- El propietario de un campo de 87 hectáreas lindante a la Unidad Penitenciaria de Piñero se dispone a presentar un amparo ambiental en la Justicia contra esa localidad y el Gobierno provincial por la contaminación que provoca el drenaje de materia fecal que desemboca en el arroyo Saladillo desde hace años.
El tema es muy delicado ambientalmente. Es que hace tiempo que el sistema de contención fecal que tenía la penitenciaría colapsó, con todo lo que eso significa para el ambiente, y tanto la actual administración como la anterior no resolvieron el problema.
Según los abogados del empresario, Marcelo Bertoya y Franco Gambetta, el daño ambiental consiste en que la Unidad Penitenciaria de Piñero arroja efluentes cloacales contaminantes tanto al suelo como al arroyo Saladillo y genera una grave contaminación en el aire con gases tóxicos, el suelo, subsuelo y napas subterráneas donde filtran los desagües cloacales sin ningún tipo de tratamiento, provocando la inutilización del campo lindante y pudiendo afectar las napas subterráneas de agua, de donde se nutre el servicio de agua a Piñero.
El demandante sostiene que la cárcel vuelca aproximadamente 1.500.000 litros diarios de materia fecal y líquidos cloacales a través de un caño que atraviesa alcantarillas y cunetas hasta introducirse en su campo; esto genera un "espejo de agua" contaminada de 20 hectáreas dentro de su propiedad y le impide la explotación agrícola (por anegamiento) y ganadera (los animales contraen bacterias como Escherichia coli y Pseudomonas, haciendo que su carne no sea apta para consumo). Y además asegura que contamina las napas de agua de las que se nutre la población de Piñero.
Según el denunciante, el Gobierno provincial es consciente del problema pero no actúa. Por ejemplo, menciona un convenio de 2015 donde el Ministerio de Aguas se comprometía a canalizar y limpiar la zona, obra que nunca se realizó. Y también advierte la falta de infraestructura porque, aunque los pliegos de licitación de la cárcel exigían una planta de tratamiento de efluentes, esta nunca se construyó.
Ante esta situación, el productor inició un proceso de aseguramiento de pruebas ante el Juzgado de Responsabilidad Extracontractual n.° 6 de la ciudad de Rosario. Y de la contestación al oficio judicial por parte del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, resalta que el mismo informe reconoce que “las aguas estancadas perjudican la posibilidad de laboreo del campo y el estancamiento observado puede causar perjuicios a la ganadería en las zonas donde el ganado vacuno no puede llegar a hacer pie para alimentarse”. También dice que los organismos provinciales admiten que los líquidos se vuelcan "sin tratamiento”.
Si bien hubo conversaciones entre el Gobierno y los propietarios de campos lindantes para buscar una solución, las partes no llegaron a un acuerdo y —según anticiparon a Rosario3— por eso presentarán en los próximos días el amparo a la Justicia.
El objetivo es presentar el amparo para que se resuelva el tema de los efluentes cloacales de la actual cárcel, pero también van a pedir que se paralice la construcción del nuevo presidio por temor a que, en el futuro, se agrave el problema ambiental.
No obstante, esta última parece ser una jugada más táctica (para una obra que tiene el sello del propio Maximiliano Pullaro) que el freno a un peligro real. Es que las nuevas cárceles dispondrán de la infraestructura de tratamiento cloacal necesaria, así que no habrá nuevos inconvenientes por ese lado. Los más técnicos y puristas podrán debatir si es el mejor sistema el elegido o podrían haberse enfocado en nuevas tecnologías y equipos, pero claramente el problema ambiental real es por el desborde de los pozos absorbentes y las cámaras sépticas de la cárcel actual de Piñero.
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- Siempre decimos en esta columna que el principal déficit de la economía de Santa Fe no es fiscal (desde hace décadas las cuentas públicas están ordenadas), no es tributario (goza de mayores excepciones impositivas que otras provincias al aparato fabril) y no es productivo (porque sus sectores son competitivos), sino de la histórica falta de inversión en obras de infraestructura, desde caminos a conectividad, pasando por energía y saneamiento, que corren muy de atrás al crecimiento poblacional provincial.
Y la falta de tratamiento a los residuos cloacales lo expone, un tema que es clave para abordar, sobre todo este domingo 22, que es el Día Mundial del Agua. Por eso vale la pena destacar el avance de una obra central para la evacuación de aguas pluviales y cloacales en una amplia zona de la ciudad.
Es que esta semana se presentaron 6 ofertas para la segunda etapa del plan integral sobre el Emisario Sur, una obra que está en el marco del Plan de Renovación de Redes de Agua Potable y Cloacas 2024-2027 que encaró Aguas Santafesinas (ASSA).
El proyecto total contempla tres etapas y apunta a dar una solución estructural a un sistema que arrastra problemas desde hace años. La primera fase ya se encuentra en ejecución e incluyó tareas preliminares como desmalezamiento, instalación de cerco perimetral y estudios de suelo, con una inversión cercana a los 78 millones de pesos.
Ahora, la segunda etapa —que cuenta con un presupuesto oficial de 6.857 millones de pesos— prevé la reconstrucción del tramo final del conducto pluvial del Emisario Sur, incluyendo la construcción de dos nuevos conductos de hormigón armado, de aproximadamente tres metros de alto por cinco de ancho y unos 550 metros de longitud, con una vida útil estimada superior a un siglo.
También se incorporará una cámara vertedero para separar líquidos pluviales de efluentes cloacales y se reforzará el punto de descarga al río con protecciones especiales. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses. En una tercera etapa, el plan contempla la construcción de una estación de bombeo, una planta de tratamiento y un emisario subfluvial.
A no confundirse: el objetivo final es lograr la separación de los líquidos, tratar adecuadamente los efluentes cloacales y mejorar la calidad de la descarga en el río Paraná, pero lo que se levantará en esa tercera etapa (todavía no lanzada) no será una planta de tratamiento para dejar de volcar, como ocurre ahora, la materia fecal directo al río, sino que —para decirlo fácil— será una suerte de planta de pretratamiento.
Lo que no hay que pasar por alto es la desidia de las administraciones anteriores. Ocurre que ese emisario, ubicado a la altura de avenida Uriburu y el río, colapsó en 2018 como consecuencia del deterioro de la antigua estructura metálica afectada por la corrosión.
¿Qué quiere decir que colapsó? Que los caños (que transportan tanto efluentes cloacales como el agua de lluvia de la zona comprendida entre bulevares Seguí y Avellaneda y Circunvalación) estuvieron en la zona del puerto a cielo abierto desde esa fecha. Terminó el gobierno de Miguel Lifschitz y pasó todo el gobierno de Omar Perotti y la materia fecal de media ciudad corrió por caños desbordados. No tiene remate.
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- La obra en el emisario tiene otro costado noticioso y está vinculada a la causa judicial que investiga la contaminación del río Paraná, un proceso que involucra a exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A., que habían sido procesados por el presunto vuelco diario de 350 millones de litros de efluentes tóxicos. Una causa que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó retomar en octubre pasado.
La historia es la siguiente: el máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, anuló por unanimidad una resolución previa de la Cámara Federal y dispuso que la causa regrese a la ciudad de Rosario para que se emita una nueva determinación ajustada a derecho.
El 17 de mayo de 2024, el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, dispuso el procesamiento de los exdirectores de la empresa Hugo Morzán, Marisa Gallina, Alfredo Oscar Menna y Darío Corsalini; y del exgerente Gustavo Actis.
Los cinco fueron acusados de contaminar el curso hídrico del Paraná de un modo que generaba riesgo para la salud y el ambiente. Según la imputación, la contaminación se extendió, al menos, desde septiembre de 2018 hasta octubre de 2021, con descargas diarias de 350 millones de litros que salían desde la Planta de Recepción Emisario Sur, ubicada en el predio de avenida Circunvalación y Ayolas, en Rosario.
No obstante, el 31 de octubre de 2024, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar a un recurso presentado por los defensores y el procesamiento quedó anulado en segunda instancia. Hasta que en octubre se volvió a activar.
Hasta acá la historia oficial. Pero hay un trasfondo no menor que rodea la causa y que deja en evidencia el papel de la administración de justicia. Primero, hay que analizar si es acertado judicializar una gestión operativa cuando no se trató de una decisión tomada arbitrariamente por los funcionarios procesados, sino que, por falta de plantas de tratamiento, toda la vida se tiró el efluente cloacal al río.
Pero hay otros puntos flojos en el expediente judicial. La contaminación se fundamentó en una toma de la muestra de agua realizada en las inmediaciones de la desembocadura del emisario. No solo no se tomaron muestras a lo largo de un período que permitiera detectar un aumento del daño ambiental, sino que en un radio menor a los 300 metros río abajo las tomas que periódicamente hace Aguas muestran que allí ya no hay niveles de contaminación. Y no hay secretos: el caudal del Paraná tiene la respuesta.
Por alguna razón, en los distintos estamentos judiciales solo se quedaron con esa sola muestra tomada por la asociación civil ambientalista, sin tener en cuenta el historial de muestras que toma Aguas en tres puntos cercanos al emisario y que cambiarían el sentido de la resolución. Es más, la Justicia ni siquiera encargó otros análisis a organismos técnicos independientes.
Las obras encaradas, entonces, en el emisario también son parte de la estrategia del gobierno provincial (además de la defensa judicial) para dar batalla al conflicto.
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- En las “Charlas de Mercado” de este sábado, se cuenta que la estabilidad cambiaria activa el desarrollo de nuevos negocios financieros más sofisticados; como el caso de Comafi, que desarrolla fideicomisos con créditos por ventas de empresas para descargar en Bolsa, y podes leer haciendo clic acá. Y en la previa del Run Run, que se publica todos los viernes, también se trataron otros temas financieros.
Por ejemplo, que la morosidad no solo es culpa de la situación económica, sino también de las altas tasas de interés que cobran los bancos, y que provincias y municipios se "fueron de rosca" con el costo impositivo que le suman a los créditos. También se relata el debate en el almuerzo del Banco Nación: ¿conviene que se aflojen los requisitos para tomar créditos en dólares, aprovechando que las tasas son más bajas que las de los préstamos en pesos?
Pero lo que queremos aportar ahora es sobre uno de los temas de “la previa”. Ocurre que los frigoríficos se enojan con los precios de la invernada de los remates televisados y ahora quieren dejar de operar hasta que no bajen los precios. Más allá de que tomar esa actitud es como pelearse con el termómetro por la fiebre que muestra, hay una característica fundamental de la estructura productiva que dificulta esa estrategia de “club de compra”.
Y es que el sector ganadero es un rubro de competencia perfecta en el que no hay —pese a que operan grandes jugadores nacionales y locales— concentración en la demanda ni en la oferta, lo que hace muy difícil este tipo de acuerdos. Todo lo contrario a lo que pasa en Estados Unidos, país en el que un puñado de grandes frigoríficos concentra el 90% de la faena, y por eso se lo suele ver al presidente Donald Trump furioso con el precio del ganado al consumidor.
Esta es una concentración que también empieza a preocupar en Uruguay, porque la fusión entre frigoríficos de capitales brasileños dejaría el mercado en manos de dos grandes compradores.
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- Como se viene un fin de semana largo, por esta ocasión nos vamos a guardar un par de temas de agenda para el martes, cuando publicaremos un nuevo “Run Run” con noticias sobre el trasfondo de la crisis de una empresa reconocida, el cambio de estrategia para sobrevivr de una firma líder, y un par de novedades de conflictos judiciales que solemos abordar en esta columna. Pero antes, un tema final
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- Vamos a terminar ahora con uno de esos casos que muestran que el periodismo no solo no murió sino que, además, es fundamental que siga existiendo para que la opinión pública no caiga en la desinformación propia de influencers y reels.
Se trata del “misterioso caso de la desaparición” de los ¿190? vacunos de “La Joya Agro”: un influencer, cuyo nombre real es Bruno Riboldi, con dos millones de seguidores, que el viernes denunció que le habían robado esa gran cantidad de hacienda que tenía en un campo del sur de Santa Fe.
Como los robos están a la orden del día, su lamento por redes activó la solidaridad de todo el agro y también la gestión de la policía rural (Los Pumas), y para el sábado la historia parecía tener un final feliz porque fue encontrado el ganado y hasta identificado el presunto ladrón, el empresario Nicolás Coscia. Lo que se dice: una historia redonda.
Pero dos periodistas agropecuarios muy incisivos, como son Matías Longoni y Diego Mañas del portal “Bichos de Campo”, estuvieron dos días hablando con fuentes, revisando documentos y descubrieron que detrás del simple video para redes no había un robo, sino que el acusado era otro importante empresario (que arrastra deudas por 500 millones de pesos) y que se defiende argumentando que era socio de “La Joya” y que por eso podía mover la hacienda.
Veamos: la historia no arranca bien. Riboldi denunció la desaparición de 190 vacunos, aunque la cifra oficial en la investigación ronda los 163 iniciales. Como sea, los animales estaban pastando en el campo “La Cañada” (cerca de Santa Teresa, Santa Fe), propiedad de un pariente del acusado del robo.
Y aunque Riboldi se ocupó de aclarar en sus redes que él no era ni socio ni amigo de los presuntos involucrados en la estafa, algún vínculo comercial había (firmado o de palabra) por cuanto los 190 vacunos estuvieron en un campo de un pariente de Nicolás, llamado Darío Coscia.
Darío Coscia, a todo esto, es director de la empresa alimenticia Inalpa, de Pavón Arriba y cuya titular es Mayra Boglich, quien es directora de la Bolsa de Comercio de Rosario. Nicolás también fue accionista menor allí hasta 2023, pero tuvo un conflicto y lo terminaron echando, en una disputa que sigue en la Justicia entre las partes y a cara de perro.
Volviendo al caso. Resulta que, hace unas semanas, esa hacienda fue trasladada sin autorización de Riboldi a un feedlot de la firma Agrolap cerca de Chabás, usando Documentos de Traslado Electrónicos (DTe) emitidos irregularmente a través del sistema RENSPA. Tras detectar el movimiento indebido, el influencer denunció ante Senasa y Los Pumas, y en menos de 24 horas se recuperaron 161 cabezas (más un ternerito nacido), quedando faltantes unos 29 que siguen buscándose.
La investigación de los periodistas detectó que Coscia está en aprietos financieros: tiene un pasivo de 500 millones de pesos, entre la emisión de cheques sin fondos y otros incumplimientos. A Coscia, un empresario de una familia conocida en el sur santafesino, se le imputa haber movido y vendido los vacunos como si fueran propios, alegando una supuesta sociedad con Riboldi (algo que este niega rotundamente, afirmando que no son socios ni amigos).
Pero Coscia argumenta que sí existía un vínculo comercial, que actuó de buena fe, que Riboldi sabía del traslado y que él estaba a cargo de la operación, y hasta asegura tener documentación para respaldarlo. Por su parte, el comprador en el feedlot (un productor de apellido Polimanti) asegura que compró de buena fe con intervención de una consignataria.
El fiscal Ramiro Martínez (de Villa Constitución) investiga por posible defraudación o estafa (no un robo clásico de abigeato), pide documentación a Senasa y otras fuentes para aclarar si hubo sociedad real, cómo se emitieron los DTe y si hay más involucrados.
En resumen: por la investigación de los periodistas, el caso pasó de parecer un robo masivo de hacienda a una presunta maniobra fraudulenta entre personas conocidas del sector, con deudas de por medio y versiones cruzadas sobre si había o no sociedad. La investigación, ahora, sigue en curso en la Justicia.
¿Qué podemos aportar a esta profunda investigación de Longoni y Mañas? Que la inseguridad rural en el sur de Santa Fe es mucha, pero parece que las autoridades solo se mueven rápido cuando el afectado es muy conocido y tiene mucha prensa.
Hasta el martes (con el segundo capítulo de este run run)
