- Al “sabueso” de la Dirección General Impositiva de ARCA en Rosario le sorprendió el video de redes sociales que le reenvió un conocido. Había sido difundido por la cuenta oficial del Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro) y era sobre la última reunión de su Consejo Consultivo; allí se podían ver diferentes momentos de la reunión de trabajo. Lo que le llamó la atención de la escena fue la participación, como consejero de un ente público, del apoderado legal y gerente de un depósito fiscal de la localidad de Pérez que allanó en una causa de millonaria evasión en granos.
No era una causa menor. A finales de 2023, encontraron en ese depósito de la firma Transtotal unas 300 toneladas de maíz almacenadas (unos 8 camiones) que buscaban exportarse a Uruguay sin tener los papeles en orden, tanto de la mercadería como de la empresa vendedora, que no podía acreditar capacidad financiera y no estaba anotada en los registros de operadores de la cadena agroindustrial. Es más, el depósito fiscal no tenía todas las autorizaciones correspondientes para mover granos. Muy raro.
Bastó un llamado que el “sabueso” le hizo a un colega en Aduana Rosario para enterarse de que en esa dependencia sigue abierto un expediente vinculado a la operatoria de Transtotal. Y no es lo único: la empresa está envuelta en otra causa judicial y hasta se denunció la falta de título habilitante del apoderado y gerente para capacitar sobre comercio exterior. Así todo, el Enapro lo tiene como consejero y la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia lo promociona en el listado de capacitadores de empresas pymes que quieren empezar la aventura del comercio exterior. ¿Lo mantendrán?
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- Hablando de comercio exterior, 12 industrias alimenticias santafesinas se sumarán a la comitiva de 50 compañías que, de la mano de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), participarán del 14 al 16 de abril en la expo supermercadista más importante del sur de Brasil, que se realiza anualmente en Curitiba.
El evento reúne a referentes del sector retail y proveedores de alimentos, bebidas e insumos. Además de participar en la expo, CAME organizó rondas de negocios para las empresas santafesinas con 40 compradores de Brasil, además de visitas técnicas a los grandes supermercados de la región. Con un consumo interno muy deprimido, la alternativa exportadora asoma como fundamental para las alimenticias locales, aunque tienen el escollo de un tipo de cambio no muy favorable. ¿Será el turno de aprovechar para comprar e importar más que para vender y exportar? Lo veremos.
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- Y si hablamos de retail, no hay que tomar la novedad de que dos supermercados que pertenecían a Micropack ahora pasan a ser controlados por los chino de “Todo Chen”. Y es que, los jugadores asiáticos ya empiezan a sobrevolar el negocio mayorista.
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- En materia de la agenda empresaria, el encuentro estratégico más relevante del sector de la construcción en el interior del país se realizará este 8 de abril en la Bolsa de Comercio de Rosario. Se trata de Converge, el espacio de referencia para desarrolladores, inversores, constructores y proveedores estratégicos que necesitan interpretar el nuevo escenario económico.
Tras una primera edición que marcó un punto de inflexión en la agenda sectorial de la región —con 1.422 asistentes, 21 speakers de destacada trayectoria y el respaldo de cerca de 40 sponsors de primer nivel—, el Foro regresa con una propuesta ampliada en contenido técnico y profundidad estratégica.
La jornada se desarrollará con un enfoque centrado en el análisis macroeconómico y su impacto directo en el negocio de la construcción. En un contexto donde las variables financieras, los costos operativos y las oportunidades de inversión redefinen permanentemente el tablero, Converge propone una lectura integral del ciclo que comienza.
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- Y en materia de desarrollo inmobiliario, la novedad viene por Puerto Norte. Es que Nación y Santa Fe pactaron el pago de la deuda con la Caja de Jubilaciones por un total de $120.000 millones, financiados en 12 cuotas mensuales de $10.000 millones.
Lo importante es que más allá del efectivo, el acuerdo incluye la transferencia a la provincia de seis terrenos estratégicos en Puerto Norte, que el gobierno de Javier Milei había puesto a la venta en 2024.
Se trata de 8 hectáreas de las más cotizadas de la ciudad. Su valor de mercado actual es de 50-80 millones de dólares, pero su potencial eleva la inversión a cifras muy superiores.
Pero no solo eso. También está el Impacto Urbano porque la transferencia permitiría la reconvención definitiva de esa estratégica zona.
Nación, Provincia, Municipio y, sobre todo los privados, no quieren quedarse afuera de esta mesa que se sirve en Puerto Norte. Cada uno en lo suyo: recaudando dinero (la Provincia), planificando la ciudad (el Municipio) y haciendo negocios (los constructores).
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- “No dejemos que un influencer y un aspirante a millonario ensucien nuestro comercio ganadero, cuya institucionalidad, usos, tradiciones y valores siempre marcaron la diferencia frente a otros mercados”, sostiene Mauro Venturi, de la consignataria Aguirre Vázquez.
Con el correr de los días, “la novela” del falso robo de 190 cabezas de ganado entre Bruno Riboldi (conocido en redes como “la Joya Agro”) y Nicolás Coscia (con quien mantenía relaciones comerciales) sigue teniendo rating porque, cual divas de teatro barato, se siguen arrojando acusaciones cruzadas por redes sociales y medios de prensa (como la que ahora dice que “La vaca María”, que hizo famoso al influencer, “no es María"); pero al menos se va limpiando el escenario de otros actores que las partes en pugna buscaron subir al escenario cuando no tenían nada que ver.
Por ejemplo, quedó claro que la consignataria interviniente en la venta (la rosarina Aguirre Vázquez) cumplió con todos los requisitos en materia de exigencia de documentación para hacer la venta del ganado de buena fe al productor de Chabás, operación (financiada íntegramente por el consignatario) que ahora quedó en stand by. Por eso el que sigue complicado es el Senasa, ya que todavía la Justicia debe explicar cómo Coscia consiguió los papeles para poder trasladar la hacienda sin autorización de Riboldi y habilitó así la posibilidad de la venta. ¿Ineficiencia o irregularidades? ¿O cuánto de cada cosa?
El Gobierno nacional respondió encargando una auditoría interna cuyo resultado no se informó públicamente (en rigor, en todo lo referente al agro, desde la Secretaría de Agricultura al Senasa, nunca se informa nada oficialmente, “una práctica oscurantista” que dista mucho de las prácticas de las democracias liberales que tanto alaba), y —de paso— aprovechó para anunciar el cierre de la oficina en la que se hicieron los papeles.
En el expediente de la causa, el único complicado es Coscia, imputado por defraudación y abuso de confianza. Y este “aspirante a millonario” también recibió esta semana un muy duro revés cuando la Justicia rechazó en su totalidad todas las demandas por irregularidades contra el directorio de la alimenticia Inalpa presentadas por él como accionista minoritario en su puja por acceder a las utilidades de la firma (que, como política, reinvierte las ganancias), un tema que desarrollamos en extenso la semana pasada.
En efecto, todo lo que pidió (impugnación de asambleas, suspensión de estados contables y responsabilidad personal de los directivos) fue rechazado por el juzgado civil y comercial de Villa Constitución.
Sus abogados prometen apelar, mientras que en Inalpa sienten que la Justicia puso las cosas en su lugar, y el “círculo rojo” local se inclina unánimemente en contra de Coscia, como se pudo palpar con todos los mensajes de apoyo que recibió la titular de la empresa, Mayra Boglich, en la previa a la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a la Bolsa de Comercio de Rosario.
Ahora: ¿la jueza Agueda Orsaglia, de Villa Constitución, justo tuvo que fallar por estos días, cuando la causa lleva años en su despacho? La duda sobre el accionar de la Justicia tiene una razón: está instalado que la Justicia se suele mover al ritmo de la opinión pública y es sabiamente “tiempista” con sus fallos. Y, a decir verdad, la salida a la luz pública de todas las irregularidades comerciales que la Justicia le imputa a Coscia lo dejó regalado para el fallo.
Oscar Romera, el abogado de Inalpa, tiene otra respuesta: “El fallo salió en los tiempos en que tenía que salir. Se resolvió porque ahora estaba en condiciones de resolverse. La causa empezó en el 21/22, y durante un largo tiempo se hicieron los alegatos, se presentaron las pruebas documentales, así que ya estaba todo hecho, y lo que correspondía era resolver; no hay misterio. Es la lógica de un juicio, que empieza y termina. No es sorpresivo, no es algo que pasó de un día para otro; ya hacía desde el año pasado que estaba en condiciones de resolverse. No es que lo resolvió en dos días”. Y agrega: “Algunos reclamos desde septiembre y otros desde octubre ya estaban para sentencia. Y la causa duró mucho porque cada vez que había una asamblea societaria había una impugnación y posterior judicialización. De hecho, resolvió en una sola sentencia cuatro causas conexas que arrancaron en el 21, 22 y dos del 23”.
¿Y qué pasa con la denuncia penal que hizo Coscia contra los de Inalpa por administración fraudulenta? "Sin comentarios", responden en Fiscalía. Y el tema sirve de puente para adentrarnos en los pasillos de la Justicia.
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- Tras la reforma constitucional del año pasado, la fiscal general María Cecilia Vranicich fue clara al advertir su descontento con la estrategia empresaria de recurrir a las denuncias penales para forzar acuerdos comerciales. “El MPA no está para que vengan a dirimir cuestiones dinerarias”, dijo en Radio 2 la fiscal general a finales de diciembre del año pasado. Y sobre la persecución de delitos económicos, en aquella oportunidad aclaró que “el objetivo priorizado de Fiscalía será lo que tenga relación con la circulación ilegal de dinero que provenga de las violencias altamente lesivas”.
Como días después de esas declaraciones el fiscal regional Matías Merlo no hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado en el caso del financista Luis Herrera —que el fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Complejos, Miguel Moreno, había dejado listo antes de renunciar para asumir como camarista—, se interpretó que la decisión estaba en línea con el nuevo tratamiento que se le quería otorgar a los casos de estafas financieras.
Pero esa no era la explicación correcta. Es que Vranicich redactó una circular interna en la que estableció que sean priorizados los casos en los que haya una multiplicidad de víctimas y se haya causado una conmoción social, por ejemplo, cuando se pierden todos los ahorros de las familias, por más que no sean sumas millonarias. Y en el caso de Herrera vaya que hay multiplicidad de víctimas y ahorros de familias enteras evaporados. Así que el intento por limpiar de conflictos comerciales las oficinas de los fiscales no debe ser interpretado como que no serán investigados los casos de estafa.
Y en el caso de Herrera las razones del rechazo al juicio abreviado hay que buscarlas por el lado de las debilidades propias del entendimiento, sobre todo porque así como hubo 33 querellantes que lo aprobaron, hubo 27 que lo rechazaron. Y Merlo sabía que iba a ser muy difícil que un juez apruebe un acuerdo con casi un 50% de los querellantes en contra.
También había otras razones, como el cambio de calificación en favor de los imputados, pero lo que se nota que ocurrió fue que al entendimiento le faltaba todavía tiempo de maduración. La idea de querer sacarlo rápido en la previa a las Fiestas de Fin de Año y a la Feria Judicial nubló el panorama a sus redactores, y es posible que si la defensa no se hubiese apurado para que los dos hijos de Herrera empezaran el 2026 en libertad, el acuerdo hubiese seguido floreciendo hasta ser aprobado hacia febrero/marzo. ¿Fueron los abogados o la familia los que presionaron para apurar el acuerdo?
Como sea, Herrera se quedó luego sin su abogado defensor (Gustavo Franceschetti) y todo indica que en el juicio será asistido por la defensa oficial. ¿Cómo sigue el caso? La Justicia le prorrogó la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar, y la Fiscalía tiene plazo para presentar acusación hasta el 14 de abril. Entonces, lo que sigue es que la Fiscalía acuse y que luego se haga la audiencia preliminar, en la que puede discutirse si el caso debe ir a juicio o no, y allí se discuta la prisión preventiva.
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- Ahora, sobre expedientes en la mesa de los fiscales económicos, la causa de las 27 denuncias por millonarias estafas que hicieron clientes de la financiera CIAG, a cargo de Paola Allegranza, genera muchos ruidos. Y es que el único imputado, el financista Luis Roatta, quien luego de acordar una probation, junto con un grupo de damnificados, se están moviendo por todos lados y metiendo presión para que Fiscalía investigue y detenga a Allegranza, asegurando que tienen documentación y pruebas.
Es más, días atrás le llevaron al auditor general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, sus quejas por lo que aseguran es la “falta de celo investigativo para avanzar en la pesquisa y demostrar voluntad por recuperar el dinero desaparecido”.
“No tengo comentarios para hacer. Es un caso abierto y todo lo que se dice no hace más que frustrar posibles líneas de trabajo”, le dijo a Rosario3 el fiscal Sebastián Narvaja, a cargo de la Unidad de Delitos Complejos.
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- Vamos a seguir con los “sospechosos de siempre” que tiene esta columna, pero como la novedad no viene de Fiscalía, vamos a cerrar este paso por el Centro de Justicia Penal con una “perlita” que no pasó desapercibida en la tensión permanente entre jueces y fiscales.
En el fallo de esta semana del juez de segunda instancia Javier Beltramone, confirmando la absolución del padre denunciado por abuso a su hija, cuyo caso destapó una red de informes falsos en Santa Fe, muchos hicieron foco en que el magistrado hizo referencia a la falta de objetividad del MPA en avanzar con casos en donde se investigan serios hechos con apariencia de delito, y hasta habló de “ejercicio arbitrario” en el accionar de la Fiscalía Regional a cargo de Matías Merlo.
Se trató de una dura crítica que apareció luego de un fuerte cruce en la Cámara y Merlo por cuestiones vinculadas a la competencia de las causas de “microtráfico” de drogas, al que luego se le buscó bajar el tono. Pero lo que desde esta columna, que le gusta seguir las cuestiones de los números que maneja el poder (ya sea empresario o judicial), queremos observar es que Beltramone le hace pagar las costas del caso a Fiscalía, algo inédito.
Y ocurre que hasta ahora Fiscalía nunca tenía que pagar costas de su presupuesto, porque antes de la reforma constitucional estaba dentro de la órbita de la Corte y ese tipo de gastos los absorbía el presupuesto judicial. Pero ahora que son un “extrapoder”, la plata deberá salir de la billetera de la Fiscalía. ¿Está preparado ese presupuesto para afrontar este tipo de costos? Delicias económicas de la independencia.
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- Volvamos a los “sospechosos”. Y la historia es atrapante. Resulta que el Gobierno provincial viene promocionando por todos lados y a toda hora la quinta subasta de bienes decomisados al delito en Santa Fe (con las que se busca desfinanciar a las organizaciones criminales y reparar a las víctimas) que se realizará el 16 de abril, y que como novedad tiene que se subastará hasta un avión. Y el avión es el protagonista porque su titular no es una organización narco, como se suele dejar correr, sino que es de un viejo conocido de esta columna: el detenido agente de bolsa Daniel Casanovas.
El avión estaba denunciado como un bien en el marco del concurso de acreedores de las empresas de Casanovas, pero nadie en la Justicia comercial le había prestado interés, y de hecho ni se sabía dónde estaba. Es más, tampoco estaba toda la documentación.
Hasta que un querellante encuentra todos los documentos del avión (el título y el boleto de compraventa) al revisar los papeles secuestrados a Casanovas en uno de los últimos allanamientos. Fue así que una de las audiencias imputativas expone la existencia de ese avión, que estaba escondido. Fue ahí que la defensa lo ofrece como fianza (para zafar de la prisión preventiva) y señala que está en San Nicolás, en un hangar del empresario portuario Guillermo Misiano, de PTP Group. ¿Qué tenía que ver Casanovas con este polémico empresario? En los inicios de la concesión de la Zona Franca, Casanovas tenía una participación o relación comercial con Misiano.
Pero cuando las autoridades fueron a buscar el avión, el avión no estaba en San Nicolás. Ni el hangar ni Misiano sabían nada. En ese ínterin es que se le informa a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) la existencia de ese avión. Sobra decir que a esa dependencia se le caía la baba por encontrarlo. Y fue así que se sumó intensamente a la búsqueda.
La que lo encuentra es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en un pueblito de Entre Ríos, y hasta allí salieron desesperados los funcionarios de la Aprad apenas les avisaron. Tan contentos estaban los funcionarios que hasta se sacaron fotos con el avión cuando llegaron e incluso querían volver volando. Pero como no estaba en condiciones para volar, al final le sacaron las alas y se lo trajeron en camión a Rosario para rematarlo.
El debate jurídico es que, al ingresar al sistema de Aprad, el dinero del remate pasa a las arcas generales de la administración provincial y no a las víctimas de Casanovas, que —además, en el caso de la querella— fue la que descubrió la existencia del avión. En efecto, el dinero recién llegaría a las víctimas cuando se termine la causa penal y haya una sentencia que disponga la reparación de las víctimas, y ahí se restituye (salvo que haya una resolución del conflicto penal anterior a la sentencia, como una probation).
En cualquier caso, el dinero —si es que se les restituye a las víctimas en un futuro— será con un interés a tasa pasiva del Banco Nación, después del descuento del 20% de los gastos del remate (¿no parece mucho?), y los gastos de conservación del bien subastado (¿no debería salir del presupuesto de la Aprad?) desde el secuestro hasta el remate, más todo el costo administrativo de los abogados que hay que contratar para las gestiones.
En otras palabras, en este caso el dinero recaudado (que sufre muchos descuentos y escasa actualización) no queda afectado al expediente penal. No se vincula con la causa en la que se secuestró el vehículo o el bien rematado. Cambia la naturaleza del bien: pasa de un bien de un particular a un crédito contra la Administración. ¿Está bien eso? ¿No es una ofensa para las víctimas? Porque esos bienes Casanovas los compró con el dinero que le birló a sus clientes.
Hay que entender que con este “pasamanos” de la subasta es menos la plata que llegará para resarcir a los clientes estafados; y de paso la caja provincial se hace con un buen dinero.
El caso de los remates de bienes de Casanovas ya viene encendiendo polémicas. Es que la Aprad subastó en julio una camioneta de alta gama de Casanovas, pese a que le había llegado la notificación de una resolución judicial que se lo prohibía. Y para evitar una denuncia, los funcionarios se comprometieron a girar el dinero a las víctimas al toque, pero nada de eso ocurrió y el dinero sigue en Rentas Generales de la Provincia.
Ahora, todo esto que ocurrió con Casanovas lo podemos contar porque desde esta columna venimos siguiendo el caso. Pero se activan otros interrogantes: ¿cuantos de los bienes que tienen para rematar provienen de delitos vinculados al narcotráfico y cuántos de secuestros de causas de conflictos entre privados? ¿Y cuántos de esos casos tienen sentencias o han sido esclarecidos, y cuántos se encuentran en investigación, aún sin siquiera acusación y ni siquiera audiencia preliminar? ¿Cuánto del dinero recaudado se restituyó a las víctimas y cuánto se mantiene en la “caja” de la Provincia? Preguntas.
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- Vuelta de página. Volvemos a la economía. Esta semana estuvo en Rosario el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Disertó en la Bolsa en plan evangelizador ante unos 700 empresarios; allí defendió el modelo, sostuvo que la economía está en crecimiento y le pidió a los empresarios que apoyen con inversiones y no se queden esperando una devaluación. Aprovechó para pegarle a provincias y municipios por el alto costo impositivo que le suman a bienes y servicios y pidió la colaboración empresaria contra Ingresos Brutos y las tasas municipales, un pedido que los empresarios asumen con gusto porque esa es una batalla ganada por Nación.
A sabiendas de cuál sería la crítica de Caputo, el Gobierno provincial respondió jugando a dos puntas. Antes de la presentación, los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo, Gustavo Puccini, se anticiparon a resaltar todo lo que están reduciendo de impuestos con números duros.
Fue así que contaron que cerca de 5.000 empresas ya utilizaron al menos una de las herramientas disponibles, con un incremento en febrero respecto de enero. Entre las principales medidas se destacan tres ejes: la posibilidad de deducir del impuesto a los Ingresos Brutos el equivalente a salarios de nuevos empleados, la deducción del costo de la energía eléctrica y la reducción de alícuotas para pequeños comercios.
En ese marco, más de 700 empresas ya dedujeron más de 3.000 salarios vinculados a nuevas incorporaciones, mientras que otras 2.900 industrias y comercios aplicaron descuentos por consumo energético. En conjunto, estos beneficios generaron un ahorro superior a los $1.500M para las empresas.
Y luego de la presentación, el Ministerio de Economía de Santa Fe anunció su adhesión a la ley de Transparencia Fiscal, que permite ver en cada ticket desagregado el costo de cada impuesto nacional y provincial. La Provincia venía demorando su adhesión, lo que le generaba críticas de las usinas libertarias. ¿Qué cambió? “No cambió nada en esencia. Fuimos estudiando el tema y viendo lo que hicieron las demás provincias. Y diseñamos una salida que nos pareció ecuánime”, le explicó a Rosario3.
¿Qué se definió? Se muestra en el ticket en dos renglones bien pegados: Impuestos Nacionales y los Ingresos Brutos de Santa Fe, para que quede bien claro y definido el contraste.
“Lo que nos preocupaba era un posible conflicto con los comercios que nos cuestionen el costo adicional a los que los sometíamos. Eso le pasó a Córdoba y tuvo que dejar todo en stand by”, agregó Olivares. En definitiva, la implementación será progresiva y no obligatoria en los casos de que implique costos adicionales para los comercios por la adecuación del sistema.
“En definitiva, cuando al comercio la empresa de controlador fiscal o software de facturación le cobre más de $50.000 para hacerle los cambios, ese comercio no va a estar obligado al cambio hasta tanto tenga que hacer una actualización general del software o controlador fiscal”, agregó.
Pero, por más que Santa Fe y Rosario muestren con todos los números que la incidencia de sus costos impositivos es ínfima frente al peso de los tributos nacionales, tanto en los combustibles como en los vehículos (por citar dos ejemplos que puso Caputo en su exposición), Ingresos Brutos y las tasas locales sacan lo peor de los empresarios de la región.
Ahora la pregunta es: Caputo no puede bajar retenciones, no puede pagar obras públicas y tampoco puede mejorar la coparticipación, que baja dramáticamente por la caída de la recaudación. Entonces: ¿por qué podrían los gobernadores e intendentes bajar tasas o impuestos?
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- Otro tema. A través de Enerfé y de la Mesa de Transición Energética, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia le está dando mucha manija a la idea que le trajo la empresa Genamex de transformar la basura en energía y combustible. Fue así que se convocó a las universidades y a algunas municipalidades (como Rosario) para analizar la viabilidad de la instalación de plantas de tratamiento con tecnología de punta. La idea es atrapante: convertir un pasivo ambiental de alto costo para los municipios (como es la disposición final de residuos) en un activo productivo (la generación de energía).
A la Municipalidad de Rosario el tema le interesa, sobre todo porque está planteado “de arriba hacia abajo”. Es que hubo en el pasado reciente algunas empresas, por ejemplo italianas, que se acercaron a la ciudad con esta idea, pero de movida chocaban con un impedimento legal: hay una ley provincial que no permite la incineración de residuos por la emanación de gases y vapores. Es una ley de hace 30 años que quedó algo vetusta por el avance de la tecnología, pero se necesita reformarla desde la Legislatura.
Pero además es un proyecto que se arma “de arriba hacia abajo” porque el problema de los residuos es de escala metropolitana. Y vaya que lo saben, por ejemplo, los vecinos de varios barrios de Ibarlucea a los que se les hace difícil soportar el olor que les llega desde los rellenos de Ricardone. La nueva Constitución provincial, con su impronta de autonomía, genera herramientas innovadoras como el armado de consorcios para encarar esta problemática en común.
Pero a no confundirse: el negocio es un modelo para armar. Los volúmenes de residuos existen en el área metropolitana, pero es necesario generar la operatoria de la logística de entrega en planta y, en caso de avanzar, también se deberá acomodar normativamente con el servicio actual de disposición final de cada comuna, concesión que en Rosario tiene la firma Resicom.
Ahora: ¿cuáles son los casos de éxito de estas estrategias? Si se trata de generar electricidad con residuos, hay experiencias en los países nórdicos, pero esa es “otra galaxia” con una realidad y organización social muy distinta. ¿Se debe plantear como estrategia para la solución del problema o para empezar a ensayar otras alternativas, por ahora con mejoras colaterales?
En América del Sur, por caso, sólo hay un reducido puñado de experiencias, casi todas en Brasil. En San Pablo levantaron una planta que trata unas 300.000 toneladas de residuos al año para generar energía. El tema es que San Pablo genera al año 7.300.000 toneladas de basura y la gran mayoría se dispone en dos grandes rellenos. También hay proyectos en Río y Brasilia y una experiencia en Santiago de Chile, pero ninguna con la magnitud para hacerse cargo del grueso del problema.
Por lo pronto, y viendo que Genamex lo que está haciendo es buscar capitales locales (públicos o privados) que pongan el 30% de la inversión para el armado de estas plantas (ya que aseguran que el 70% lo consiguen ellos de un fondo internacional), si la Provincia quiere jugar fuerte sería interesante ver si también hay otras empresas internacionales que puedan presentar mejores condiciones económicas y compitan entre ellas por ofrecer el mejor negocio.
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- Para terminar, y ya que nos metimos en la agenda de desafíos regionales, la propuesta que hizo el concejal de la alianza de centro izquierda (kirchnerismo/Ciudad Futura), Juan Monteverde, de que el Gobierno provincial se haga cargo del financiamiento de toda la salud pública de Rosario despertó y calentó el debate político. Algunos apuntes:
Como muestra el gráfico, desde la llegada de Hermes Binner a la gobernación de Santa Fe, el Tesoro provincial empezó a financiar de manera creciente el gasto de salud provincial. Primero la alta complejidad en algunos efectores y luego hasta la atención secundaria en todos los hospitales municipales.
Fue así que en 2009 se arrancó con el 16% y a partir de allí siempre escaló año a año con más recursos que llegaban de la Casa Gris. El máximo de financiamiento fue durante la gestión de Miguel Lifschitz, cuando la Provincia llegó a pagar el 54.7% del gasto total de salud en Rosario.
Por el contrario, el que más discriminó a Rosario fue el gobierno del justicialista Omar Perotti, ya que lo bajó de ese 54.7% al 17%. Precisamente ese es el sector político aliado hoy a Monteverde. Tal vez hubiese sido mejor hacer el reclamo por más fondos provinciales cuando estaban en la Casa Gris.
El instrumento por el cual se viabiliza el fondeo es un convenio cuyo monto se define año tras año, y el pago se hace contra año vencido, una fórmula que en tiempos de inflación es todo un problema.
“Tanto Hermes como Miguel y yo tuvimos las Legislaturas en contra y por eso no pudimos sacar una ley que genere la institucionalidad y previsión necesaria”, dijo el ex gobernador Antonio Bonfatti a Radio 2 esta semana. ¿Y ahora que el gobernador Maximiliano Pullaro controla la Legislatura no sería el momento de ir por la ley? “Así es, y en eso estamos trabajando”, respondió Bonfatti.
Ahora, ¿de qué salud pública municipal estamos hablando si en la actualidad el 42% lo financia la Provincia, que se hace cargo de toda la alta complejidad y la atención secundaria? Es más, reaparece la cuestión de lo intangible que puede ser hablar de autonomía municipal, como se discutió mucho durante la reforma constitucional, si no hay recursos económicos que la sustenten.
Es que queda el sabor de que hubo un déficit de la oposición para plantear el tema y del oficialismo para responderle en clave no partidaria, ya que la discusión puede ser muy interesante.
Primero, el financiamiento provincial se explica porque no solo los rosarinos se atienden en los centros locales, sobre todo en alta complejidad.
Así que estamos ante un servicio público de escala metropolitana y no frente a una temática de Provincia-Municipio. Además, como ocurre con otros servicios como el de recolección de residuos y disposición final, el creciente costo de la salud (por expansión de la demanda, las nuevas tecnologías, la complejidad de los abordajes y tratamientos y la ampliación de derechos) hace tiempo que tensiona las arcas locales.
No en vano, solo un puñado de grandes ciudades, como Buenos Aires y Rosario, están en condiciones de afrontar las inversiones en infraestructura, insumos, equipos y personal.
Es que en el fondo la discusión que asoma es la sustentabilidad de los municipios. Cada vez hay más rosarinos y rosarinas que viven en las localidades cercanas dejando de pagar tasas y contribuciones en la ciudad. Lo mismo ocurre con las industrias, que también fueron poblando parques fabriles de ciudades y comunas metropolitanas pasando a tributar allí las tasas.
Y en paralelo a ese proceso de “descentralización”, se fueron incorporando a la Municipalidad funciones extra (como la del transporte urbano, que 2/3 hoy es municipal), además de los costos crecientes de los servicios básicos como iluminación, residuos y salud, por nombrar algunos.
Hacia 1920, y con 250.000 habitantes, Rosario tenía su propia planta de agua potabilizadora y su red de tranvías construida por privados. Hacia 1950/1960, la salud pública municipal se sostenía por los médicos profesionales que trabajaban todas las mañanas gratis en los hospitales públicos.
Por esa historia y por su peso específico, Rosario plantea legítimamente la necesidad de una mayor autonomía. Pero el desarrollo de esos bienes públicos que son los servicios municipales exige un planteo de sustentabilidad financiera que excede las consignas. La lástima es que hasta ahora el debate está determinado por fijar primero la posición partidaria.
Felices Pascuas
