Arranca febrero, y vuelve el Run Run de los negocios y la economía de Rosario3. Y lo hace con novedades sobre inversiones inmobiliarias, alianzas empresarias y proyectos innovadores. También con noticias compra venta de compañías líderes y de crisis en varias firmas del agro y sus industrias. También muchos cheques rebotados en desarrolladoras inmobiliarias y un debate sobre el rumo económico que cobrará intensidad este 2026. Y como si fuera poco un histórico fallo tributario y una impugnación a reciente decisión de la Corte de Santa Fe calientan el final de la ferial judicial. Pasen y lean
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- La Bolsa de Comercio de Rosario vendió sus acciones en Bioceres Crop Solutions, la empresa del Grupo Bioceres que cotiza en el Nasdaq.
Se trata de una operación de escasa magnitud económica, pero de fuerte gravitación institucional por la decisión de la principal entidad empresaria agroindustrial del país de tomar distancia de la biotecnológica que atraviesa un momento muy complejo en lo financiero y en lo reputacional.
La Bolsa de Rosario compró inicialmente acciones de Biox (como se la conoce en la jerga bursátil) como un gesto de apoyo a la firma por su histórica salida en Wall Street, la primera en la historia de Santa Fe. Pero en rigor nunca tuvo una participación accionaria importante, pese a que por aquel entonces el grupo Bicoeres brillaba en el firmamento corporativo como el heraldo de la nueva era de de los negocios agroindustriales.
Así y todo, ahora, la Bolsa decidió liquidar toda su posición en Biox, firma que el grupo Bioceres repite no tiene nada que ver con la defaulteada Bioceres SA, que fuera la empresa inicial e insignia y luego separada siendo cargada con todos los pasivos y dejada sin activos o negocios en un proceso bastante opaco.
Abogados de acreedores ya preparan papeles para presentarse a verificar en el proceso de quiebra que, dicen, tendrá a cargo el juzgado civil y comercial número 6 de Rosario, mientras en dos estudios jurídicos de Rosario están mirando con lupa el caso para ver si hay margen como para incursionar por el carril de la Justicia penal porque muchos inversores compraron pagarés en la Bolsa pensando que estaban colocando fondos en una firma clave del grupo y no de una firma sin activos o negocios y solo deuda.
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- En el Grupo Bioceres repiten que lo que pasa con Bioceres SA no tiene nada que ver con Rizobacter y Bioceres Crops. “Menos mal”, dice el analista Salvador Di Stéfano, y muestra un gráfico con las cotizaciones que parece una película de terror para los ahorristas e inversores.
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- Ya que arrancamos con la Bolsa, el gobierno provincial y el Mercado Argentino de Valores (MAV) se aprestan a presentar una innovadora alternativa de financiamiento promocionado o subsidiado para las empresas santafesinas.
El tema es el siguiente: que el gobierno de Santa Fe no sólo subsidie, como viene haciendo, puntos de la tasa de interés de préstamos que empresas de la provincia van a solicitar a bancos, sino que por primera vez también lo haga con cheques de pago diferido y pagarés que las empresas vayan a cambiar en el mercado de capitales.
Además de contribuir a abaratar el costo del financiamiento a las empresas santafesinas, la idea es hacer más masivo el acceso al crédito promocionado, sobre todo porque cada vez son más las pymes que se financian (sobre todo capital de trabajo, que es lo que más se necesita en la coyuntura económica) vía el MAV.
Si bien todavía faltan definir detalles de la operatoria, la idea es que cualquier empresa con un “certificado de elegibilidad” emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo, pueda llevar un pagaré bursátil o un cheque de pago diferido a su agente de Bolsa (o cualquiera de los que tiene el MAV) para que se lo cambie en el mercado teniendo el beneficio de obtener un descuento de varios puntos en la tasa de interés a pagar.
La cartera que conduce Gustavo Puccini apuesta a presentar en los próximos 15 días la innovadora alternativa de financiamiento, que incluye la novedad de que el banco que mediará entre los fondos que envía el gobierno y canaliza el MAV será el Municipal de Rosario y no el Banco de Santa Fe, que es el agente financiero de la provincia.
Destrabar este tema y muchas otras cuestiones burocráticas y legales que implicó el nuevo programa fue una tarea que se puso al hombro y logró el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, muy focalizado este año en lograr nuevas herramientas de apoyo a los sectores productivos, que desde el último trimestre del año pasado empezaron a mostrar signos de crisis.
Ya venimos contando desde el año pasado que la gestión y el empuje político, en este caso de Puccini, es la que está logrando mover la estantería de la pesada burocracia y las normativas que sacralizan las áreas legales y contables del Estado para obtener respuesta a problemas que se arrastran por décadas, como en el caso de la EPE. Pero dejemos apuntado este tema porque vamos a volver al final de esta columna.
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- Dejemos atrás Bioceres y su tormenta, pero no nos vayamos de los negocios de la biotecnología. Y es que en las últimas horas trascendieron versiones del ingreso de un nuevo accionista en otra de las empresas santafesinas líderes del sector.
En el ambiente tecnológico se dice desde hace tiempo que los directivos de la compañía, líder nacional en su segmento, están en la búsqueda de socios que aporten capital (adquiriendo control total o parcial); y de hecho que su nuevo CFO provenga del sector financiero es un dato que no pasaba desapercibido.
Lo que trascendió en los últimos días es que habría conseguido un comprador para uno de sus negocios. Pero como hay acuerdos de reserva firmados por los que en la compañía, ante la consulta de Rosario3 no pudieron ni confirmar ni desmentir las versiones, pero sí adelantaron que en breve se comunicarán.
El tema es que al tratarse de un negocio que necesita permanentemente fuertes inyecciones de capital y que, además, se juega en ligas con jugadores de talla mundial, la necesidad de fondeo es permanente y de escala; y eso es todo un problema para una economía argentina cara y chica en alternativas de financiamiento.
(Nota al pie: y vaya que no hay alternativas sino miremos lo que pasa con el crédito hipotecario, que sigue a cuenta gotas, por la falta de un mercado de capitales robusto sobre el cual los bancos puedan descargar el riesgo de prestar a largo plazo).
Ampliaremos.
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- El tema que asoma entre la crisis de Biocere, los cambios en otra de las líderes y un desfinanciamiento profundo de Nación a la investigación en ciencia y tecnología es una posible reconfiguración del tejido empresario bio en el país que, no sin limitaciones, venía expandiéndose en la región, sobre todo de la mano del dos verticales en el que el país es competitivo: agro y salud.
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- Esta semana, Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líderes en el mundo, anunció el lanzamiento de las transferencias locales directas en dólares estadounidenses desde cuentas bancarias argentinas.
A partir de ahora, sus usuarios pueden mover sus dólares desde su banco local convertidos en cripto libremente, sin pagar comisiones sin limitaciones de días u horarios, y volver a convertirlos a dólares cuando lo deseen y pudiendo generar rendimientos pasivos de hasta un 21.5% anual. Además, podrán usar sus dólares digitales en Binance para pagar con QR desde la app de Binance de forma rápida, segura y sin complicaciones.
La novedad que aportamos ahora es que Binancie concretó este nuevo desarrollo en alianza con el banco rosarino Coinag, que sigue así consolidando su posición de entidad bancaria líder en desarrollos digitales en Argentina.
Y es que trabajar mano a mano con un proveedor global top mundial de tecnología blockchain expone el grado de desarrollo alcanzado por el Coinag como proveedor de soluciones tecnológicas para el sistema financiero.
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- Vuelta de página. Vamos a Tribunales por un tema recurrente de esta columna: la alta litigiosidad laboral en la Justicia santafesina. A fin del año pasado, la Corte Suprema de Santa Fe designó a Germán Calabrese, Guillermo Moses y Silvia Aiello como sus tres peritos especializados con asiento en Rosario para asistir a la Justicia laboral en accidentes y enfermedades laborales.
Además de reforzar la estructura para el fuero rosarino, a todas vistas colapsado, los peritos serían contratados con un régimen laboral distinto al vigente para los auxiliares profesionales de la Justicia ya que sus honorarios no iban a estar atados a la gravedad de los accidentes y enfermedades revisadas, un sistema que empresarios y el gobierno provincial coinciden en muy opaco porque alienta irregularidades.
La novedad es que ahora uno de los profesionales que participó del concurso, Romina Ciancio, impugnó y objetó en la Justicia las designaciones.
¿Por qué? Según sostiene, en un primer llamado para el armado del cuerpo médico, la Corte solicitó “Especialistas en Medicina Laboral”. Pero ocurre que para ser perito y/o forense, es condition sine qua non, ser “Especialista en Medicina Legal”. Y es que, aparte de la especialidad que se necesite, por ejemplo psiquiatra, ginecólogo, para ser perito hay que ser legista más la otra especialidad.
Advertidos de eso, los cortesanos amplían los requisitos. Entonces, los aspirantes que no posean ambos títulos de Especialidad en “Medicina Legal” y “Medicina Laboral” no se encuentran en condiciones de participar del concurso, y en consecuencia no pueden integrar el orden de méritos final ni ser designados para los cargos en cuestión.
El tema es que para el momento de la aclaración ya había muchos médicos solo laborales inscriptos que continuaron en carrera y la lista no sólo no se depuró, sino que lejos de eso ninguno de los tres ingresantes poseen ambas especialidades. Y más llamativo para la denunciante es que uno de la lista, dice, ni siquiera es médico laboral.
Esta semana, cuando retome la actividad judicial tras la feria de verano, será tiempo de que la Corte responda a las objeciones.
Y para sumarle confusión a la designaciones, al menos dos de los tres profesionales elegidos por la Corte integran la polémica “Comisión Médica de Rosario” de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, cuyo accionar es visto por el gobierno provincial y los empresarios como, justamente, un factor que incentiva “la industria de los juicios laborales”.
¿Por qué? Porque tiene una llamativa “preferencia por el bochazo” (definir que no hay ninguna afectación en el trabajador que llevó su reclamo) lo que empuja al empleado a buscar un resarcimiento vía Tribunales. Por el contrario, sostiene en la Casa Gris, si la Comisión Médica de Rosario trabajara como la de Córdoba (que no es tan timorata en los porcentajes aplicados de incapacidad) habría menos casos llevados a juicio.
Entonces: ¿Los profesionales que son vistos como parte del problema los designan ahora para intentar emprolijar el panorama?
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- A propósito de la alta litigiosidad laboral, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) en 2025 ingresaron a los tribunales laborales 134.141 demandas contra las ART, más de 360 casos por día. Eto representa un incremento del 6,4% respecto de 2024, cuando se presentaron 126.055 nuevos juicios.
Lo destacado es que el aumento permanente de la judicialidad ocurre cuando el índice de siniestros laborales baja todos los años (hay menos accidentes), y por eso no se equivoca quien dice que “la industria del juicio” es de las pocas que goza de plena salud.
Y como está Santa Fe, tercera en el ranking detrás de Buenos Aires y capital federal con el 14% de los litigios. Córdoba y Mendoza, abajo nuestros. Vamós !
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- A todo esto, quien se puso al hombro el lobby empresario contra algunos artículos de la ley de reforma laboral es el presidente de CAME, Ricardo Diab. Es que, al menos en la prensa, son los gremios y organizaciones de trabajadores quienes vienen encabezando la batalla contra el cambio de normativa, recurriendo mucho a todos los eslóganes de los noventa.
Pero también hay varios capítulos del proyecto que el gobierno quiere aprobar este febrero que preocupan a las empresas, sobre todo a las pymes.
El jefe de la Came también criticó el artículo 126, que determina la renegociación de los convenios colectivos de trabajo cuando venzan, a diferencia de lo que sucede actualmente: “Le da al Gobierno potestad de homologación de algo que entre las partes tenemos medianamente zanjado. Si empleador y empleado estamos de acuerdo el Estado no tendría que intervenir", dice Diab.
“En cuanto a las condiciones de negociación salarial, tenemos experiencia en paritarias, con profesionales, con análisis legal y económico, para poder sentarnos en la mesa. Delegárselo a un empresario que está preocupado y ocupado con su comercio no tiene razón de ser”, advirtió.
El titular de Came cuestionó entre otros el artículo 128 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, que veta los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, pero que mantiene los de los gremios. “Hay de animosidad con el sector empresarial porque se prohíbe los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias”, asegura Diab.
A todo esto, esta semana el senador nacional Marcelo Lewandowski dijo a Radiópolis, por Radio2, advirtió que tal como está el proyecto será judicializado. “Hay muchos puntos grises que van a ser seguramente objetados ante un planteo sobre su constitucionalidad”, advirtió el senador.
Precisamente, ese es el punto central de toda la discusión. Es que los empresarios lo que necesitan es previsibilidad. Esto es: que la reforma qu. se ponga en marcha, tenga aplicación efectiva y duradera. Si lo que sale aprobado entra luego en el terreno de las cautelares, no habrá la seguridad suficiente (por más buena que sea la letra de la nueva norma) como para que una empresa, sobre todo pyme, tome un nuevo empleado.
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- Sigamos con la línea judicial, pero en el capítulo tributario. Y resulta que se podría decir que con un fallo del Tribunal Federal de Juicio Número Dos de Rosario la “inocencia fiscal “entró en acción ya que dejó sin efecto condenas por evasión tributaria
Y es que, a la hora de resolver, el Tribunal -además de analizar las particularidades del caso- examinó el impacto inmediato de la flamante ley 27.799, que introdujo modificaciones sustanciales al régimen penal tributario vigente y definió que las conductas atribuidas a los imputados no conservaban relevancia penal bajo el nuevo marco normativo aprobado recientemente.
Los imputados (padre e hijo) habían sido acusados por evasión agravada mediante la utilización de facturas falsas en el IVA (período fiscal 2017), evasión en el impuesto a las ganancias, además de evasión simple del IVA correspondiente al año 2019.
En un primer momento el hijo fue absuelto por aplicación del principio de la duda, mientras que el padre resultó condenado a tres años y seis meses de prisión, pero la sentencia condenatoria no había adquirido firmeza, por encontrarse pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El tema es que en enero se promulgó la nueva ley de “inocencia fiscal” y el abogado defensor Cristian Scoponi solicitó el sobreseimiento al sostener que los montos atribuidos no superaban los nuevos umbrales establecidos por la Ley 27.799.
En efecto, ahora entró en vigencia el cambio normativo que elevó de manera significativa los umbrales económicos mínimos que condicionan la existencia misma del delito penal tributario, desplazando fuera del ámbito penal conductas que, hasta entonces, podían dar lugar a procesos criminales, como las del empresario que defiende Scoponi.
Y el juez Román Lanzón, quien había dictado en su momento la condena por evasión, avaló ahora el pedido de la defensa dictando así el primer fallo del país basado en la ley de “inocencia fiscal”.
Los principales argumentos del magistrado se apoyan en el principio de aplicación retroactiva de la normativa y en la aplicación del artículo 2 del Código Penal, que consagra el principio de la ley penal más benigna y establece la obligación de aplicar retroactivamente la norma posterior cuando resulta más favorable al imputado.
En definitiva, el fallo a favor de sus clientes que logró el abogado Scoponi se convirtió en un ejemplo concreto de cómo los tribunales están llamados a aplicar activamente los principios constitucionales y legales que gobiernan el derecho penal, especialmente cuando se producen reformas que alteran las condiciones de punibilidad, y por eso trasciende a las partes involucradas y se proyecta como un precedente significativo en el proceso de reconfiguración del derecho penal tributario argentino.
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Otro tema. Y este vaya que es interesante. El Mercado de Productores de Fisherton, uno de los centros frutihortícolas más importantes del interior del país, activa una millonaria inversión que implicará una transformación urbana en esa zona comercial del noroeste de la ciudad.
Resulta que el consorcio de propietarios del Mercado, que actualmente ocupa 6 hectáreas, busca anexar funcionalmente un predio contiguo de 9 hectáreas, que ya es de su propiedad, para ampliar su estructura, construir dos grandes playas de estacionamiento, sumar locales comerciales (sobre avenida Calasanz) y levantar zonas parquizadas para paradas de colectivos y trazas para bicicletas.
El tema es que, para lograr esta unión, sus autoridades -encabezadas por Daniel Mario Montecchiari- tuvieron que acordar con la Municipalidad de Rosario la supresión de un tramo de la calle Urizar y de otra calle sin nombre, eliminando la barrera física que hoy divide ambas parcelas.
Según sostienen los impulsores, el principal efecto positivo para la zona será el fin al caos vehicular. Ocurre que el mercado recibe aproximadamente 10.000 vehículos por semana, lo que genera graves congestiones en calles como Mendoza y Bv. Wilde, donde los clientes esperan durante horas la apertura. Con la expansión, se construirán dos grandes playas de estacionamiento internas (una para camiones de proveedores y otra para clientes) para que toda la logística de espera, carga y descarga se realice dentro del predio y no en la vía pública.
Como compensación por la supresión de las calles, entre las obligaciones asumidas, el Mercado debe donar una fracción de terreno de 6.645 m² para que la Municipalidad construya un reservorio pluvial que beneficie a los sectores aledaños. Además, deberá hacerse cargo de la repavimentación de la calle Filiberto y de la relocalización de toda la infraestructura de gas y energía eléctrica que hoy pasa por la calle Urizar.
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- El proyecto del Mercado de Fisherton debe obtener el OK final del Concejo, que en febrero retoma la actividad en sus comisiones .Allí espera también por la aprobación el entendimiento logrado entre Pilay y la Municipalidad para un desarrollo inmobiliario en la zona de Nuevo Alberdi, que ingresó en diciembre y que la Intendencia no logró los votos suficientes para que se lo aprobaran dentro de la tanda de iniciativas que salen en las últimas sesiones.
Pronóstico: El primer proyecto tendría un tratamiento más fácil que el segundo.
Apunte: Hay muchos grandes proyectos inmobiliarios privados en la ciudad (con autorizaciones logradas o a punto de hacerlo), pero sus desarrolladores las mantienen en stand by hasta que vean mejores condiciones comerciales para arrancar.
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- Y vaya que la cadena comercial de la construcción cruje. Por caso, Emporio Port, una de las empresas del grupo Terraz, sigue aumentando su deuda por cheques rechazados.
Según la Central de Deudores del Banco Central, acumula 280 cheques sin fondos por $1.290.342.606. A eso se le agregan dos créditos (uno con el Macro y otro con el Santander) por $480M que las entidades pusieron “con seguimiento especial” y otro por $9M con el Galicia en situación 4 o “con alto riesgo de insolvencia”.
Si bien la firma asegura que la tensión financiera está encapsulada en la división del grupo que incursionó por la obra pública (con un contrato con la provincia de Buenos Aires, cuyos pagos de certificados se retrasaron), hay empresas enganchadas con sus cheques sin fondo que aseguran solo haberle proveído productos y servicios para la construcción de sus edificios.
En Terraz sostienen que está en marcha un plan para sobrellevar el problema y hay importantes acreedores (considerados estratégicos) a los que les habría pagado entregando departamentos; en tanto hay otros que siguen esperando.
La empresa sostiene que sus obras privadas continúan en tiempo y forma, afirmación cuya veracidad entra en el terreno de la discordia al ser consultados compradores de unidades.
Y en ese contexto, también hay ruido en torno a un fideicomiso, en el que uno de los socios fundadores de Terraz es fiduciario, que fue armado para fondear la inversión en la compra de casas que no estaría cumpliendo con los términos acordados.
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- Hablando del mercado inmobiliario, esta semana Rosario3 publicó un relevamiento del Colegio de Corredores Inmobiliarios que detectó cuatro localidades “rojas” de alta informalidad inmobiliaria que son Totoras, Las Parejas, Las Rosas y Rufino. En ellas operan empresas o particulares que no son agentes inmobiliarios colegiados y oficiales, incluso con cartelería y locales a la calle. Es más, aparecieron algunos escondidos detrás del tradicional cartel de “Dueño Alquila” o “Dueño Vende”.
¿Qué podemos aportar? Primero que Totoras es el punto más rojo. “Está previsto intensificar las tareas de fiscalización en el departamento Iriondo, más específicamente en la localidad de Totoras donde la irregularidad está más instalada”, dice el informe del Comité de Fiscalización del Colegio de Corredores.
Segundo, que el objetivo es que la Municipalidad de Totoras exija, como en Rosario, que quien quiera abrir un local a la calle ofreciendo servicios inmobiliarios presente su matriculación en el Colegio.
Tercero, que preparan una denuncia penal a presentar en Fiscalía.
Y cuarto: hay otra ciudad del sur de Santa Fe que en breve se sumará a la lista roja por la excesiva informalidad inmobiliaria: se trata de Armstrong. Y sobre ella aumentarán las fiscalizaciones del Colegio de Corredores.
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Hablando de obras. En el barrio Hostal del Sol, que linda entre el Aeropuerto y el Autódromo, vecinos detectaron que en un terreno de una de las avenidas internas (Santa Coloma) se inició una obra para construir galpones destinados a actividades deportivas sin tener los permisos correspondientes.
Según averiguaron los vecinos, actualmente el proyecto se encuentra en revisión en Obras Particulares. La preocupación, sostienen, no es oponerse al proyecto sino que se verifique en detalle si lo que se pretende construir se ajusta realmente a los índices urbanísticos del barrio, que es residencial (Área de Tejido AT 4-9), con límites claros en: superficie cubierta, ocupación del suelo, alturas, impacto ambiental y sonoro.
Ya hay una nota presentada y esperan que la Municipalidad actue, sobre todo porque están construyendo de manera ilegal.
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- Ahora bien, si de cheques devueltos se trata, llegó al mercado de granos de Rosario el ruido que está provocando el default del acopio de Chivilcoy llamado Huergos Cereales, que a principios de la semana tenía 216 rebotados por $966M.
Ocurre que hay corredores que le colocaban mercadería a exportadores (con Carta de Garantía) que hoy el acopio no puede entregar ni tampoco hacer frente a los cheques que les adelantó a los intermediarios.
Si bien la inesperada seca (que vino a empantanar una cosecha gruesa que pintaba para récord, como fue la del trigo de diciembre) actúa como telón de fondo, hay dudas sobre los manejos internos del acopio y las conductas de sus directivos, por eso ya hay corredores visitando importantes estudios jurídicos con asiento en el Edificio Torre de la Bolsa de Rosario para explorar acciones a seguir.
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- Muy distinta es la situación de CAM, la agronomía de Hughes que en noviembre empezó a tener serios problemas para hacer frente a sus compromisos comerciales.
Esta semana llamó la atención la magnitud de su deuda, que en el mercado calculan de entre 100 y 150 millones de dólares. Solo con los bancos tienen deudas por $44.295.866.000 (US$31M), pero en la empresa dicen que tiene US$70M por cobrar y dar pelea al estrés financiero que afrontan.
¿Por qué decimos que es distinta la situación con el acopio de Chivilcoy? No sólo porque la familia que conduce la empresa (Capretto) tiene una amplia espalda económica (cuando en la empresa bonaerense operó antes del default un cambio de titularidad con la llegada de nuevos jugadores sin ese respaldo), sino sobre todo porque se trata de una empresa y gente muy bien valorada y reconocida en la zona.
“Ojalá salgan adelante. Es una familia muy honesta y trabajadora. Además, emplean a más de 120 personas en un pueblo del interior”, dice Patricio Menéndez Citati, asesor agropecuario especialista en pulverizaciones terrestres, resumiendo lo que es un sentimiento generalizado que hay sobre CAM en la zona de Huguhes.
Es cierto que la inesperada seca, la alta presión impositiva, el crédito caro, los costos altos y los precios de granos no muy alentadores impactan en el mercado cerealero y hoy, a diferencia del pasado, todos (desde agronomías a prestadores de servicios pasando por productores que entregaron granos) están apurados por cobrar y nadie quiere tener cuentas sin saldar en la calle, pero al menos hasta ahora no asoma un escenario de riesgo sistémico, como sí puede estar ocurriendo en otros sectores industriales por la combinación de escasas ventas y competencia importada.
En el agro todo indica que las empresas que están en problemas son por arrastres de problemas de gestión, de administración, de estrategias comerciales y de diferencias entre socios, todos déficits internos que en el pasado la alta inflación (con el desorden que lleva) cubría, pero -como dice el refrán- ahora que bajó el agua se ve quién está desnudo y quién tiene la malla puesta.
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- Y vaya que entra a rosca lo antes dicho con el caso de la láctea Verónica. En efecto, el sector de la producción láctea (desde usinas a tamberos) cerró un muy buen 2025. Obvio, esto es Argentina y, además, en este rubro, viene operando (sobre todo en los tambos) un proceso importante de concentración. Pero claramente es un sector que por estos años camina bastante bien. ¿Cómo puede ser que una fábrica, con marca y cadena comercial consolidada, esté en una crisis terminal?
Es más, nadie termina de entender las razones de la caída o de sacar la ficha al plan que tienen en la cabeza sus dueños.
Ni siquiera las autoridades del Ministerio de Desarrollo que los recibieron esta semana pero que tras el encuentro lo que más comentaron fue que lo único que dejaron los dueños fue la sensación de que no tienen ni idea de cómo salir de la crisis (ni dieron precisiones de magnitud, ni esbozaron planes e ideas para rescatar la firma), dejando sólo como sentencia que el problema es el sobredimensionamiento de empleados en sus usinas. Bajar la jornada laboral a cuatro horas y desprenderse de personal fue lo único que esbozaron (además de pedir gestiones oficiales para que los bancos dejen de acosarlos), pero no se hablaron de planes para recuperar materia prima o revitalizar la cadena comercial.
Y si bien nadie les puede sacar la ficha, entre quienes conocen bien el paño de la industria láctea sostienen que la pista hay que seguirla por el lado interno y no económico. Resulta que Verónica tuvo tres familias fundadoras. Dinero no les faltó ni les faltará a sus dueños. Propietarios de cientos de hectáreas, incluso en provincia de Buenos Aires, como dato para el anecdotario una de las familias era la dueña del terreno en Puerto Norte en el que construyeron las Torres Nordlink en Puerto Norte y que le vendieron al desarrollador Aldo Lattuca en varios millones de dólares.
Y vale aclarar que tampoco dudaron en vender hectáreas para hacer frente a las necesidades del capital de la usina láctea. Es más, siempre fueron considerados como gente de trabajo y muy honesta.
El último de los socios iniciales en fallecer era recordado por estar no sólo todo el día trabajando en la empresa sino por prácticamente vivir en Totoras y Clason, donde se encuentra una de sus usinas insignias del grupo. El tema, se comenta, es que la docena de primos que heredaron la empresa trabajan y viven todos en Buenos Aires.
Al parecer, el manejo a control remoto desde las oficinas porteñas fue el germen de todo tipo de inconvenientes que se empezaron a gestar en las plantas operativas, casi como reafirmando la permanencia del viejo dicho de que “el ojo del amo, engorda el ganado”. Solo una de las hijas se mantiene muy activa en el interior, pero focalizándose en el negocio agropecuario de los campos y no en el lácteo.
Todo indica que hubo una división de campos, propiedades y negocios entre primos y que el manejo colectivo dificulta el proceso de toma de decisiones, por ejemplo, si conviene la venta de la empresa.
La venta es un tema que sobrevuela, pero del que -por ejemplo- casi ni hablaron y mucho menos precisaron los empresarios en la reunión con el ministro Gustavo Puccini, quien -en el pasado- incluso les había acercado el interés de un grupo lácteo interesado en invertir en la empresa.
La situación no es muy auspiciosa. En el último semestre del año la empresa sobrevivió (aunque con deudas salariales importantes) por los negocios de a fazón, pero ahora terminado el ciclo biológico de abundancia de leche, el panorama luce complicado.
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- A todo esto, quienes están también que trinan con la crisis de Verónica son los propietarios de campos en Clason, donde está instalada la fábrica. Es que la comuna se quedó sin el principal aportante de tasas municipales, y por eso decidió un muy fuerte aumento en la tasa rural, que encendió la bronca de los productores, que encima se queja de que el servicio de mantenimiento de caminos es inexistente.
¿Y si prueban con bajar el gasto? Cruz, diablo, Satanás.
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- Vamos a terminar este primer Run Run del año instalando un tema al que seguramente vamos a volver varias veces por la coyuntura económica. Y es el interrogante de cuál es el margen que tiene una Provincia, incluso una grande y ordenada como Santa Fe, de contener una crisis productiva como la que, al menos en la industria, se avizora.
Con alguna ventaja impositiva o una línea de crédito competitiva, una provincia puede sacar ventaja frente a otras cuando la actividad económica florece a nivel nacional. Pero cuán ancho puede ser el colchón que puede generar para amortiguar la caída industrial cuando la actividad fabril a nivel nacional baja en picada.
Sobre todo, cuando del lado del gobierno nacional escasea la obra pública (tractor de la industria) y tampoco sobran los funcionarios con firma, como quedó claro -otra vez- esta semana cuando el Ministerio de Desarrollo fue a pedirle a la Secretaría de Energía de la Nación que le habilite a proveer el servicio a localidades del interior -como Helvética, que hasta tiene la red interna de distribución construída- pero se encontró como respuesta que en Enarsa nadie quiere firmar la cesión.
Al secretario de Industria de Santa Fe, Guillermo Beccani, se lo conoce por su visión optimista de la marcha industrial. Durante todo el 2024 y buena parte del 2025, cuando la prensa lo abordaba para escuchar su opinión ante pronósticos económicos agoreros que se esparcían desde Buenos Aires y que alentaba la oposición política y mediática al gobierno nacional, siempre respondía minimizando la mala onda. Y no por una postura ideológica, sino por lo que le transmitían los industriales santafesinos con los que estaba en contacto y por los números de la actividad que mostraba la provincia.
Pero desde el último trimestre del año pasado, su porte ya no es el mismo. Y es que su dependencia cada vez atiende más llamados de fábricas con dificultades. La dirigencia de Federación Industrial de Santa Fe que se reunió esta semana dos horas con el gobernador Maximiliano Pullaro fue muy franca en su mensaje de preocupación.
¿Qué tiene que hacer, entonces, un Ministerio de Desarrollo? Puccini ya tomó una decisión. No se va a quedar en los lamentos y en la crítica al gobierno nacional. Y la apuesta del gobierno provincial es tirar toda la carne al asador para apuntalar a los sectores productivos con medidas innovadoras, como las que contamos que se apresta a anunciar con la Bolsa de Comercio.
Pero también haciendo notar las oportunidades que se abren, por ejemplo con la apertura comercial, corriendose de la crítica dura a las importaciones. “Cada vez son más las fábricas que recorro en la que los industriales me cuentan de la maquinaria importada de China que les hace más eficiente la producción. Eso es positivo”, dijo esta semana en diálogo por Radiópolis, por Radio2.
“Las empresas que trajo el embajador de China a Santa Fe esta semana vinieron a vender, pero también a escuchar ofertas. Por ejemplo, en el sector de los frigoríficos y la compra de carne. Incluso, estuvimos hablando con los bancos chinos para que tengan participación más activa en el financiamiento para la compra de bienes de capital o bienes intermedios de origen chino”, agregó el ministro.
Por caso, este sábado a la mañana el ministro recibió (y publicitó en sus redes) a una empresa que importa autos eléctricos. “Hay que aprovechar la apertura de mercados para apuntalar las ventajas competitivas de la provincial, como su logística”, dijo.
No en vano, este martes Puccini a las 11 en La Fluvial presidirá la presentación de ExportLog Rosario 2026. la primera exposición integral de logística y puertos del litoral y centro del país que se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto en la Terminal Fluvial de Rosario.
Se trata de una iniciativa organizada por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) junto a GlobalPorts, concebida como una plataforma estratégica de articulación público-privada, la exposición reunirá a actores clave del sector portuario, logístico, industrial y del comercio exterior.
Con la obra pública a full, el gobierno de la provincia logró el objetivo de mantener la actividad de las construcción santafesinas cuando a nivel nacional (y muchas provincias) el negocio se frenó en seco y las empresas crujieron. Existe ahí un buen precedente.
En Ciencia y Tecnología, la Provincia también realiza millonarios fondeos y políticas que cubren la retirada de Nación. Ya se valieron el reconocimiento de empresarios y científicos pero la partida todavía está en juego ya que son proyectos e iniciativa. de más largo plazo.
¿Pasará lo mismo a nivel industrial, que a todas luces asoma como el hueso más difícil de roer? Debate (y resultado) abierto.
