La investigación judicial sobre los bienes del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un avance clave luego de que el fiscal Gerardo Pollicita confirmara la consistencia de la documentación aportada en la causa. Los comprobantes suministrados por el contratista Matías Tabar se corresponden de manera exacta con los 245 mil dólares que el propio constructor declaró haber percibido por las tareas de refacción en la propiedad del funcionario nacional, ubicada en el country Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz.
El avance se produjo tras la presentación espontánea de Tabar el pasado viernes ante la fiscalía con sede en los tribunales de Comodoro Py. En esa oportunidad, el profesional entregó una serie de documentos que respaldan las adquisiciones a diferentes proveedores, así como los pagos destinados a la mano de obra durante el desarrollo del proyecto.
La totalidad de los recibos y las facturas presentadas coincidieron con el monto que había consignado originalmente en su testimonio.
Frente al fiscal Pollicita, Tabar ratificó que esa suma representó el costo global de la obra. Asimismo, precisó que todas las transacciones se efectuaron en efectivo y sin la emisión de facturas, al tiempo que aportó precisiones cronológicas sobre la ejecución de los trabajos y la dinámica de los pagos.
De acuerdo con el relato del contratista, las reformas demandaron un lapso de casi diez meses, desarrollándose entre septiembre de 2024 y julio de 2025. A lo largo de ese tiempo, se realizaron modificaciones en diversos ambientes del inmueble, el cual está implantado sobre un terreno de 400 metros cuadrados. El detalle de las tareas incorporadas al expediente incluye la colocación de nuevos pisos, reformas integrales en la cocina y los baños, el armado de muebles para el sector del quincho y el reacondicionamiento de la piscina.
Tabar, quien forma parte del estudio Alta Arquitectura, aseguró que las erogaciones del proyecto fueron cubiertas íntegramente por Adorni. La cancelación del monto se estructuró en dos tramos: un desembolso inicial de 55 mil dólares en el transcurso de 2024 y un pago complementario por los 190 mil dólares restantes durante el año 2025.
En su declaración, el arquitecto refirió además que, mientras se llevaban adelante las refacciones en la finca principal, el jefe de Gabinete optó por alquilar otra propiedad residencial dentro del mismo barrio cerrado.
Esa locación temporal demandó un desembolso extra de 13 mil dólares por el período en que se extendieron las obras edilicias.
Como parte de su colaboración con la pesquisa, el testigo puso a disposición de la Justicia su teléfono y aportó la nómina del personal que prestó servicios en la vivienda de descanso, la cual había sido adquirida hacia finales de 2024 por el portavoz gubernamental y su cónyuge, Bettina Angeletti. El listado comprende a los operarios de distintos rubros, tales como albañilería, plomería y electricidad, datos que los investigadores utilizarán para reconstruir los flujos financieros y corroborar la veracidad de los pagos informados.
El testimonio recolectado forma parte de un expediente penal que tiene como objeto de estudio el origen de los recursos económicos empleados por el ministro coordinador para la compra y el posterior mejoramiento de sus activos inmobiliarios. La finalidad de las autoridades judiciales se centra en determinar si el volumen de los gastos verificados guarda consistencia con las declaraciones juradas de ingresos presentadas por el funcionario en el último tiempo.
