomar o pagar) previstas en los contratos y que establecen compensaciones cuando la demanda no alcanza los volúmenes comprometidos por la empresa compradora.
En su momento, el Gobierno explicó que, a medida que mejorara la recaudación impositiva, liberaría los fondos para regularizar los pagos. El problema fue que, en septiembre, la recaudación cayó 8,9% interanual en términos reales, entre otras razones, por la decisión del equipo económico de eliminar de manera transitoria las retenciones al agro (los ingresos por derechos de exportación cayeron 21%).
“La foto es mala y la película es peor”, dicen en el sector, ya que en noviembre y diciembre también vencerán facturas con montos elevados, correspondientes a los consumos de agosto y septiembre.
