La iniciativa del Gobierno nacional para modificar el actual esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) generó el rechazo de las entidades del campo vinculadas a la producción ganadera y de la industria frigorífica, que emitieron un comunicado. La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, sintetizó la posición de las entidades en diálogo con Radio 2 y además pidió mantener el trabajo del Senasa.
La dirigente rosarina explicó que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sostiene gran parte de la promoción de la carne argentina en el mundo y también contribuye, en un porcentaje, al trabajo del Senasa.
“En las principales ferias y congresos internacionales, una parte importante del stand argentino es financiada por el propio IPCVA", ejemplificó la dirigente en diálogo con el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde).
"Lo que plantea el anteproyecto es que el aporte deje de ser obligatorio y pase a ser voluntario. Ahí aparece una posición dual. En general, los ganaderos no ven el beneficio del IPCVA, pero sí sienten el costo. Al productor se le descuenta automáticamente un porcentaje por cada venta de hacienda, mientras que la industria frigorífica también aporta otro porcentaje. En total son alrededor de 1.720 pesos por cabeza, aunque depende del peso y del valor del animal", detalló la dirigente ruralista.
Aramendi sostuvo que las entidades y el sector exportador sí valoran el trabajo del IPCVA y lo ven desde otro lugar.
“El productor quisiera que un aporte compulsivo estuviera destinado a un verdadero plan de políticas públicas agropecuarias. En Brasil ocurrió algo parecido: primero hubo un sistema obligatorio que permitió desarrollar una estrategia de largo plazo y, cuando ese modelo fue exitoso, se eliminó la obligatoriedad", dijo la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario.
"Hay preocupación porque una medida de este tipo termine provocando la desaparición de organismos, como también podría ocurrir con Coviar en la vitivinicultura. Sin embargo, los ganaderos, en términos generales, apoyan eliminar el cobro compulsivo porque nunca terminan de ver el beneficio directo", reconoció Aramendi.
Sostener al Senasa
En la entrevista, Aramendi también sostuvo que es “indispensable” mantener el Senasa.
“Se necesitan controles sanitarios, de trazabilidad y de calidad. Hoy muchas responsabilidades recaen sobre el productor, pero igualmente hace falta que el Estado controle, somos hijos del rigor”, dijo.
La carne se volvió gourmet
La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario se refirió además a la baja en el consumo de carne vacuna en el mercado interno y la vinculó a una tendencia mundial.
“La carne vacuna hoy tiene otro precio y estamos yendo hacia una producción más gourmet, una tendencia que también se observa en el resto del mundo. Mientras tanto, el pollo y el cerdo se consolidan como las carnes de consumo más masivo. La carne en el mundo vale y eso termina convirtiéndola en un producto gourmet. En la Argentina históricamente fue un alimento popular, pero esa realidad está cambiando y ahora vamos hacia la tendencia mundial, donde la carne vacuna es gourmet y el pollo es de consumo popular", expresó.
El proyecto del gobierno
El Gobierno nacional impulsa un cambio en el funcionamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mediante un anteproyecto que modifica la ley que creó el organismo.
La principal medida consiste en eliminar, desde el 1° de octubre de 2027, los aportes obligatorios que actualmente realizan productores ganaderos y frigoríficos para financiar sus actividades, con la intención de que esas contribuciones pasen a ser voluntarias.
La iniciativa también establece que el Senasa y la Secretaría de Agricultura dejen de recaudar esos fondos y eliminen los mecanismos administrativos vinculados a ese sistema. Aunque el proyecto todavía no fue enviado al Congreso y forma parte de un borrador de la Ley de Desregulación, ya generó un fuerte rechazo entre las entidades del sector.
Productores y frigoríficos sostienen que el principal efecto de la reforma sería la desfinanciación del IPCVA, ya que el organismo se sostiene exclusivamente con esos aportes privados. Según explicaron, la contribución equivale a unos $1.200 por animal faenado, un costo que consideran bajo en relación con los beneficios que aporta el instituto a toda la cadena cárnica.
Las entidades advierten que, si el financiamiento pasa a ser voluntario, podrían verse afectadas las campañas de promoción de la carne argentina en el exterior, la apertura de nuevos mercados de exportación, el trabajo sanitario coordinado con el Senasa y el posicionamiento internacional de la marca "Carne Argentina". También remarcan que los principales países competidores, como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido, cuentan con organismos similares financiados mediante mecanismos estables y, en algunos casos, con apoyo estatal.
Por ese motivo, las organizaciones del sector consideran que la modificación pone en riesgo una herramienta clave para la competitividad de la carne vacuna argentina y sostienen que un esquema de aportes voluntarios podría comprometer la continuidad y la capacidad operativa del instituto.
Ante la difusión pública del anteproyecto de ley elaborado por el @MinDesreg_Ar y Transformación del Estado, que propone modificar el actual esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ( @IPCVA), las entidades firmantes expresan: pic.twitter.com/0mt1Y1IPKS— CONINAGRO (@CONINAGRO) July 22, 2026
