La agrofinanciera Guardati Torti (GYT) logró la adhesión mayoritaria de sus acreedores a la propuesta de pago de su deuda defaulteada. En concreto, la empresa -que supo ser líder hasta que protagonizó una escandalosa caída en 2020- logró la adhesión del 75% del capital adeudado (que es de 200.717.671 pesos y 1.726.000 dólares) y más del 60% de la cantidad de acreedores. Así se lo informarán en las próximas horas al juez civil y comercial, Ezequiel Zabale, en busca de la homologación del acuerdo. El entendimiento se logró a días de que se le venciera, el lunes, el plazo de negociación concursal.

Según el convenio, la concursada ofreció como propuesta de acuerdo preventivo el pago del 100 % del monto de los créditos verificados y/o admisibles en pesos argentinos. El pago comprometido será efectuado dentro del año de que la propuesta concursal efectuada fuere homologada judicialmente

Para lograr el acuerdo fue clave que la empresa disponga ajustes a la propuesta pedida por los acreedores en temas claves como acortar el plazo de pago y garantizar la seguridad del cobro. Para eso se eliminó la intermediación propuesta originalmente de un fideicomiso y, como propuesta superadora, para apurar y garntizar pagos se estableció que a los 10 días de homologarse el acuerdo se estarán vendiendo las acciones que tiene en el mercado de futuros Matba-Rofex (tiene unas 446 mil por algo más de $100 millones); en 30 días las acciones notariales que tiene en Bioceres y en 120 días debe vender sus inmuebles, como la oficina que tiene en la torre Nordlink. El cambio que hizo GYT de asesoría legal en materia comercial fue clave para lograr el entendimiento con sus acreedores.

También hay novedades en el frente penal. En el marco de la causa penal, otro punto importante fue que GYT tomó un compromiso de resarcimiento económico con unos 78 clientes que operaban en Bolsa con ellos y que los habían denunciado a la firma por quitarles los saldos de sus cuentas corrientes en plena corrida, supuestamente para intentar contener el rojo de sus negocios cerealistas. Maniobra por la que quedaron imputados por estafa.

“Se dieron cuenta que debían resarcir a las víctimas por los daños provocados. Y por eso los imputados firmaron un convenio en el que reconocieron los perjuicios generados. Y así abonaron una indemnización por los daños provocados”, explicaron los abogados Mariano Pujol y Guillermo Mionnet, que representaron a 78 acreedores estafados.

En el frente penal, además el jueves, la fiscalía y la defensa de los empresarios acordaron que uno de los socios de GyT, Ángel Torti, obtenga el beneficio de terminar con domiciliaria la prisión preventiva de 90 días, un beneficio similar al que obtuvo la semana pasada el otro titular de la firma, Juan Carlos Guardati. En el caso de Torti se evaluó su edad y las alternativas ofrecidas por la defensa (detención domiciliaria con monitoreo con tobillera electrónica y con monitoreo remoto a través de cámaras de seguridad). Según se acordó, el juez Hernán Postma avalará el acuerdo en una audiencia prevista para el lunes próximo.

Los avances en ambos frentes mejoran la situación de GYT, pero lejos está de solucionarse la situación para el directorio, que además está imputado por administración fraudulenta. En el lado penal, la investigación de la fiscalía de Delitos Económicos Complejos está muy avanzada contra los empresarios y además hay otros 70 acreedores que no acordaron un convenio de resarcimiento penal por las estafas que denunciaron. Y en el frente comercial, ahora tiene que hacer frente en la Justicia el default de su acopio (GYT Plus), que quedó debiendo unos $2,500 millones de pesos.