La provincia de Santa Fe atraviesa horas decisivas en materia industrial, marcadas por el cierre definitivo de la planta de producción de caucho sintético de Pampa Energía en Puerto General San Martín. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), Mauricio Brizuela, advirtió sobre el impacto de la medida patronal que deja a 130 familias directas sin sustento.
El conflicto central radica en la ex Pasa Petroquímica, con 60 años de historia en el cordón industrial y la única en su rubro a nivel nacional. Según detalló Brizuela e diálogo con De 12 a 14 (El TRes). la decisión de la empresa fue comunicada de forma abrupta a los trabajadores, quienes tendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo para buscar soluciones. “Ayer aparecieron con una reunión, pensamos que era una de las tantas que venimos teniendo y avisándonos que van a dejar de producir, que ya la planta no arranca más”, explicó el dirigente sindical sobre el encuentro que sentenció el destino de los operarios, muchos de ellos fuera de convenio.
El impacto de las importaciones
Para el referente gremial, el escenario actual responde directamente a las políticas macroeconómicas a nivel nacional. “Hay una problemática real sobre la producción del caucho desde que llegó este gobierno abriendo las importaciones”, argumentó.
En ese sentido, vinculó la situación con la retracción general del sector automotriz y de firmas vinculadas como Fate o Cabot, recordando como un “déjavu” lo ocurrido previamente con la empresa Dow.
La baja demanda interna fue esgrimida por la gerencia como el detonante del cese de actividades. “El mercado local está totalmente venido abajo, está consumiendo casi un 5, un 10 por ciento de la producción y dicen que los costos para exportar no le cierran y se cierra la única productora de caucho del país”, lamentó Brizuela.
Además, denunció que la compañía busca evitar despidos formales para desligarse del conflicto. “Iban a empezar a invitar a todos los compañeros a un retiro forzado, voluntario, porque le están dando por arriba de las indemnizaciones”, apuntó el gremialista, tras recordar que se trata de mano de obra calificada con operarios de entre 40 y 60 años a los que se les dificultará la reinserción en el mercado.
