La cena se hizo esta semana en el restaurante Sunderland. Había pocas mesas ocupadas porque el clima tampoco invitaba a salir, pero en uno de los reservados que tiene el tradicional restaurante, había una bulliciosa mesa de 12 comensales, entre hombres y mujeres, compartiendo el final de un día de mucha actividad.
Estaban sentados ejecutivos del sistema financiero, una reconocida economista de Buenos Aires del espectro liberal clásico, expertos en política internacional, consultores políticos muy escuchados en la región, operadores de comercio exterior, exfuncionarios provinciales de distintas gestiones políticas, dirigentes del mutualismo provincial y también este periodista.
Durante las conversaciones, a la hora de hablar de política y de economía, claramente, en la mesa eran minoría las preferencias por el peronismo, y casi inexistente el gusto por el kirchnerismo. De hecho, cuando se hablaba de la candidatura de Kicillof se la mencionaba como “una opción por el abismo”.
Entre plato y plato, coincidieron en que la opción de cara a las próximas elecciones que era la mejor para el país era una bien de centro, posiblemente encabezada por un outsider. O tal vez no, pero sí una de centro que logre mantener un legado de estabilidad macro del presente gobierno, que le sume políticas productivistas y una mirada social más empática. Ese era el consenso reinante.
Pero el ánimo cambió cuando, cual focus group, se propuso un juego o una suerte de ejercicio: cada comensal debía asignarle qué probabilidad de triunfo en las próximas elecciones presidenciales tenía una opción de centro, una opción oficialista con Milei y una del peronismo unido. Fue así que cada comensal asignó un porcentaje con la probabilidad de triunfo para cada una de las tres opciones (con independencia de su preferencia).
Y al hacer el recuento y sacar los promedios se llevaron la gran sorpresa.En la misma mesa, donde la opción de centro era la más preferida, solo le asignaron un 15 por ciento de probabilidad de triunfo. Así que el panorama que ven es de polarización; o como se suele decir, las opciones de centro crecen en los años no electorales, como demostró la fallida y reciente experiencia de Provincias Unidas.
Y vaya sorpresa: cuando a la hora de pensar qué alternativa tiene más posibilidades de ganar, la que se terminó imponiendo, en una compulsa ajustada, fue la del peronismo. Esto es: las mismas personas que decían que Kicillof es el abismo ven muy competitivo al peronismo unido, y la mayoría, con chances de ganar.
Como se registró en el congreso de Aapresid, en el precoloquio de IDEA o en el acto aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el “riesgo electoral” va tomando cada vez más lugar en la agenda empresaria por las debilidades del oficialismo. Y eso que no hace ni un año que Milei ganó las elecciones de medio término por paliza al kirchnerismo y todavía falta un año para las elecciones presidenciales.
Así y todo, la incertidumbre política en los empresarios ya está presente. Es más, ese temor a alguna opción que signifique un cambio de rumbo o una vuelta al modelo económico anterior está tiñendo todas las decisiones de negocios, llevando cautela a la hora de pensar inversiones a largo plazo que vayan más allá de aprovechar una oportunidad de negocio de corto plazo.
Volviendo a la cena, cuando todos se estaban retirando tratando de digerir el resultado del ejercicio, fue una dirigente mutualista, que claramente era de la minoría peronista, la que dijo: “Yo creo que la opción peronista es la ganadora, pero con una postura de centro. El centro tiene que venir por el peronismo”. Y los dejó pensando a todos.
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Vuelta de página. Hay veces que en esta columna solemos exponer sofisticadas estafas económicas de guante blanco. Pero también hay oportunidades en las que las operaciones son muy burdas, casi infantiles, como la que vamos a contar ahora.
Ya venimos reportando las denuncias por estafas presentadas en Fiscalía contra el grupo empresario —formado por la mutual 5 de Septiembre y la desarrolladora inmobiliaria Gestión BLK— que conduce Luis Jaimovich, reconocido y adinerado hombre de negocios del mutualismo regional.
Esta semana se sumó otra presentación penal contra Jaimovich, patrocinada por el abogado Fabián Affatato, en la que un ahorrista denuncia una presunta estafa, ya que no le quieren restituir los 248 mil dólares que depositó en la mutual (en blanco, con un contrato de mutuo y contra una tasa del 2%).
La maniobra fue simple: lo atrajeron con la promesa de un interés alto, hicieron los primeros pagos de intereses, para luego dejar de abonarlos y negarse a restituir el capital. ¿Y por qué no se trata de un mero incumplimiento contractual?
Según se cuenta en la denuncia, como en realidad hace un buen tiempo que la mutual no cumple con sus compromisos, ya lleva un tiempo realizando el camino de la Justicia civil y comercial, con mediaciones extrajudiciales y hasta demanda civil.
Pero no solo no obtuvo respuesta favorable, sino que el denunciado no alegó dificultades económicas para cumplir sus compromisos ni propuso un plan de pagos, sino que directamente negó la existencia de los contratos celebrados y hasta negó que la firma estampada en los documentos sea la suya.
“Dijo que no era su firma. Lo negó en una mediación. Luego descubrimos que va cambiando su firma cada tanto para poder negar compromisos tomados anteriormente. Pero es algo totalmente infantil. Un perito caligráfico lo resuelve en 5 minutos”, comentó el abogado.
Esa actitud, más la difusión de otras denuncias contra la mutual y el descubrimiento de maniobras de posible desapoderamiento (entre otras maniobras) que el grupo está haciendo de sus bienes inmuebles (algunos ya hipotecados), llevaron al ahorrista a denunciar la presunta estafa en sede penal.
El fiscal Sebastián Narvaja, que ya investiga el caso, la aceptó y le otorgó número de requerimiento, por lo cual el expediente va tomando forma.Negó la firma. No tiene remate.
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Siguiendo con el tema de las mutuales, fue muy celebrada y comentada durante el cóctel por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario la avanzada del gobierno provincial para regularizar el vidrioso mundo mutualista de los códigos de descuento, sobre todo de aquellas de institucionalidad gaseosa.
Según le contó a este medio el ministro de Economía, Pablo Olivares, se le quitaron los códigos de descuento a 7 mutuales de Santa Fe que no mostraron avances y no lograron refinanciar los créditos con sus morosos.
“Les dimos tres meses a todos para medir el avance en la refinanciación. Los que llegaron al 50% y mostraron una actitud proactiva siguen trabajando con códigos de descuento. Y a las 7 mutuales que no avanzaron les quitamos la opción de que den nuevos préstamos hasta tanto no lleguen a refinanciar al menos a la mitad de los casos que tenían que refinanciar. No pueden cargar nuevos préstamos, pero todas pueden cargar cuotas a cobrar de préstamos ya otorgados”, dijo el ministro.
El tema es que algunas no pudieron avanzar en las regulaciones porque, en realidad, los créditos están otorgados por bancos (y comercializados vía mutuales con códigos de descuento), una estrategia que está en el fleje de la legalidad.
Entre las 7 díscolas hay al menos dos vinculadas a Red Mutual, que controla el peso pesado del sector (ahora que los Whpei están fuera de juego, o por lo menos en retirada) Walter Grenón, una figura de difícil digestión en el gobierno provincial.
En realidad, hace un año que el tema de los “códigos de descuento” revoloteaba en el Ministerio de Economía de Santa Fe. ¿Por qué ahora? “Ellos nos trajeron el problema (por la morosidad), ahora hay que resolverlo”, responde Olivares.
Si bien la postura del gobierno provincial asoma rígida, termina siendo contemplativa frente a lo que ocurre en otras provincias. La semana pasada contamos el caso de Chubut, que directamente eliminó los códigos de descuento. Esta semana el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó un decreto de necesidad y urgencia decretando por 180 días la emergencia crediticia y social “para frenar el sobreendeudamiento de las familias y evitar cobros mediante tasas usurarias o de deducciones automáticas en los haberes de empleados públicos”.
En síntesis, suspende códigos de descuento, pone techos a tasas de interés, suspende ejecuciones y hasta arranca con controles a los proveedores financieros. Y hasta prometió cárcel a los financistas de las mutuales.
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Eso sí, en la avanzada santafesina también están los justos que pagan por pecadores. Así lo ven en el Banco Municipal. Su presidente, Claudio Forneris, resaltaba en el cóctel de la Bolsa que ellos tienen todo en orden (las mutuales son usadas como canal comercial, pero ellos pagan Ingresos Brutos por los préstamos, tienen registrados a los tomadores del crédito como deudores propios y hasta pagan las tasas más bajas del mercado), pero ante la difusión noticiosa de que están dentro del grupo de bancos que comercializan créditos cobrados con códigos de descuento, tuvieron que afrontar llamados de reguladores y atender malestares internos.
La salida que le proponía anoche Forneris a Olivares es que se cambie la ley y se habilite solo a los bancos públicos a prestar con códigos de descuento (hoy solo pueden las mutuales y el Banco Santa Fe), y así no necesitarían trabajar con mutuales (es tal vez el mejor negocio que tienen, y además les conviene porque les diversifica riesgos y les baja la morosidad, ya que el cobro es automático).
“Nosotros les servimos porque les bajamos las tasas”, dijo el presidente del Banco. “Lo estamos estudiando”, respondió Olivares.
Con la llegada de Pablo Javkin, el Banco Municipal empezó a sanear la relación de la entidad con el mundo mutualista. Incluso sacaron del edificio a dos mutuales que allí funcionaban. Ninguna gestión anterior enfrentó problemas internos del Banco como la actual (y lo hizo lejos de los medios). Y las mejoras en el desempeño son evidentes.
Pero el problema que tiene el Banco Municipal es que el gremio —con personajes ligados a negocios con mutuales y a negocios con proveedores de servicios caros e ineficientes— sigue tallando mucho en la administración (poniendo ejecutivos en la alta gerencia) y en la dirección de la entidad, dificultando así las mejoras en eficiencia.
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Y si de mutuales se trata, resulta que un gimnasio de los mejores equipados de la ciudad, y que es parte de una mutual céntrica, se habría quedado con el alquiler del inmueble en el que funciona un competidor adelantando el pago de 10 años de alquiler. Sí, de una, toda puesta sobre la mesa.
Una conveniente oferta a la que el dueño del inmueble no se puede negar, y eso que el anterior gimnasio le pagaba el alquiler anual todo junto por adelantado. Pregunta: ¿a qué fórmula económica se recurre para cerrar semejante contrato de alquiler a largo plazo? Surgen más preguntas, pero esas se las dejamos a los lectores.
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Vamos al tema central de este Run Run. Se trata de una denuncia penal por presunta estafa presentada en Fiscalía contra la constructora Proyecto PH, que, instalada en Pueblo Esther, ofrecía un servicio de construcción integral de viviendas unifamiliares e infraestructura bajo la modalidad "Sistema Llave en Mano".
Bajo esta propuesta comercial, la empresa prometía al cliente resolver todo el proceso en un solo paquete, un negocio en el que opera fuerte una docena de empresas en el sur provincial. PH ya había sido señalada en esta columna en dos oportunidades.
Primero, cuando sus competidores se quejaban de los precios bajos que ofrecía —sosteniendo que no guardaban relación con los costos actuales— y la acusaban de generar distorsiones en el mercado con esa estrategia de supuesto dumping. Luego, la volvimos a nombrar cuando los clientes se quejaban de los retrasos en las entregas.
Podríamos decir que todo se trataba de una cuestión de incumplimiento contractual. Hasta ahora.Es que, patrocinados por el abogado Marino Ríos Artacho, siete damnificados por seis hechos realizados entre agosto de 2022 y abril de 2024 presentaron ante Fiscalía una denuncia penal contra Hernán Melano, representante legal de Proyecto PH.
La denuncia señala que el denunciado utilizaba la estructura de una asociación/empresa ficticia bajo un "esquema Ponzi". Captaba clientes mediante publicidad engañosa en redes sociales, ofrecía contratos "Llave en Mano" con facilidades de pago, cobraba importantes sumas iniciales y cuotas, iniciaba superficialmente las obras para mantener el engaño y luego las paralizaba justificándose con excusas falsas o exigiendo más dinero para continuar.
En concreto, se denuncian 6 hechos/casos de estafa bajo contratos de construcción “Sistema Llave en Mano”:
Hecho 1: Contrato del 12/08/2022 para una vivienda de 91 m² en Rosario por $12.940.000. Entregaron un anticipo de $5.296.000 y 7 cuotas (aprox. U$S 31.650 en total). La obra quedó paralizada con un 55% de avance y materiales de menor calidad a los pactados.
Hecho 2: Contrato del 06/10/2023 para una casa de 150 m² en Pueblo Esther por $45.000.000. Entregó $18.000.000 de anticipo y 12 cuotas (aprox. U$S 43.025 en total). La obra fue abandonada con un 55% de avance.
Hecho 3: Contrato del 20/12/2023 para una vivienda de 144 m² y piscina en Álvarez por $50.400.000. Abonó dos anticipos de $20.160.000 más un contenedor valorado en $4.000.000 (aprox. U$S 40.320 en total). Obra paralizada al 55% de avance.
Hecho 4: Contrato del 30/04/2024 para una vivienda de 110 m² en Roldán por $55.000.000. Entregó $22.000.000 de anticipo y 12 cuotas de $2.750.000 (aprox. U$S 49.070 en total). Obra paralizada al 31,17% de avance.
Hecho 5: Contrato del 20/12/2023 para una vivienda de 153 m² y piscina en Pueblo Esther por $59.350.000. Entregó $23.740.000 de anticipo y 14 cuotas (aprox. U$S 56.105 en total). Obra paralizada al 42,30% de avance.
Hecho 6: Contrato del 04/12/2023 para una vivienda de 180 m² en Fighiera por $63.000.000. Entregaron $25.200.000 de anticipo y 14 cuotas (aprox. U$S 59.565 en total). Obra paralizada al 50% de avance.
La diferencia crucial entre un incumplimiento contractual (vía civil) y una estafa (vía penal) radica en la intención inicial y el engaño (ardid). Y en este caso particular, la parte querellante decide ir por la vía penal argumentando que no se trata simplemente de una empresa que tuvo problemas financieros y no pudo terminar las casas, sino de un "negocio jurídico criminalizado" (un contrato usado como fachada para defraudar).
Ampliaremos.
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Otro tema. Esta semana hubo un nuevo round en el conflicto entre la Municipalidad de Rosario y la Caja de Ingenieros por la decisión del gobierno local de dejar de exigir que el profesional que realiza un trámite de obras particulares (como un pedido de habilitación de obra o un final de obra) tenga que tener al día sus aportes previsionales.
Por un lado, la Justicia en primera instancia falló a favor de la Municipalidad, rechazando los argumentos por los cuales los centros de jubilados de ingenieros de Rosario y Santa Fe presentaron una medida cautelar contra el decreto. Y por el otro, la Caja y los Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Maestros Mayores de Obra realizaron una movilización de protesta frente a la Municipalidad y el Concejo. Además, agotada la vía administrativa, la Caja va por la denuncia en el tribunal Contencioso Administrativo advirtiendo el riesgo de desfinanciamiento.
Pero lo que queremos aportar ahora es un tema que emerge: la magnitud de los aportes a los colegios profesionales vinculados a la construcción.
Si bien un arquitecto por una obra hace un aporte de un 13% a su jubilación, tanto el arquitecto como un ingeniero deben aportar por cada obra un 5% de aportes al colegio profesional. Y ese aporte no goza de mucha popularidad entre los profesionales. ¿Vale esos sus servicios? Y las opiniones no son unánimes.
Es más, en el caso de obras particulares, el profesional tiene que pagar en efectivo los aportes a la caja y al colegio, mientras que a sus clientes siempre les tiene que otorgar facilidades (piden un anticipo y financian el saldo). No en vano, cuando se trata de los Colegios (no las cajas), hay profesionales que sienten que están financiando de su bolsillo a una casta, sobre todo entre los ingenieros.
Pero el centro del problema está en el Colegio de Ingenieros. La magnitud del dinero que mueven los Colegios vinculados a la construcción se percibe con total claridad en el caso de la obra pública. Es que ese 5% no está referido al honorario del profesional sino al monto total de la obra. Son cifras millonarias.
Por ejemplo, en un contrato de obra pública en la cual hay que hacer una obra civil y sobre esa obra civil, digamos, instalar un equipo electrónico importado que debe comprar el contratista que ganó la licitación, el aporte al Colegio de Ingenieros es un porcentaje no de la obra civil, sino que también incluye el monto invertido en el aparato. Como el costo del aporte termina siendo parte del presupuesto, al final el que termina pagándole al Colegio es el Tesoro.
Se entiende así que el Colegio de Ingenieros tenga como sede un edificio con la mejor vista al Monumento a la Bandera y el mejor rooftop con vista al río, muy usado para fiestas y celebraciones. Es que la Caja, que es la que debe abonar las jubilaciones, tiene comisiones directivas que van rotando, con profesionales en cargos directivos muy bien valorados, y presupuestos ajustados a sus reales necesidades, pero el Colegio, que viene siendo conducido por el mismo equipo desde hace décadas, maneja presupuestos millonarios en base a fondos públicos. Un lugar de mucho poder. No en vano el ingeniero civil Alejandro Laraia, un personaje no muy bien referenciado entre empresarios de la construcción, lleva 19 años y 10 meses al frente de la institución.
Si esto no es casta, se le parece bastante.
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Finalmente, no vamos a quedarnos con el sabor amargo de conflictos y denuncias. Vamos por la positiva. En este caso, lo que dejó ExpoLog, la primera feria portuaria y logística de Rosario, que esta semana se realizó en La Fluvial, organizada por el Instituto de Desarrollo Regional y la consultora Global Ports.
Por esta expo pasaron más de 1.500 personas para escuchar a 80 expositores y recorrer los stands de 35 empresas que fueron a promocionar sus ofertas de productos y servicios vinculados a la logística. Lo destacable puede ser, a primera vista, la visibilidad que obtuvo un sector que es clave en nuestra economía provincial, que es la logística.
Hablar de soluciones logísticas es más importante que hablar de puertos; es hablar de inversión, producción y competitividad. Y durante los dos días que duró el encuentro, quedó claro que es factible cumplir el objetivo de que la provincia de Santa Fe pueda sumarse al tren de los hidrocarburos, la minería, el gas y el petróleo.
En efecto, la economía de la provincia ya lidera uno de los dos grandes sectores de crecimiento que tiene la Argentina, que es la agroindustria. Y la llave para sumarse a lo que podríamos llamar el mundo Vaca Muerta está en la logística. Y por eso todo el entramado logístico regional lo que está buscando es acomodar sus ofertas y sus posibilidades para poder encontrar un lugar en ese tren que también marcha a toda máquina.
Pero también la realización del congreso nos permite volver a un tema recurrente de esta sección, que es el activo estratégico que son las instituciones de la sociedad civil que tiene la región para afrontar todos sus desafíos pendientes.
Esta semana fue el acto aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, un faro para toda la economía nacional. A principios de mes la semana pasada fue Aapresid, el principal motor para el turismo corporativo de la ciudad. En este caso, lo que resaltamos es a los organizadores de ExpoLog, una feria que, como dijo la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, no puede entenderse cómo no se hizo antes, ya que está vinculada a uno de los temas fundacionales de la ciudad, como el puerto, y es de los principales motores que tiene la economía regional, con la transversalidad en todos los sectores que implica el transporte.
“Vamos por el Aapresid de la logística”, dijo el director ejecutivo del IDR, Juan Venesia, en su discurso de apertura. Que así sea.
