Run Run: denuncia penal por estafa a mutual y a operadora inmobiliaria por el fallido proyecto en "La Villa de Freud"

• En esta columna solemos contar casos de financistas que estafan a sus clientes tomándoles su dinero con la promesa de buenos rendimientos gracias a inversiones financieras que ellos realizan (algunas más sofisticadas y otras menos elaboradas), pero que en realidad no existen; y por eso, tras un inicio prometedor (abonando rentables intereses), el simple esquema piramidal termina, más tarde o más temprano, estallando y el dinero se esfuma.

También en esta columna solemos contar de desarrolladores inmobiliarios poco escrupulosos que recolectan inversores para un proyecto que nunca terminan de entregar, mientras no paran de arrancar nuevos emprendimientos, cada vez más llamativos y fastuosos, con mucho marketing en redes, como forma de seguir alimentando el esquema piramidal que, tarde o temprano, termina estallando, quedándose los inversores sin los billetes invertidos y los inmuebles prometidos.

Bueno, en este caso, la novedad que vamos a contar hoy es que hay un grupo que, según una denuncia penal presentada por sus damnificados y que ya investiga la Fiscalía de Rosario, habría combinado ambos tipos de estafas. Y, como si fuera poco, uno de los escenarios de la presunta estafa es el proyecto para levantar un desarrollo inmobiliario donde funcionó el histórico boliche de La Villa de Freud entre 1975 y 2022, que —como no podía ser de otra manera— fue presentado con una pomposa fiesta.

Los denunciados son Gestión BLK, una SRL dedicada a actuar como fiduciaria de fideicomisos constituidos para realizar desarrollos inmobiliarios, y la Asociación Mutual Regional 5 de Septiembre, con sede en calle San Lorenzo 916.

Uno de los siete denunciantes —todos patrocinados por los abogados Marcelo Bergia y Mariano Ríos Artacho— cuenta que sus amigos Luis Jaimovich, administrador de la mutual y director de BLK, y Ricardo Lomoro, quien le acercaba negocios a ambas entidades, le propusieron armar en 2019 una sociedad de negocios inmobiliarios junto con Jaimovich. En ella, él aportaría clientes ya que, siendo abogado, tenía numerosas sucesiones y causas de familia con inmuebles para vender que podrían comercializar de manera directa. Y así lo hicieron.

Fue así que inscribieron una sociedad en el Registro Público que empezó a comercializar los bienes de los clientes que el abogado acercaba. Pero como la sociedad nunca funcionó como inmobiliaria (porque el carácter de intermediarios o de compradores era asumido en forma personal por Jaimovich y Lomoro), el abogado contó que prefirió ceder sus cuotas sociales a Jaimovich. Sus socios lo aceptaron y, además, acordaron que le reconocerían honorarios por su asesoramiento profesional en los negocios que él acercara. “Claramente, fue una maniobra orquestada por Lomoro y Jaimovich para acceder a negocios con clientes y miembros de la familia del denunciante”, sostienen los abogados patrocinadores.

Según la denuncia, la maniobra empieza a tomar forma cuando, entrado el 2020, Jaimovich y Lomoro le empiezan a proponer a los clientes del abogado que inviertan los fondos obtenidos por la venta de los inmuebles (operación comercial en la que ellos intermediaron) en la mutual o en sus propios desarrollos inmobiliarios.

Ofrecían contratos de mutuo a un año por un interés del 1% mensual en dólares, que pagaban en tiempo y forma, renovando el contrato año tras año. También les ofrecían invertir desde el pozo en desarrollos inmobiliarios realizados por BLK, levantando así un edificio en Callao 130, que entregaron con normalidad. Fue así que algunos ponían todo el dinero o parte de lo obtenido con la venta de sus propiedades en alguna de las dos alternativas ofrecidas.

“Se les resolvía en forma rápida a las víctimas su necesidad de vender inmuebles, usualmente con precios atractivos, con la promesa de entrega de propiedades en el inmueble a construir. Nada más conveniente para los inversores: cambiaban inmuebles viejos y difíciles de vender por inmuebles nuevos, de calidad, muy fáciles de comercializar”, señala el denunciante.

Por varios años el esquema funcionó, pero luego empezaron las primeras grietas en la estructura que para los denunciantes era un Ponzi. Según la denuncia, los intereses ofrecidos para no retirar el dinero de la mutual empezaron a ser cada vez más altos, al tiempo que los nuevos desarrollos inmobiliarios no se terminaban (como el edificio de Jujuy 2574 y un loteo en Fighiera).

Y para mantener la rueda girando consiguiendo nuevos inversores o canjeando metros cuadrados prometidos no terminados por metros cuadrados a construir en nuevos y mejores desarrollos, es que, según la denuncia, apareció un proyecto muy tentador para los inversores: participar de un complejo urbano en el predio de La Villa de Freud, que por su historia generó una gran propaganda mediática. Es más, cuando se lanzó el proyecto Villa de Freud se hizo una gran fiesta en el piso 11 de las Torres Nordlink con amplia difusión en las redes sociales.

Formalmente, el negocio fue así: a mediados de 2022, se celebró un contrato de fideicomiso entre Gestión BLK (representada por Jaimovich y su socio Gonzalo Machuca, también denunciado), Fideicomiso Fliamaes (representado por Machuca), JL Desarrollos Inmobiliarios (representado por Jaimovich) y Letea SRL, el cual se denominó Fideicomiso Villa de Freud Wellness Residences.

Fideicomiso Fliamaes y JL Desarrollos Inmobiliarios actuaron como Fiduciantes Clase A, comprometiéndose a aportar asesoramiento, trabajo y gestiones. Letea SRL actuó como Fiduciante Clase B, comprometiéndose a aportar el inmueble de La Villa, y se previó la existencia de otros Fiduciantes Clase B a incorporarse (por ejemplo, los clientes del abogado denunciante), siendo Gestión BLK la fiduciaria.

El final de la historia ya se lo imaginan.

La mutual pagó puntualmente los intereses entre el 2020 y diciembre del 2025. A partir de allí nunca más abonó intereses, no devolvió el capital invertido y, luego de cortarse los contactos, la entidad se mudó. Se esfumaron así unos 200 mil dólares de cuatro clientes que había acercado el abogado denunciante.

Es más, como si fuera poco, los abogados patrocinadores de la denuncia descubrieron “que la mutual no estaba autorizada a realizar intermediación financiera ni tenía reglamento ni actividad de ayuda económica, por lo cual todos los fondos captados no eran destinados a prestarlos, sino simplemente a financiar actividades espurias o simplemente a robárselos”.

¿Y qué pasó con el proyecto en La Villa de Freud? Nunca se empezó. No se colocó un solo ladrillo. Literal. Tampoco se terminaron los otros emprendimientos inmobiliarios. Las redes sociales se apagaron y los llamados de los ahorristas dejaron de ser devueltos. En este caso, quedaron 5 clientes de los acercados por el abogado a los que se les esfumaron 917 mil dólares.

“El ardid consistió en la creación de sociedades que le dieron ropaje de legalidad a las inversiones propuestas por el grupo criminal. La imagen jurídica de la mutual funcionó como una pantalla de legalidad, proyectando confianza y credibilidad en las víctimas, siendo que en la realidad la misma no cuenta con reglamento de ayuda económica con captación de fondos proveniente del ahorro de sus asociados, ni existen informes de auditoría externa del servicio de ayuda económica donde conste la captación de ahorro de los clientes, y nunca estuvo autorizada a realizar actividades de intermediación financiera”, dice la denuncia.

“El sistema funcionaba como un típico esquema Ponzi. Es decir, se formó una apariencia de solvencia en las primeras operaciones a fin de generar confianza en los inversores, captar las inversiones y finalmente apropiarse de los importes”, sostuvieron los abogados Bergia y Ríos Artacho.

“El entramado societario y la distribución de roles muestran cómo los imputados actuaron en forma coordinada, conforme a un plan preordenado, aprovechando la relación de confianza previa que tenían con las víctimas, induciéndolas a realizar disposiciones patrimoniales perjudiciales”, concluyeron los letrados patrocinantes.

La denuncia por estafa contra Lomoro, Jaimovich y Machuca ya la tiene asignada el fiscal Sebastián Narvaja, y se esperan novedades más temprano que tarde.

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• “Si bien el fallo no tiene un sabor a Justicia para las víctimas porque recuperarán el 10%, es el fruto de una ardua y trabajosa investigación y es realmente un buen resultado porque, en estos casos, es muy difícil recuperar el capital desapoderado”, señaló el viernes a Rosario3 Marcos Peiretti, abogado de un grupo de víctimas del financista Mauro Esqueff, quien fue condemned a 4 años de prisión por 64 estafas y un perjuicio de u$s1.3M en el marco de un clásico esquema de estafa piramidal.

La conclusión del abogado refleja una realidad de fondo sobre estos crímenes económicos complejos: la sanción penal no va acompañada de un resarcimiento económico pleno para los denunciantes, ya que en la mayoría de los casos el dinero se perdió por la propia naturaleza de los esquemas Ponzi.

Es por eso que Luciano Roatta, uno de los empleados de la financiera CIAG que fue condenado en un juicio abreviado en el que obtuvo una probation en una causa por estafas financieras, aprovechó la difusión de la condena de Esqueff para salir a decir que, si la Fiscalía avanza en serio con las investigaciones, podría —en ese caso— encontrar el dinero para resarcir a las víctimas porque la titular de la empresa, sobre la que no pesa imputación alguna, mantiene un nivel de vida muy elevado.

“La denuncia contra Esqueff es contemporánea en fecha con la realizada contra Allegranza por 5 veces más en montos estafados, pero en una ya hay condena y en la otra, con una cantidad impresionante de prueba, ni siquiera imputaron”, se queja Roatta, quien sigue en su cruzada de no quedar como un “chivo expiatorio”, hipótesis que abona en base a lo que entiende es una investigación que no avanza sobre los dueños de la empresa que protagonizó las estafas.

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• Siguiendo con “los sospechosos de siempre”, se viene la audiencia preliminar en la investigación contra el financista, todavía detenido de manera preventiva, Pablo Arcamone, del Grupo América. La fecha es el tres de agosto.

La audiencia preliminar marca el inicio de la "etapa intermedia" del proceso porque se lleva a cabo una vez que el fiscal termina su investigación y presenta la acusación formal contra el imputado, con la intención de elevar la causa a juicio oral.

Según averiguó Rosario3, la defensa pedirá la excarcelación de Arcamone durante la audiencia preliminar.

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• Y para cerrar este capítulo, este sábado, el fiscal de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación, Matías Ocariz, pasó por el piso de Radio 2 en el programa “El Mejor Día de la Semana” para advertir que las modalidades del ciberdelito cambian constantemente, pero los delincuentes mantienen la misma estrategia: generar una sensación de urgencia para que la víctima actúe sin pensar.

Un punto a destacar de lo dicho por Ocariz es que la nueva ola de ciberdelincuentes que están detectando perfecciona de manera permanente sus herramientas y aprovecha nuevas tecnologías para multiplicar el alcance de las estafas.

Explicó que actualmente existen programas capaces de automatizar maniobras de dispersión del dinero robado entre decenas de cuentas en cuestión de minutos, lo que dificulta seguir el recorrido de los fondos e identificar a los responsables.

Además, sostuvo que la inteligencia artificial potenció el cibercrimen de forma exponencial y planteó que las herramientas tecnológicas también deben utilizarse para fortalecer las investigaciones judiciales.

¿Y cómo hay que defenderse? Para Ocariz, el mejor mecanismo de defensa sigue siendo desconfiar de cualquier situación que exija actuar con urgencia y tomarse unos minutos para verificar la información antes de compartir datos personales o realizar una transferencia de dinero. "En las estafas no cae el tonto, cae el apurado", resumió.

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• Bajamos un cambio, pero seguimos en los conflictos. Eran 196 lotes que salieron a comercializarse en 2018. Todos los terrenos fueron vendidos. Pero sus compradores quedaron atrapados sin poder tomar posesión. Estamos hablando de Campo Madero, del Grupo Roma, desarrollo inmobiliario encarado en Ibarlucea, ciudad que junto con Piñero sufrió la década pasada el desembarco de loteadores, por lo menos, muy desprolijos. Y la novedad es que, luego de muchas dilaciones, a las partes en pugna les llegó la hora de la verdad. ¿Qué pasó?

Resulta que el Grupo Roma culpa por su incumplimiento en las entregas a la EPE por exigirle en marzo pasado la realización de “obras complementarias”, una infraestructura sin la cual no pueden tener las autorizaciones para la habilitación del loteo. La obra no es menor: deben correr líneas de alta tensión que cruzan el loteo por el riesgo que eso significa para la población que allí se asentará en el futuro. Y tiene un costo mínimo de u$s150 mil dólares, consiguiendo realmente muy buenos presupuestos.

Fue así que Defensa del Consumidor del gobierno de Santa Fe, que viene mediando en el conflicto, citó para el pasado 20 de julio al Grupo Roma y a la EPE para que, frente a los inversores que compraron lotes, definan cara a cara: ¿es una obra central o solo complementaria? ¿Fue exigida fuera de plazo? Pero el encuentro no se pudo dar. Y es que el titular del grupo, Pablo Cofano, pegó el faltazo.

¿La ausencia habrá estado en que sabía que los argumentos no estaban de su lado pese a que estuvieron años culpando a la EPE? Y es que el departamento de Legales de la EPE llevó un escrito a la audiencia en el que define que no se trata de una obra complementaria, sino que requiere directamente una “readecuación de proyecto”, que es el movimiento de las torres que atraviesan el futuro ejido urbano.

¿Cómo sigue la historia? Cofano sigue ganando tiempo y le escribió a la EPE un correo considerando que Campo Madero es un desarrollo rural y que por eso no es necesario mover las torres. Como la EPE, que como todos saben tiene una burocracia de paso muy cansino, no le contesta formalmente, Grupo Roma insiste con que el tema está abierto. Es por eso que ahora, con la intermediación de la Defensoría, se le pidió a la EPE que acelere la contestación y que oficialice expresamente la resolución: está bien que queden las torres o deberán moverse.

Si la EPE se expide a favor de las modificaciones, Grupo Roma debe acatar y hacerse cargo. Pero ahí se vuelve a complicar la situación porque Cofano ya dijo que no pagará la obra de su bolsillo y que, si quieren que la concrete, tendrá que financiarse con nuevos aportes de los compradores de lotes. Se abre así otro frente de conflicto, pero al menos con la postura de la EPE definida y la negativa de Cofano a pagar, los ahorristas quedan habilitados a ir a la Justicia contra Grupo Roma por el incumplimiento de contrato. El tema es que así seguirán renegando largo tiempo. ¿Atrapados sin salida?

Grupo Roma apuesta a que la EPE mire “políticamente” para el costado y que, para destrabar el conflicto, la respuesta formal sea favorable y baje la exigencia de la obra, o por lo menos le encuentre un vericueto para postergarla. Si bien destrabar el loteo le quitaría un problema de encima a Cofano, también beneficiaría a los inversores que quedaron atrapados de buena fe. ¿Lo hará? Si lo hace, ¿no está sentando un precedente en un área en la que el gobierno se muestra duro cual sheriff del condado?

Y no podemos terminar el tema sin recordar dónde estuvo el pecado original: las autoridades dejaron que se comercialice al público (no a inversores) un loteo no habilitado, algo prohibido en la normativa. Y, revisando las fechas, la tortuga se les escapó a los gobiernos de Omar Perotti y Miguel Lifschitz, que junto con la comuna de Ibarlucea ni se percataron de que se estaban vendiendo 196 lotes sin autorización.

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• Hablando de la EPE. En el anterior punto fueron los buenos de la película, pero en este nuevo capítulo estarán del otro lado del mostrador. Mirá estos datos recién salidos del equipo económico de la Federación Gremial.

Un local comercial de consumo medio (1.200 kWh/bimestre) pasó de pagar de luz a la EPE $287.228 en diciembre de 2025 a tener que abonar $401.102 en junio de 2026.

En el mismo período, un taller o pequeña industria (3.000 kWh/bimestre) experimentó una suba de $645.299 a $904.998, un alza superior al +40,2%.

Durante el primer semestre de 2026, las categorías Comercial (UC) e Industrial (UI) en las tarifas de la EPE enfrentaron incrementos promedio del +38,3%.

“Durante el primer semestre de 2026, la inflación acumulada medida por el INDEC fue del 16,8% y la inflación medida por el IPEC Santa Fe fue del 17,1%. Sin embargo, la energía para el sector productivo aumentó cerca de un 40%, superando el doble de dicho índice”, alerta la Federación.

¿Por qué la suba fue mayor que la inflación? En la EPE culpan a la eliminación de los subsidios del gobierno nacional, lo que los obligó a absorber en un 100% las subas de los precios estacionales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Pero eso es solo una parte de la verdad. La otra parte es que la EPE también es responsable del tarifazo que sacude a las pymes. Ocurre que aplica actualizaciones mensuales en el Valor Agregado de Distribución (VAD) mediante una cláusula gatillo vinculada directamente al IPC, por lo que la distribuidora indexa de forma continua los costos de operación y mantenimiento.

Lo importante de analizar estos números es que muestran los límites externos (en este caso, el aumento de los servicios) que tienen el comercio y la industria para bajar precios al consumidor y ser competitivos frente a las importaciones, como se les reclama.

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• “Sin fotos”. “Sin declaraciones a la prensa”.

La exigencia inicial de las autoridades de ARCA en Rosario a los presidentes de las cinco entidades empresarias a los que recibían anticipó que el resultado del encuentro sería bastante pobre para las expectativas de los hombres de negocios que llegaban para conversar sobre un tema que les preocupa: el aumento de ejecuciones fiscales y las medidas cautelares contra empresas que, aun manteniendo voluntad de cumplimiento, atraviesan dificultades transitorias para regularizar su situación fiscal.

Los directivos de la Federación Gremial, Grupo Trascender, Foro Regional, Fundación Apertura y Sociedad Rural, que integran la Red de Entidades por la Producción de Rosario, le pidieron una reunión a la titular de ARCA Rosario, Marcela Romero, quien los recibió el martes pasado acompañada de directores y asesores del área legal, pero puso muy poco sobre la mesa para el paladar empresario.

Por ejemplo, ante la consulta, no compartieron datos concretos que permitieran precisar el real estado de situación con el argumento del secreto fiscal. ¿Es tanto el aumento de las ejecuciones como marca la sensación térmica de la calle? ¿Cuáles son los sectores o tipos de empresas más afectados? ¿Se acelerarán las ejecuciones y las cautelares en este segundo semestre? Ningún dato concreto aportaron los sabuesos.

Lo que sí dijeron es que la proliferación de embargos no se debe a la digitalización de la gestión (que activa de manera automática ejecuciones fiscales y el pedido de cautelares), como se barajaba en círculos empresarios. Por el contrario, sostuvieron que lo que ocurrió es que, al vencerse la suspensión temporaria de los embargos, se activaron en simultáneo muchas medidas, acumulándose así una gran cantidad de casos.

Igual, los empresarios dejaron el pedido formal de que los embargos no se traben a fin de mes, cuando alteran toda la administración de las empresas dificultando el pago de salarios, y que el mecanismo de regularización sea lo más rápido y ágil posible, no como pasa ahora, que los expedientes se la pasan dando vueltas entre bancos y el fisco.

La Red también pidió la reunión porque consideraba de interés intercambiar opiniones sobre posibles mecanismos de regularización y planes de facilidades de pago que contemplen la realidad financiera de las pymes. Pero las autoridades de ARCA no ofrecieron respuesta al planteo. Es más, fueron invitados a concentrar las gestiones en el Ministerio de Economía de la Nación. Y como para que los empresarios no se vayan con las manos totalmente vacías, los sabuesos se ofrecieron a recibir casos puntuales que ameriten una respuesta especial y urgente.

Como dato final, no pasó desapercibido que durante todo el encuentro los funcionarios se mostraron muy cautos en sus declaraciones (el ente pasó por un fuerte proceso de ajuste) y siempre justificaron su accionar diciendo que responden a las directrices que les vienen desde Buenos Aires. Fue por eso que sobresalió una crítica a la política económica del gobierno nacional que hizo una de las asesoras del área de Legales, luego de escuchar el reclamo empresario por las complicaciones para cumplir con las obligaciones fiscales en un escenario de fuerte caída de la actividad.

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• Y para cerrar, como nos gusta siempre hacer en esta columna, nos quedamos con aquellas novedades que tiran para arriba. Y en este caso, nos enfocamos en la cuestión educativa y formativa. La novedad es que el lunes 3 de agosto se lanza la Cátedra de Innovación Estratégica en las Organizaciones, una nueva propuesta académica impulsada por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, con el acompañamiento de diversas instituciones del sector productivo y empresarial.

La creación de la Cátedra de Innovación Estratégica en las Organizaciones representa una apuesta por incorporar de manera sistemática la innovación como eje transversal de la formación en administración. La iniciativa busca acercar a estudiantes, profesionales, empresarios y emprendedores las herramientas, metodologías y enfoques que hoy demandan las organizaciones para competir en entornos cada vez más dinámicos y complejos. Para el lanzamiento, los promotores organizaron una charla el lunes a las 17 del reconocido especialista Eduardo Kastika sobre "Creatividad e Innovación en Administración: un recorrido de 30 años en Argentina y Latinoamérica", en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Lo que más queremos destacar es que, además de lo acertado de las formación que se impulsa bien acorde a las nuevas necesidades del sistema productivo y a la creación de valor en las empresas, hay docentes y facultades que -en un marco de ajuste estructural, caída del financiamiento y sueldos de miseria- siguen empujando y pensando siempre en los alumnos y no se quedan en la queja y el paro. ¡Felicitaciones !