La Bolsa de Comercio de Rosario suspendió este miércoles a la exportadora local Díaz y Forti como operadora del mercado físico de granos. La Mesa Ejecutiva de la entidad, que preside Daniel Nasini, tomó la decisión de correr de manera preventiva a la empresa del mercado hasta que normalice sus liquidaciones de exportaciones.

Precisamente, a pedido del Banco Central, Díaz y Forti había sido suspendida en diciembre por el Ministerio de Agricultura de la Nación del Registro de Operadores del Mercado de Granos (Ruca) por inconsistencia en las liquidaciones de exportaciones. De esa forma, la empresa no puede comprar, procesar y exportar granos. 

Según las autoridades oficiales, la empresa no había ingresado el 90% de los dólares que cobró por despachos de granos al exterior. Incluso, la Justicia federal rechazó una medida cautelar que interpuso la empresa para que la dejen volver al ruedo mientras acomoda su desfasaje, que para el Banco Central es de u$s450 millones.

En Díaz y Forti, que es parte del Grupo Olio, sostienen que si les permiten volver a operar (y así recuperar el giro comercial) están en condiciones de encuadrar su situación, y de hecho presentaron un plan para hacerlo.  Es más, Díaz y Forti tiene sus cuentas al día con sus clientes, y pese a que dejó de operar, cumplió normalmente con todas sus obligaciones contractuales con sus proveedores. 

El Banco Central investiga si Díaz y Forti en vez de ingresar los dólares por las exportaciones por los carriles autorizados (vía bancos y por ende a una cotización de dólar oficial) lo hizo por operaciones bursátiles, que en la práctica le permitían cobrar en base a la cotización del dólar financiero ("contado con liqui", en la jerga), una diferencia que explicaría cómo apalancó su fuerte crecimiento en los últimos años.

Por el contrario, la empresa sostiene que su accionar se ajusta a derecho y que los retrasos en las liquidaciones eran corrientes en todo el sector hasta que el Banco Central se puso firme sobre fin de año y ellos, a diferencia de los traders multinacionales, no tuvieron posibilidad de acomodarse tan rápido y por eso quedaron en off side frente al resto de los exportadores. También sospechan que el Banco Central les avisó antes a los exportadores multinacionales de los cambios en las exigencias.

Por lo pronto, la sanción del gobierno -y ahora de la Bolsa de Comercio de Rosario- tiene fuerte impacto en Vicentin, ya que Díaz y Forti opera a fazón en su complejo fabril de San Lorenzo y ese contrato es clave para que la aceitera santafesina siga teniendo ingresos. En efecto, hasta diciembre Díaz y Forti tenía un contrato para operar hasta 200 mil toneladas al mes, que -incluso- este año se ampliaba a 300 mil toneladas.

Ese contrato, además de mantener activas las plantas sanlorencinas, también supone un mojón para evitar que Vicentin vaya a desguace y pueda ser ubicada a un comprador final, posibilidad que el grupo Olio siempre sobrevoló y nunca lo ocultó.  Es más, en Díaz y Forti sostienen que son los principales exportadores de cereales los más interesados en lograr que Vicentin cierre sus puertas (y sus activos vayan a desguace) porque de esa forma bajaría de manera substancial la capacidad industrial ociosa que hoy estresa las cuentas de los traders.

Lo cierto es que sin ese fazón, se complica seriamente la situación de Vicentin. Y es que si bien consiguió un contrato a fazón con ACA, que es su principal acreedora comercial en el concurso, involucra -al menos por ahora- sólo 80 mil toneladas. Que ACA se convierta ahora en el respirador artificial de Vicentin aparece, entonces, una posibilidad a explorar por la malograda aceitera local. Con todo, entre los principales acreedores, hasta ahora ACA (si bien fue el menos combativo, e incluso no presentó denuncias penales) siempre se mostró bien distante a la posibilidad de quedarse con la empresa. 

En lo fundamentos de la decisión de la Bolsa, a los que tuvo acceso Rosario3, se indica que el Ministerio de Agricultura detectó presuntas irregularidades en la liquidación de divisas originadas en exportaciones, la cuales podrían haber vulnerado la Ley Nº 19.359. Según se relata, el 30 de diciembre de 2020 la Bolsa cursó un requerimiento a Fernando Jurado, presidente del Grupo Olio, el cual, a través de Díaz & Forti, opera las plantas industriales de San Lorenzo y Ricardone de la concursada Vicentin SAIC en el marco de un contrato de fasón, para solicitarle que informe “el volumen de las exportaciones concretadas durante el año 2020 (en toneladas) y su valor en dólares, con apertura mensual” y “los montos mensuales de liquidación de divisas por exportaciones a través del Mercado Único y Libre de Cambios”.

El 5 de enero Díaz & Forti respondió, "en cumplimiento de sus obligaciones asociacionales y reglamentarias", la solicitud de la Bolsa, pero se abstuvo de contestar el pedido de indagación realizado por la entidad rosarina, argumentando que la empresa “dará sus explicaciones ante la autoridad cambiaria y fundamentalmente ante el Poder Judicial de la Nación en ejercicio de sus derechos constitucionales”.

Ante esa respuesta, la Mesa Ejecutiva de la Bolsa resolvió suspender en forma preventiva a la empresa argumentado “la presunta falta de liquidación de divisas a través del Mercado Único y Libre de Cambios por cobro de exportaciones”, las cuales “cobran singular trascendencia, ya que las mismas podrían restar transparencia en el proceso de formación de los precios en el mercado físico de granos”.