El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que declaró inconstitucional el tope fijado por la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial. Lejos de alarmarse por el impacto financiero que la medida podría tener sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones, el funcionario relativizó los números y apuntó de lleno a la cuestión moral. En ese sentido, cuestionó los amparos presentados por exfuncionarios, legisladores y magistrados para seguir cobrando sumas millonarias, en un contexto de crisis que afecta a los trabajadores estatales de toda la provincia.
La resolución del máximo tribunal provincial, dictada en votación dividida, echó por tierra el tope jubilatorio estipulado en la ley para las pasividades más altas. Sin embargo, los jueces evitaron pronunciarse sobre el aporte solidario voluntario, por lo que derivaron ese reclamo específico al fuero contencioso administrativo para su resolución.
Olivares detalló, en diálogo con Radiópolis (Radio 2), que existen unos 50 reclamos judiciales activos contra la normativa vigente. Si bien muchos provienen del Poder Judicial, el ministro aclaró: "Hay casos que no son del Poder Judicial, sino que por otras circunstancias, sobre todo en virtud de cargos de designación política o legislativos, tienen interés en esta cuestión de los topes", precisó el titular de la cartera económica para no englobar a toda la estructura judicial.
El debate ético sobre los haberes
Para dimensionar la discusión, Olivares comparó los montos máximos locales con los nacionales, a cargo de la Ansés. "En Santa Fe estamos hablando de topes que están con la ley actual en 13 millones, mientras que el tope de las jubilaciones nacionales son de 2,8 millones aproximadamente", argumentó. En esa línea, remarcó con énfasis que la controversia no pasa por la sustentabilidad de la caja, sino que "mucho más impacto es con el reparto ético de cómo se hacen esos esfuerzos".
Cifras millonarias y exlegisladores en la mira
Tras las declaraciones del ministro de Economía, trascendió desde el Ejecutivo una nómina con los nombres de quienes litigan en los tribunales para mantener sus beneficios sin recortes. Entre ellos, figuran exlegisladores provinciales como Eduardo Di Pollina y Alejandra Vucasovich.
La revelación de estas cifras generó fuertes cuestionamientos en el debate público local, al contrastar una jubilación estatal de 18 millones de pesos con la realidad de los jubilados ordinarios, que perciben ingresos que rondan los 500 mil o 600 mil pesos y apenas logran cubrir sus necesidades básicas o medicamentos.
Esta situación expone la brecha existente entre los altos cargos políticos o judiciales y los aportantes comunes de la provincia, como docentes o policías, a quienes se les exige un esfuerzo extra para sanear el esquema solidario.
