El fiscal Sebastián Narvaja, al mando de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, pidió 7 años de prisión para el agente de Bolsa rosarino, Pablo Arcamone, y también solicitó la misma pena para su mano derecha, Martín Fernández, al acusarlos a ambos de coautores de de 23 millonarias estafas financieras a sus clientes agravadas en calidad de coautores.
Debido a que los hechos ocurrieron en diferentes momentos entre 2018 y 2024, el valor total acumulado en una sola moneda dependería del tipo de cambio aplicado a cada fecha, pero la sumatoria parcial supera el 1.000.000 de dólares y los 240 millones de pesos argentinos.
Además, solicitó inhabilitación por 10 años para ejercer el comercio y para integrar los órganos de dirección, administración y de vigilancia de sociedades comerciales. y de personas jurídicas diferentes a las sociedades, tales como asociaciones civiles, mutuales, y cooperativas. Las autoridades también solicitaron el decomiso de cuatro inmuebles y el dinero en efectivo que tenían al momento de los allanamientos.
El monto de la pena se justifica por la multiplicidad de hechos, la sofisticación de la maniobra, el uso abusivo de estructuras societarias para engañar y el gran perjuicio patrimonial provocado a los ahorristas.
“No se advierten elementos jurídicameme relevantes que autorizan a diferenciar la respuesta punitiva respecto de uno y otro, y en esas condiciones, corresponde formular para ambos un idéntico pedido de pena”, sostuvo Narvaja.
Y tras haber formulado el requerimiento acusatorio, el fiscal le pidió a la Justicia que declare abierto el juicio y fije fecha de audiencia preliminar.
Argumentos
“La gravedad del caso es notoria. No se trata de un episodio aislado, sino de veintiún hechos de estafa, cometidos mediante una operatoria organizada y sostenida en el tiempo, a través de la utilización instrumental de una mutual, una sociedad anónima agente de negociación habilitada ante la Comisión Nacional de Valores y otras personas jurídicas, todo ello con el fin de exhibir frente al público una falsa imagen de solvencia, seriedad y respaldo patrimonial", argumentó Fiscalía.
Esa arquitectura institucional fue utilizada como parte del ardid para captar fondos de ahorristas, a quienes se les ofrecían rendimientos superiores a los ordinarios del mercado, mientras que, en realidad, los recursos obtenidos eran desviados a operaciones ilícitas de cambio de moneda y de especulación financiera mediante intermediación no autorizada. La pluralidad de hechos, la sofisticación del engaño, el aprovechamiento de estructuras formalmente lícitas para generar confianza y la entidad del daño causado a múltiples víctimas constituyen circunstancias que incrementan de modo significativo el reproche”, sostiene la acusación.
“A ello se suma la especial intensidad de la culpabilidad revelada por las condiciones personales de los acusados. Ambos son profesionales universitarios y empresarios con experiencia suficiente para comprender plenamente la ilicitud del esquema que organizaron y explotaron. No aparece aquí ninguna situación de necesidad, de precariedad o de condicionamiento que permita relativizar el juicio de reproche. Por el contrario, las maniobras evidencian un obrar guiado por la codicia y por la deliberada decisión de obtener beneficios patrimoniales indebidos a costa del ahorro ajeno”, señala el fiscal.
“También debe ponderarse, como dato relevante, que una vez expuesta la defraudación, los imputados no desplegaron conductas objetivamente orientadas a neutralizar el daño o a reparar sus consecuencias, sino que procuraron sostener la fachada y transmitir a las víctimas una expectativa de solución que, lejos de revertir el perjuicio, operó como un medio para prolongar la apariencia de normalidad, ganar tiempo y dificultar la reacción de los damnificados”, agregó.
Las maniobras
La acusación sostiene que Pablo César Arcamone y Martín Alejandro Fernández configuraron un entramado de empresas bajo el nombre de "Grupo América" para captar ahorros del público y luego apropiarse de ellos. El esquema operaba en dos planos.
- Apariencia de legalidad: Utilizaban oficinas físicas lujosas en el Edificio Hermes (Rosario), personal profesional, páginas web y publicidad para proyectar una imagen de solvencia y seriedad.
- Captación y desvío: Las víctimas eran atraídas inicialmente a través de unidades legales como América Valores (agente de bolsa registrado).
Una vez que ganaban su confianza, los inducían a trasladar sus fondos a la Asociación Mutual Pedro de Mendoza, bajo la falsa promesa de obtener mejores rendimientos. La "Mesa de Operaciones": Detrás de la fachada mutual, funcionaba una estructura clandestina de cambio de divisas y préstamos no registrados.
El dinero de los ahorristas se canalizaba hacia este circuito opaco, impidiendo su trazabilidad. La mutual omitía deliberadamente llevar una contabilidad real. Cuando las víctimas solicitaban sus fondos al vencimiento de los "plazos fijos", recibían respuestas evasivas, promesas de pago con lotes de terrenos inexistentes o directamente el corte de toda comunicación
La calificación legal de las acciones fueron divididas de la siguiente manera:
- Estafa: Se les atribuyen 22 hechos bajo esta figura (art. 172 del Código Penal). Estas maniobras consistían en captar ahorros bajo la apariencia de inversiones seguras para luego apropiarse de los fondos.
- Estafa en concurso ideal con Estelionato: Se les imputa 1 hecho adicional bajo esta calificación conjunta. El estelionato se configuró al intentar vender o entregar bienes (como lotes de terreno) como si estuvieran libres de gravámenes o fueran propios, cuando en realidad no tenían la disponibilidad de los mismos para cancelar las deudas con las víctimas.
A su vez, en la acusación, Fiscalía detectó diferenciación por modalidad
- Fraude mediante Mutual: Utilizaban la Asociación Mutual Pedro de Mendoza como pantalla de legalidad para captar depósitos de "ahorro mutual" que luego desviaban a una mesa de operaciones clandestina.
- Fraude Bursátil/Inducción al error: En varios casos, las víctimas ya operaban legalmente en el mercado de capitales a través de América Valores. Los acusados las inducían a retirar su dinero de ese circuito regulado para pasarlo a la mutual bajo promesas de rendimientos superiores, donde finalmente perdían el rastro de sus fondos.
- Maniobras de "Pago" Ficticio (Estelionato): Cuando las víctimas reclamaban su dinero, los imputados ofrecían como dación en pago lotes en fideicomisos inmobiliarios (como "La Guillermina" o "El Progreso") sobre los cuales no tenían derechos reales o estaban en situaciones irregulares
