Run Run: Airoldi denunció por lavado a Bioceres, escándalo judicial en Sancor y corralón y constructora con millones en cheques rebotados

• Denunciaron a todo el directorio de Bioceres SA por lavado de activos en la Justicia federal de Rosario. Se trata de la primera gran embestida judicial contra la defaulteada empresa de biotecnología, cuyo escandaloso y millonario default del año pasado expuso una compleja y oculta trama de sociedades en el extranjero a través de las cuáles se realizaban maniobras muy opacas de transferencias de fondos millonarios de la que fuera la gran estrella del firmamento corporativo agroindustrial.

La denuncia, presentada este viernes ante la oficina del titular de la delegación local de la Procelac, Juan Argibay Molina, fue patrocinada por los abogados Froilán Ravena y Renzo Biga, y quien denuncia es el reconocido empresario rosarino Sergio Airoldi, socio gerente de AIR SRL.

La denuncia va contra todo el directorio, incluyendo a Marcelo Adolfo Carrique (presidente del directorio), Aimar Dimo (vicepresidente), Federico Trucco (director titular y CEO de BIOX), Manuel Alberto Sobrado (director titular), Carlos Alberto Popik (director titular), Ricardo Luis Yapur (director titular), Enrique López Lecube (CFO del Grupo Bioceres al momento de la emisión de los pagarés), entre otros altos ejecutivos

¿Cómo dice Airoldi que fue la maniobra? Cuenta que entre abril y julio de 2024, la empresa tecnológica invirtió un total de USD 2.000.000 en pagarés bursátiles emitidos por BIOCERES S.A. en el Mercado Argentino de Valores (MAV). De ese monto, Bioceres solo abonó el primer vencimiento de USD 250.000, quedando un saldo impago de USD 1.750.000. Y para colmo, en marzo de este 2026, BIOCERES SA fue declarada en quiebra con un patrimonio neto negativo estimado en USD 110 millones.

Para Airoldi, hubo ocultamiento de la situación financiera delicada por la que atravesaba la firma. Y es que al momento de captar los fondos, BIOCERES S.A. proyectó ante el mercado una apariencia de alta solvencia basada en su balance consolidado al 30/06/2023 (que mostraba ganancias millonarias por incorporar resultados de otras firmas del grupo como BIOX). 

Sin embargo, denuncia, se ocultó que su balance individual reflejaba pérdidas severas y un deterioro progresivo (pérdidas de $409 millones en 2023 que escalaron a más de $5.283 millones en 2024), con ingresos operativos que ni siquiera cubrían los gastos de administración.

Pero también hubo vaciamiento previo, denuncia. En efecto, a partir de 2021, mediante una reorganización societaria interna, BIOCERES S.A. transfirió activos estratégicos y generadores de caja (valuados en USD 76 millones) a su controlante en el Reino Unido (Bioceres Group PLC). A cambio, recibió créditos "intercompany" a plazo cuya cobrabilidad posterior fue nula. Esto privó a la firma local de flujos económicos (como los dividendos de la firma Agrality S.A.) para responder ante futuros acreedores, dejándola como un mero "envase formal" de endeudamiento.

Todo esto generó una omisión de un pasivo contingente millonario. Y es que antes de emitir los pagarés, el directorio de BIOCERES S.A. constituyó a la empresa como fiadora, lisa, llana y principal pagadora de una deuda de USD 144.000.000 contraída por otras firmas del entramado (Bioceres LLC y THEO I SCSp). Este compromiso (que representaba el 288% de su patrimonio neto individual) fue omitido deliberadamente en la información financiera puesta a disposición del mercado de capitales.

Para Airoldi, todo esto generó el desvío de los fondos captados. Y es que tras recibir los USD 2.000.000 del mercado, los fondos no se aplicaron al giro ni a la liquidez de BIOCERES S.A. Según actas de directorio de 2024 y 2025, los recursos fueron transferidos de inmediato a favor de otras entidades del grupo (SF500, GentleFarming, Heritas y THEO I SCSp) para capital de trabajo o cancelación de deudas ajenas.

A todo esto, también hay inconsistencia documental porque en el balance de 2025 se informó una "recepción de acciones propias" supuestamente ocurrida en diciembre de 2024, mediante la cual BIOCERES S.A. canceló créditos contra su controlante por USD 54,4 millones a cambio de sus propias acciones (un activo de nula utilidad para los acreedores). Existen inconsistencias documentales ante organismos internacionales (como la SEC y el Nasdaq) que sugieren que esta operación fue registrada con fecha alterada (anterior a la real) para simular regularidad antes de la quiebra.

¿Cómo se cerró la maniobra? La quiebra autopeticionada se denuncia como el eslabón final programado para consolidar el perjuicio a los inversores locales. Mientras los acreedores en Argentina quedaron desamparados, la desconsolidación de la empresa generó ganancias contables millonarias (USD 100,8 millones) para otras estructuras del entramado en el exterior, como Moolec Science S.A.

Por todo esto, la denuncia por lavado de activos también es por otros delitos precedentes como estafa, administración fraudulenta y también insolvencia financiera.

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• Cambiamos de marca líder, pero seguimos en la ruta de los grandes escándalos judiciales. Es que muchas cosas, por lo menos llamativas, están ocurriendo con la quiebra de SanCor. 

Formalmente, la novedad es que esta semana se conocieron las tasaciones oficiales, definidas por la Justicia, de los activos de la láctea. Se subastarán en 7 lotes independientes (6 plantas más las marcas y los activos intangibles) por un total de u$s52M. 

Lo más valioso: las marcas se tasaron a u$s24.7M (incluye SanCor, Mendicrim, Quesabores, Tholem, San Regim, Santa Brígida y Chelita). La usina mejor tasada, en unos 7 millones de dólares, fue Planta Devoto, en la provincia de Córdoba.

Pero toda la atención se la llevó lo que ocurrió con la planta de Sunchales, que por el incendio ocurrido se le bajó un 20% el valor de la tasación, quedando en u$s2.4M. 

Veamos: el 5 de junio la sindicatura y la coadministración presentaron el proyecto de pliegos que sugirió la estructuración de la venta como terminó saliendo. A los dos días, el 7 de junio, se incendió la planta de Sunchales, y a los dos días, el 9 de junio, la sindicatura y la coadministración ya le bajaron el 20% del precio a ese activo y presentaron la valuación de los bienes. Y el jueves pasado, el 11 de junio, ya salió la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4.ª Nominación de Rafaela, a cargo del magistrado Marcelo Gelcich.

 ¿Hubo tiempo para analizar la valuación correcta de los bienes? Por caso, en la última valuación, que fue en 2017, las marcas valían u$s57M de dólares y ahora bajaron a u$s24.7M. ¿Tanto se devaluaron? Es más: ¿Hubo tiempo para calcular bien el impacto del incendio? Parece que más bien fue inexistente el plazo y sorprende la velocidad con que el incidente se plasmó en el pliego de bases y condiciones. 

El incendio es todo un tema. Hay sospechas, en base a registros fílmicos, de que pudo ser provocado intencionalmente desde adentro.Pero no solo eso; la resolución del juez Gelcich se tomó sin que estuviera constituido el Comité de Control (tres de los acreedores quirografarios más importantes y uno por los trabajadores).

Y además, uno de los síndicos dejó asentado que fue excluido por el juez en las tareas de investigación de lo ocurrido en el incendio, mientras que quienes debían resguardar los activos de la empresa siguen en esa posición. El gran problema es que todos estos raros hechos impactan negativamente en las posibilidades de cobro de los acreedores.

Ampliaremos.

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• Vuelta de página. Aumenta el malestar de los acreedores de las distintas empresas del grupo desarrollador inmobiliario nucleado en torno a la marca Terraz, y que tiene como figuras visibles a Franco y Ariel Corralini y a Gustavo Avena.

Cuando en diciembre del año pasado comenzaron los ruidos financieros, una de sus empresas, Emporio Port, acumulaba cheques devueltos sin fondo por $335.336.814, según el registro del Banco Central

.El argumento era que la incursión por la obra pública en la provincia de Buenos Aires estaba resultando fallida por la falta de pago del gobierno bonaerense en un contrato ganado para levantar 66 viviendas sociales en un predio de 5 manzanas en la localidad de Colón. 

Por aquel entonces existía la promesa de un pronto pago a proveedores de la obra y además el anuncio de un plan de reestructuración. Pero la situación no hizo más que empeorar en los primeros 6 meses del año.

Empezaron a aparecer cheques devueltos a proveedores que nada tenían que ver con la obra pública, sino que estaban vinculados a sus negocios privados, y se registraron retrasos en las entregas comprometidas de departamentos (con algunos edificios directamente parados). 

También brindó nuevas explicaciones sobre las razones de los incumplimientos (llegaron a culpar al corralón Razzini, señalamiento que su propia dueña rechazó) y muchas promesas de pago que no se cumplían.

Hay que aclarar que también hubo algunos acreedores que cobraron; por ejemplo, un importante financista con el que acomodaron los números entregándole propiedades. Pero fueron convenios muy puntuales.

Para colmo, el gobierno de Buenos Aires, finalmente, le rescindió el contrato de la obra pública en Colón a Emporio Port por reiterados incumplimientos y retrasos, y hasta les prohibieron el ingreso al predio.

Fue así que esa deuda de 335 millones de pesos de diciembre no paró de acrecentarse: según los últimos números del Banco Central, ahora tiene cheques devueltos por $1.741.683.938. Casi dos mil millones de pesos en cheques sin fondos.

A ese pasivo hay que sumarle un préstamo con el Galicia por $9.899.000 en condición de irrecuperable, junto con uno por $26.206.000 con el Santander y por $272.532.000 con el Macro en situación 3, que sería “con problemas”. 

Es más, mientras que los inversores ven pocos avances en las obras, llega a oídos de los acreedores que el grupo estaría armando nuevas empresas, dejando caer las razones sociales en default.

Así y todo, no son pocos los acreedores que —con los dientes apretados— los siguen aguantando. Algunos porque esperan, casi sin fe, un milagro; otros porque ya están resignados a no cobrar y están queriendo dar vuelta de página. Pero también están los que todavía confían en cobrar. Interesante.

A todo esto, la presencia de allegados a los socios del grupo Terraz en la nueva asociación empresaria que se formó en Funes (“Empresarios por Funes”) provocó que algunos invitados rechazaran participar para no compartir espacios con ellos. Pero cuando la crítica por esas polémicas presencias llegó a uno de los hombres fuertes de ese nucleamiento, el industrial Néstor Rozzín, los bancó y sostuvo.

Ampliaremos.

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• La combinación de menores ventas y suba de costos afecta muy fuerte al sector de la construcción. Y ni operar en Funes, que vive un boom de inversiones, es garantía de quedar al margen de las tensiones del momento.

Por estas horas, hay mucho ruido en el ambiente en torno al corralón El Gallego Materiales, con un vistoso showroom ubicado en San Martín Bis 694 de la vecina localidad. Según la Central de Deudores del Banco Central, el autobautizado “supermercado de los materiales” acumula 154 cheques devueltos por falta de fondos por $361.411.122, la mayoría rebotados en las últimas semanas.

Las primeras explicaciones que reciben los acreedores, cada vez más molestos, hablan de problemas entre los tres socios más que de una cuestión del negocio, pero lo cierto es que algunos de ellos ya no suelen frecuentar los lugares que frecuentaban, mientras que otros están haciendo frente a los impagos intentando bancar la parada.

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• En ese marco, un sector al que hay que prestarle real atención es al de las constructoras que entregan casas llave en mano, sobre todo en loteos para segmentos medios. Y es que se están registrando muchos incumplimientos.

Un caso que está empezando a hacer ruido es el de Proyecto PH SRL, que con sede en Rosario, tras incursionar por Funes y Roldán apostó a la zona sur (sobre Pueblo Esther) con un sistema llave en mano con el 60% del costo financiado. 

Lo que ocurre es que viene sumando clientes que se quejan de que llevan más de un año y medio de retraso en la entrega de las propiedades y de que las líneas de contacto están casi cortadas. Eso sí, los perfiles de Google están borrados pero sigue activo en redes sociales; así que cuidado.

Ocurre que en ese negocio hay operadores con institucionalidad bastante gaseosa, y que se depure el mercado no está mal visto por las empresas que sí hacen bien las cosas, pero el drama se hace carne en quienes quedaron enganchados, sobre todo cuando son usuarios finales de las propiedades pagadas. 

¿Cómo diferenciar a quienes hacen mal las cosas de quienes trabajan bien? Una fórmula es dudar de aquellos que ofrecen precios muy por debajo de la media. Lo barato les puede salir muy caro.

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• Y vaya que puede salir caro comprar barato. De eso pueden dar cuenta, ya que hablamos de Funes, los compradores de pinturas y revestimientos acrílicos de la nueva figura comercial y societaria con la que la defaulteada Acril busca no caerse del negocio. 

Ocurre que los precios bajos y la mucha financiación que ofrece atraen compradores, que luego protestan por la calidad de los productos.

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• Y no podíamos terminar la recorrida regional por los conflictos inmobiliarios sin repasar novedades en torno al Grupo Roma, cuyos loteos enfrentan todo tipo de problemas. La semana pasada hablamos de sus barrios Naranjo 1 y Naranjo 2. Hoy nos vamos a focalizar en Campo Madero 1, también en Ibarlucea.

En la audiencia de mediación organizada por Defensa del Consumidor de Santa Fe, su titular, Pablo Cófano, responsabilizó por el incumplimiento de los plazos en la entrega de lotes a lo que dijo fueron “nuevas exigencias” de la EPE para que se haga cargo de correr líneas de alta tensión. 

Sin el cumplimiento de esa obra no hay habilitación para el loteo, que ya está vendido y comercializado pese a no tener la autorización.

Según supo Rosario3, durante la audiencia el empresario aseguró que “fue una obra complementaria que la EPE le pidió recién en marzo” y ya avisó que no está dispuesto a pagarla porque el costo orilla los 250 mil dólares.Es más, dijo que como no la piensa pagar, si los clientes quieren la habilitación tendrían que aportar cada uno unos 10 mil dólares para pagar la obra de verticalización de las líneas. 

“Casi se come un cabezazo. Te imaginás que nadie ahora en su sano juicio le va a dar”, relató uno de los asistentes a la audiencia.

Consultados por Rosario3, desde la EPE anticiparon que esa obra siempre fue una exigencia y no una tarea complementaria. ¿Habrá sido que, en realidad, Cófano tuvo el “siga, siga” del gobierno anterior para iniciar el loteo, pero se encontró con que la nueva administración sí le exige cumplir las reglas y por eso dice que es un requisito nuevo?

La incógnita se develará el próximo 20 de julio cuando se retome la audiencia, que tendrá como invitados a los funcionarios de la EPE para un mano a mano con Cófano.

El tema es que, más allá de las responsabilidades, el barrio está bastante vendido y los clientes quieren tomar posesión. La experiencia muestra que las obras las terminan financiando de manera conjunta la provincia, la comuna y el desarrollador.

Como sea, lo que a los funcionarios de la EPE sí les parece muy insólito y hasta irresponsable es que un municipio haya habilitado un loteo en un área atravesada por líneas de alta tensión. Y es que la urbanización tuvo la habilitación de Ibarlucea.

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• Vuelta de página. Nos metemos ahora en la polémica por el Parque Acuático, un tema realmente menor pero que hizo saltar a la luz pública grandes temas cuya discusión venía hasta ahora por carriles subterráneos.

Resulta que el viernes a la noche, en la cena por el día del periodista organizada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, se comentó que la Cámara de Apelaciones resolvió concentrar en el juez civil Marcelo Quiroga las 5 presentaciones que pedían una cautelar para frenar las obras, porque fue el primer magistrado que resolvió sobre el tema. 

No es un dato menor para la Municipalidad, ya que Quiroga rechazó el pedido de cautelar que recibió. Mientras las partes se preparan para los nuevos rounds, tuvieron alto impacto las declaraciones que hizo a Radio2 la procuradora de primera instancia del Poder Judicial, María Laura Martínez, sobre que “la obra del parque acuático de La Florida no tiene licencia ambiental y por ley debería tenerla”.

 La licencia ambiental, en una provincia con profusa normativa sobre el tema, no es un tema menor, sobre todo porque la declaración vino de la funcionaria cuya función es controlar la legalidad del trámite.

No haber gestionado la “licencia ambiental” (un trámite menor porque la obra es menor y que además debe expedir el gobierno provincial, del mismo signo que el municipal, que además es el que paga la obra) puede interpretarse como parte del arranque muy desprolijo (por lo apurado en concretar la obra y tenerla lista para el verano) que tuvo la gestión municipal en este trámite. 

Un inicio confuso que se pudo ver también en la difusión de los primeros renders, las diferencias entre las primeras declaraciones (como la del gobernador Maximiliano Pullaro presentándolo como si fuera propio de Disney y las de Javkin bajándole el precio a la magnitud) y, sobre todo, que la licitación se realizó antes de la presentación pública del plan a los sectores interesados.

Pero es otra la visión que tiene la Intendencia sobre el tema de la licencia ambiental. Además de —en privado— bajarle el precio a la Procuraduría —ya que sostienen que se quedó sin funciones luego de la reforma de la Constitución y que busca la exposición para no terminar desapareciendo— y a la funcionaria —a la que ven jugando, desde la burocracia, a favor de la oposición—, en el Palacio de los Leones sostienen que le sobran antecedentes de que para esa obra pública no es necesaria la licencia ambiental.

Por ejemplo, tienen documentación que muestra que el Ministerio de Ambiente del gobierno de Santa Fe dijo por escrito que no era necesario un estudio de impacto ambiental en el proyecto de obra pública que disponía la construcción de piletas y edificios (de 50 metros) en pleno Parque Independencia (que finalmente se está haciendo en la zona del Distrito Sur). “Nosotros vamos a arreglar un conducto roto desde hace 20 años que vuelca desagües al río y vamos a construir el parque sobre una edificación que ya existe, sobre una explanada. Es el colmo”, se quejó el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale.

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• El tema es que esta inesperada crisis del Parque Acuático apuró la exposición pública de fuertes diferencias entre el socialismo y el grupo de Pablo Javkin en el gobierno local de Unidos; distancias que ya se venían manifestando fuerte por lo bajo pero que se esperaba que surgieran al público cuando se largue la carrera electoral.

Uno de los terrenos de batalla entre ambos grupos es el de la planificación urbana de Rosario. Mientras que para el socialismo los cambios introducidos por la gestión fueron talando el espíritu del Código Urbano sancionado durante el gobierno de Miguel Lifschitz, al que ven como una gran apuesta a la planificación urbana, para Javkin esa normativa fue, precisamente por las restricciones que imponía, la que pisó el crecimiento de la inversión inmobiliaria en la ciudad, que se fugó a otras localidades como Funes, que recibió con los brazos abiertos el capital rosarino.

Sobra aclarar que el empresariado vinculado a los desarrollos inmobiliarios —tanto los grandes, pero sobre todo las pymes que se veían más afectadas porque no tenían la espalda financiera suficiente para afrontar las exigencias— apoya la lectura que hace el actual intendente.

La “guerra fría” entre ambos bloques se juega todos los días en el Concejo, ya que el socialismo alterna votos de apoyo, abstenciones y críticas directas a las distintas medidas que impulsa la Intendencia en materia de planeamiento.

Por eso, no pasó desapercibido que el Partido Socialista —con sus principales referentes, como el titular Joaquín Blanco, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y la diputada y exintendenta Mónica Fein— estuviera en la presentación del libro de la autora del famoso Código, Mirta Levín, titulado “Transformación Urbanística y Construcción de una Identidad Metropolitana, Rosario 1995/2019”.

El lugar elegido tampoco fue casual: el Colegio de Arquitectos de Rosario, abierto opositor político a la Municipalidad.

Todos los expositores que pasaron hicieron foco en que el modelo socialista de planificación de obras y normas se basó en la búsqueda de consensos institucionales, en un claro tiro por elevación a la gestión actual. 

Ahora, esa aseveración de planificación consensuada es por lo menos discutible ya que, cualquier repaso de las crónicas periodísticas de la época muestra que el Código Urbano impulsado por Levín se sancionó en el Concejo pese a tener el fuerte rechazo de los desarrolladores inmobiliarios.

"El libro es un reconocimiento a la obra de Mirta Levín, pero a la vez llega en un momento más que oportuno, más que pertinente, sobre nuestra querida ciudad de Rosario", afirmó Blanco, quien viene mostrando -cada vez más en público- sus críticas a la política actual de planeamiento. 

"La publicación coincide con un contexto en el que la ciudad discute cuestiones urbanísticas en distintos ámbitos institucionales, incluso en los tribunales. No me puedo abstraer de que esta ciudad hoy está discutiendo en la Justicia cuestiones de urbanismo", señaló, en clara alusión al Parque Acuático.

En ese contexto, consideró que la discusión sobre el futuro de Rosario exige recuperar las enseñanzas de las décadas anteriores. A su entender, una de las principales lecciones que ofrece el libro es la importancia de la continuidad política. "Una ciudad necesita paciencia histórica para encontrar su rumbo", afirmó. 

“Las transformaciones urbanas profundas requieren capacidad estatal, consensos ciudadanos y políticas sostenidas en el tiempo”, dijo, y luego planteó el desafío que considera más urgente para las próximas décadas: la construcción de una institucionalidad metropolitana acorde a la escala real de la región.

Finalmente, la autora del libro se expresó con contundencia al afirmar que "no hay planificación posible si no hay dirigentes dispuestos a sostenerla”.

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• Ya que antes hablamos de la cena para celebrar el día del Periodista organizada por el Colegio de Magistrados, a la hora de los discursos, su titular, Iván Kvasina, planteó un punto de conexión sobre las dificultades que comparten en la actualidad la prensa y la Justicia para trabajar de manera independiente en los tiempos que corren por por la creciente agitación política que le imprimen los extremos políticos ideológicos, acrecentados por las nuevas tecnología de las comunicaciones y las redes sociales. Para tomar en cuenta. Muy en cuenta.

Y en lo referente a temas económicos, durante la cena los jueces del fuero civil y comercial asistentes comentaban que, si bien ven un aumento en el trámite de convocatorias de acreedores (es casi una fija que cuanto peor es la situación económica mayor es la judicialización), el número de expedientes tratados está lejos está de los niveles de crisis anteriores. Sobre todo frente al 2001.

Eso sí se percibe que mientras que en 2024 y 2025 las convocatorias estaban más concentradas en empresas que atravesaban serios problemas de gestión desde tiempo atrás, ahora empiezan a aparecer casos de firmas bien prolijas a las que sí les está complicando la caída del consumo.

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• Y tomándonos de esa observación, y como ya estamos cerrando este Run Run, vamos a cambiar la onda, porque aún en una economía de dientes apretados hay empresas que siguen invirtiendo para crecer. Por ejemplo, aprovechando oportunidades de compra de otras compañías para expandirse en el negocio.

Tal es el caso de Daniel Picone y sus hijos —Nicolás y Lucas—, quienes adquirieron la totalidad del paquete accionario de Beta, concesionario oficial en la ciudad de Iveco, que próximamente se llamará Navicam Litoral, ya que la familia Picone ya es dueña del concesionario Iveco Navicam en Buenos Aires.

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El tema es que, contra todos los pronósticos agoreros, siguen apareciendo actores empresarios, incluso de sectores castigados que son los vinculados al consumo del mercado interno, invirtiendo y proyectando crecimiento. Veamos: en “La Previa del Run Run” de este sábado pasamos revista a muchos casos registrados sólo esta semana. Por ejemplo:

x) El nuevo proyecto inmobiliario de Rosental y Obring de levantar PH premium en Pichincha: Costavía PH. Contará con planta baja, cinco pisos y un sector de amenities. En total, reunirá 31 unidades residenciales distribuidas en 22 departamentos de un dormitorio y 4 departamentos de dos dormitorios, 5 lofts, además de un local comercial en planta baja.

x) Obring, junto con el mutualista Gabriel Guglielmino, invertirán fuerte para levantar 700 camas náuticas en la Guardería del Centro (que hoy tiene unas 280) en los 12 meses posteriores a la aprobación del proyecto definitivo que tiene que hacer la Municipalidad, sumando locales comerciales y propuestas gastronómicas.

x) La Segunda invirtió 250 mil dólares para ponerle su nombre al Arena del Mercado del Patio.

x) Las productoras de espectáculos Asfalto y All Press van por el Coloso del Parque Independencia y el Estadio Cubierto de Newell's.

x) Ejecutivos de la automotriz Stellantis hicieron pie en Rosario presentando nuevos modelos, nuevos servicios de posventa y amplias opciones de financiamiento. Allí contaron que Santa Fe se posicionó como la tercera provincia con más patentamientos del grupo Stellantis en el país y hasta anunciaron la inminente llegada de una nueva marca para la compañía, de origen chino, denominada Leapmotor.

x) El restaurante Masa Madre abre en “La Buena Medida”.

x) Además de Indian (que es conocido como el “H&M uruguayo”), hay otro grupo interesado en comprar el inmueble de La Favorita.

x) En el shopping Portal Rosario, además de las prontas aperturas de Indian y Decathlon con grandes espacios, se vienen tres marcas internacionales, también ocupando muchos m2 de locales.

A lo que vamos es a lo siguiente: 

¿Qué está mostrando el interés de las grandes marcas internacionales desembarcando con grandes tiendas? ¿Qué están viendo de distinto que los números del comercio actual, con caída de ventas, no reflejan?¿Proyectan, como dice el gobierno, que ya pasó lo peor de la crisis y el consumo se va a recuperar? ¿O solo son marcas internacionales reemplazando la producción nacional en un mercado que sigue deprimido y concentrándose en menos marcas y atendiendo sólo a sectores de poder adquisitivo acomodado?

El interrogante quedó abierto.