La Fundación Apertura, que reúne a empresarios de la región, impulsa la sanción de una ley provincial de promoción para inversiones que genere incentivos a la concreción de grandes y medianos desembolsos. Este anteproyecto, diseñado por la Fundación Apertura, tiene como objetivo principal modernizar el marco normativo de la provincia (reemplazando una ley vigente desde 1979) para atraer, radicar y expandir inversiones productivas en el territorio de Santa Fe.
Una de las mayores innovaciones es que deja de tratar a todas las empresas por igual y divide el acceso en dos regímenes complementarios.
- Track MiPyMEs (Régimen General): Dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas. Es un esquema automático, con plazos fijos y beneficios predeterminados directamente por la ley para dar previsibilidad.
- Track Grandes Inversiones (Régimen Contractual): Diseñado para inversiones de gran envergadura (o infraestructura digital y energías renovables estratégicas). Funciona mediante un contrato negociado con el Gobierno provincial que ofrece un menú amplio de incentivos.
A diferencia de la ley anterior, que solo cubría a la industria manufacturera tradicional, este proyecto incorpora sectores modernos clave como Industria manufacturera y agroindustria, Economía del Conocimiento (software, inteligencia artificial, biotecnología, robótica), Economía Naranja (industrias culturales, diseño, videojuegos, producción audiovisual), Infraestructura productiva crítica (Data Centers, telecomunicaciones y energías renovables). Logística, reciclado, economía circular y servicios de alto valor agregado para la producción.
En lo que respecta a Incentivos fiscales, el beneficio central es un crédito fiscal equivalente al 25% del monto invertido, aplicable directamente en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IB). También incluye exenciones en los impuestos de Sellos, Inmobiliario, y a la Energía Eléctrica y Gas Natural de red vinculados a la producción.
Y para Grandes Inversiones, el beneficio definitorio es la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad promovida durante la vigencia del contrato, buscando competir con el RIGI nacional y los esquemas de provincias vecinas.
En materia de empleo, otorga un subsidio mensual por cada nuevo puesto de trabajo formal generado durante los primeros 5 años.
Este monto base se incrementa un 50% si es en zonas prioritarias, un 100% si la empresa es exportadora, y un 20% adicional por inclusión de género, jóvenes o personas con discapacidad.
También tiene un capítulo energético al ofrecer una ayuda económica decreciente durante 5 años (25% los dos primeros años, 15% el tercero y cuarto, y 10% el quinto) para cubrir los costos del incremento del consumo eléctrico de las MiPyMEs.
El plazo base de los beneficios fiscales oscila entre 10 y 15 años para empresas nuevas (dependiendo de si se instalan en Parques Industriales o Zonas de Desarrollo Prioritario), y entre 2 y 12 años para empresas existentes que amplíen su capacidad. Se pueden sumar años adicionales de beneficios por cumplir metas de:
- Exportación: Hasta 4 años más.
- Inversión en I+D (Investigación y Desarrollo): 1 año más.
- Desempeño ambiental (reducción del 20% de huella de carbono, agua o residuos): 2 años más.
- Pertenecer a un Clúster Productivo reconocido: 1 año más.
- Límite: En ningún caso el beneficio total puede superar los 18 años.
El ante proyecto también busca reactivar las regiones con menor desarrollo relativo mediante mayores plazos de exención y subsidios al empleo sustancialmente más altos.
En lo referente a las exigencias ambientales, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente es obligatorio. Si una empresa incurre en infracciones ambientales graves, pierde de inmediato todos los beneficios de la ley.
El proyecto propone un trámite 100% digitalizado, rápido, con un plazo de resolución corto (30 días en el cuadro comparativo) y mecanismo de aprobación tácita para dar certeza al inversor (si el Estado no responde a tiempo, se aprueba).
En el proyecto se dispone que las grandes inversiones pueden solicitar cláusulas que garanticen que no se les aumentarán los impuestos provinciales vigentes ni se crearán nuevos tributos que graven su actividad durante el contrato. Para blindar estos acuerdos y evitar la discrecionalidad, los contratos de más de 10 años o con estabilidad fiscal deben ser ratificados por ley en la Legislatura Provincial.
En resumen, el proyecto busca pasar de un sistema burocrático, discrecional y limitado a la manufactura, a un modelo moderno, predecible, enfocado en el empleo de calidad, la tecnología, la sustentabilidad y el equilibrio geográfico de Santa Fe
