El empresariado tomó nota del revés político que sufrió el gobierno nacional en su por ahora fallido intento por desregular el servicio de practicaje en el transporte fluvial, sobre todo porque -concluyen- fue en gran medida producto de la propia estrategia utilizada para avanzar con un reclamo del sector logístico.
Los prácticos son los profesionales que suben a bordo de los buques para asesorar al capitán del barco durante maniobras complejas o tránsitos por pasos complicados, por lo que tienen un papel fundamental para la seguridad en la navegación. Hasta los 90 eran parte del aparato estatal, pero el gobierno de Carlos Menem los derivó a la órbita privada y allí se convirtieron en muy bien pagados proveedores de servicios privados independientes contratados por las agencias marítimas.
La histórica crítica que hacen en puertos, navieras y exportadores es que el marco normativo diseñado para regular el practicaje se llenó tantas exigencias que encareció por demás el costo del servicio, asegurando que quedó dos o tres veces más caro que en países de la región. También hay muchas sospechas sobre la existencia de millonarios “negocios conexos” en manos de los prácticos habilitados por esas regulaciones.
Sobre los costos, los prácticos se defienden diciendo que la afirmación de que son mayores en Argentina porque se ls compara con puertos oceánicos de la región de acceso más sencillo como Montevideo o algunos del sur brasilero. Pero al hacer la comparación correcta técnicamente, que sería hacerlo con sistemas fluviales similares en complejidad, por ejemplo el Mississippi, el practicaje en Argentina tiene tarifas competitivas.
La semana pasada -por un decreto de autoría del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger- se dispuso la desregulación del servicio para lograr la baja de costos, activando una lock out de los prácticos que paralizó por varios días el comercio exterior, afectando 150 barcos, y que recién se resolvió el martes por la tarde con la suspensión del decreto a cambio de una baja del 20% de la tarifa y la promesa del armado de una mesa de negociación para avanzar en cambios a la regulación.
En primer lugar, y no menor, se trata del primer decreto que le voltean al presidente a través de una protesta sin recurrir a la Justicia. El revés político lo sufre el propio Sturzenegger, ideólogo y ejecutor del decreto suspendido, y también marca un precedente del que ya tomaron nota en el sector empresario, de cara a las próximas desregulaciones que el gobierno tiene en carpeta. ¿Cuál es la conclusión? El gobierno dio muestras de pragmatismo para solucionar un conflicto. Para una administración con tanta carga ideológica, tomar una decisión de ir marcha atrás en un combate para evitar un conflicto mayor no es un tema menor.
Es más, a la derrota también la celebraron algunos funcionarios del propio gobierno nacional muy distantes de algunas iniciativa, pero sobre todo de las estrategias, que Sturzenneger le lleva de manera directa al presidente Javier Milei para avanzar con desregulaciones.
También fue muy criticado Sturzenegger en el propio sector empresario que venía reclamando la desregulación que contenía el decreto. Y es que vieron que el texto no había sido consultado ni siquiera con los propios operadores privados interesados en los cambios, como quedó expuesto -por ejemplo- cuando disponía que los servicios de practicaje podrían ser prestado por la Prefectura y la Armada, algo que cualquiera que esté vinculado a la logística portuaria sabe que es impracticable porque su personal no está preparado.
¿No hubiese convenido sacar el decreto, marcando así la cancha, pero con un plazo para discutir su implementación y allí buscar hacerla viable y aplicable, en vez de ir por todo con un decreto inconsulto de aplicación inmediata que activó una protesta que terminó haciendo caer toda la desregulación pretendida?, era ayer pregunta repetida entre empresarios del sector.
Hombres de negocios que ahora ven como poco probable que, más allá del anuncio de la mesa de negociación, se avance en serio con los cambios en la normativa que impulsen un fuerte baja en serio el costo.
Y es que la anunciada baja de la tarifa del 20% tiene sabor a poco para un sector que enfrenta un costo de practicaje hasta dos o tres veces más caro que en países de la región. Y si bien el compromiso tomado por los referentes del practicaje le sirve al gobierno para mostrar que, en la práctica, es un servicio "carterizado", habrá que ver si la rebaja se aplica efectivamente (íntegra o en parte) porque es un régimen que no tiene precios regulados o fijos sino que surgen de la negociación entre oferta y demanda.
¿Tan solo fue un anuncio «pour la galerie»?
