Run Run: síndico denunció al juez de la quiebra de Sancor, arrancó con polémica el juicio a Herrera y lo mandaron a liquidar la empresa, pero se la quedó

• Escala fuerte y ya es un escándalo la quiebra de la láctea SanCor. Uno de los síndicos de la quiebra denunció al juez del proceso por “graves irregularidades” ante la propia Corte Suprema de Santa Fe. 

La semana pasada contamos en esta columna que el juez de Rafaela, Marcelo Gelcich, estaba tomando una serie de resoluciones jurisdiccionales puntuales y criterios procesales por lo menos debatibles que terminaban afectando a acreedores y que el apuro de avanzar con la liquidación de activos podría provocar la nulidad del proceso.

Pero la tesis planteada en la denuncia del síndico es mucho más fuerte: sostiene la existencia de un proceso deliberado y sostenido destinado a neutralizar el control independiente de la sindicatura plural, sustituyéndolo progresivamente por un esquema de concentración de funciones en la coadministración y en un síndico alineado con el juzgado interviniente.

El eje central es la acusación de que el juez Gelcich montó un mecanismo para obstaculizar el control independiente que la ley otorga a la Sindicatura, sustituyéndola de hecho por una "coadministración" designada arbitrariamente.

Según el denunciante, el juez nombró directamente a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, eludiendo el sorteo legal obligatorio del registro de la Corte. Y aunque inicialmente se creó esa figura para "asistir" a la Sindicatura ante la reticencia de la empresa a dar información, terminó asumiendo funciones exclusivas del síndico, convirtiéndose en un órgano de supresión del control.

El denunciante describe que, mientras que los síndicos Juan Tomat y Oscar Epstein mantenían un rol de control estricto del proceso, el tercer integrante, Ignacio Pacheco, se alineó con el juez y la coadministradora, y entre los tres empezaron a concentrar las funciones vinculadas a la administración, explotación, liquidación de activos, elaboración de pliegos, gestión de ofertas y manejo de activos estratégicos, relegando al denunciante a tareas accesorias y verificatorias.

La denuncia detalla casos donde los síndicos independientes fueron excluidos para favorecer operaciones de “dudosa conveniencia” armadas desde el juzgado, como promover operaciones comerciales directas y sin mecanismos competitivos en detrimento de las finanzas de SanCor. 

Por ejemplo, señala que la intervención de la Sindicatura “disidente” habría permitido incrementar el precio de realización de una operación en u$s 635.000. Otro caso particularmente llamativo es la denuncia sobre la desaparición de 24.640 kg de queso que estaban bajo resguardo judicial (*warrants*) y cuyo valor no ingresó a las cuentas del juzgado, representando un faltante de al menos u$s 209.440. En lugar de investigar el destino del dinero, el juez rechazó la denuncia, invocó un acuerdo posterior entre la empresa y el acreedor (validado por el síndico afín al juez), y sancionó con un apercibimiento a los síndicos que denunciaron las irregularidades.

El síndico denunció que el juez y la coadministradora “fabricaban incumplimientos" para sancionar a los síndicos disidentes. En la denuncia se describe una metodología sistemática de fijar plazos imposibles de cumplir para luego sancionar a la sindicatura y transferir sus tareas a la coadministradora.

Por ese clima de presión institucional, el síndico Epstein terminó renunciando a su cargo, pero la vacante no fue cubierta mediante el mecanismo legal de sorteo, manteniéndose una sindicatura reducida mientras se preservaban las amplias facultades de la coadministración. Ahora, en soledad, el denunciante cuenta que se encuentra bajo constante hostigamiento y ha sido excluido de etapas clave, como la elaboración del pliego para la venta de las unidades productivas.

Precisamente, la semana pasada contamos en esta columna lo rápido que se habían definido las tasaciones (6 días, y con el incendio de la planta Sunchales en el medio), con algunos precios que, por lo bajo, juegan en contra de los acreedores.

Es por eso que la denuncia sostiene que este accionar compromete la transparencia del proceso concursal de una empresa emblemática con miles de trabajadores y un pasivo enorme. En efecto, la denuncia busca demostrar que estos hechos no constituyen episodios aislados, sino manifestaciones de un patrón de actuación orientado a concentrar facultades, restringir el control independiente y condicionar el funcionamiento de los órganos concursales dentro del proceso de quiebra de SanCor.

El denunciante solicita a la Corte Suprema que inicie una investigación urgente, adopte medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y, eventualmente, ordene un sumario administrativo para juzgar la conducta del magistrado. 

Escandaloso.

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• Ya que estamos por la Corte, el gesto adusto y el trato seco del gobernador Maximiliano Pullaro, que ni amagó con una sonrisa para la foto en el acto por la apertura del nuevo edificio del máximo tribunal en Casilda, es la muestra más acabada del malestar de la Casa Gris con la conducción del Poder Judicial santafesino por rechazar el recurso extraordinario presentado por la Provincia para intentar llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el debate judicial sobre la ley de emergencia previsional.
   

Formalmente, la Provincia ya fue en recurso de queja a la Corte de la Nación, insistiendo con la recusación de algunos cortesanos provinciales para tratar el tema porque poseen un “interés directo y patrimonial” en el resultado del litigio, debido a que los topes en los haberes jubilatorios fijados por la reforma previsional impactarían sobre el cálculo de sus futuras jubilaciones.

Y si bien no hubiese terminado siendo más que un voto testimonial, como lo fue el del juez Jorge Baclini, quien fue el único que votó en disidencia porque la mayoría de los jueces de la Corte quería rechazar el recurso presentado, en el gobierno no terminan de digerir el mal trago que les provocó que la jueza Margarita Zabalza, que acaba de ingresar a la Corte impulsada por el partido socialista, votara en contra del gobierno.

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• No nos vayamos de Tribunales, pero ahora vamos al Centro de Justicia Penal porque hay novedades en el caso del financista Luis Herrera, que finalmente enfrentará el juicio penal. En concreto, esta semana se hizo la audiencia preliminar en la que Fiscalía leyó la acusación por distintos delitos, como estafa, contra el empresario y sus hijos. Y la audiencia, que duró dos días, arrancó con una fuerte polémica jurídica con la defensa, que llevan Lucio Pérez Castelli y Juan Manuel Cayón Roulet.

El tema que los enfrentó es bien técnico, pero sirve para exponer la magnitud y complejidad del caso. Y también vuelve a poner sobre la mesa el debate por los recursos disponibles en Fiscalía para enfrentar casos complejos.

Resulta que en la audiencia el fiscal Sebastián Narvaja reconoció que el universo de hechos investigados sobre Herrera supera los 462 casos y que el perjuicio total investigado excede los 34.850.235 dólares, pero solo va a acusar por 129 hechos por un perjuicio de 9.870.478 dólares, argumentando esa selección en “criterios de economía procesal, razonabilidad y adecuada administración del caso”.

Pero la defensa se opuso a esa “acusación parcial” planteando que se estaría afectando la garantía de la defensa en juicio y podría suponer la violación futura del derecho a que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ya que —entiende— está el riesgo de que hoy le hagan el juicio a Herrera por 129 hechos y en el futuro por el resto, así que la defensa planteó que la acusación debería ser total y no parcial.

“La resolución de ese punto incide directamente sobre el alcance del objeto del juicio y, en consecuencia, sobre el universo de prueba que corresponde producir. Por razones de orden lógico, la definición del objeto procesal debe preceder a la discusión probatoria”, señalaron los abogados defensores.

Narvaja rechazó la crítica sosteniendo que es potestad del MPA direccionar la investigación y que el recorte se hizo a los efectos, precisamente, de garantizarle a los acusados un juicio en los plazos razonables. Y es que el juicio por 129 casos ameritará la presentación de unos 300 testigos, por lo que si se pusieran sobre la mesa los 462 casos, el desfile de testigos superaría los 600.

En el fondo, también se está discutiendo la posibilidad de que Herrera quede en libertad ya que la prisión preventiva dictada el año pasado regía hasta la realización de esta audiencia, definición que la Justicia tomará la semana que viene. 

No en vano, los abogados defensores sostuvieron que “los criterios de Fiscalía serán objeto de planteo formal en la audiencia, con las implicancias que ello tiene sobre los requisitos que se requieren para que se mantenga la prisión preventiva de nuestros asistidos”.

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• Última pasada por los Tribunales, pero por el fuero civil y comercial. Frente a los temas densos que venimos tocando puede parecer un tema menor, pero los acontecimientos registrados son, por lo menos, llamativos. Lo podríamos titular como que le embargaron los bienes al liquidador de un vivero de Pérez que, pese a ser enviado por la Justicia a cerrarlo, lo terminó operando como si fuera el dueño.

La historia es la siguiente. Eduardo Damián Binaghi fue designado en 2011 liquidador de “El Origen Parques y Jardines S.R.L.”. Catorce años después, la sociedad seguía operando, él cobraba sueldo como empleado de la misma empresa que debía cerrar, y su socio titular del 50% de la empresa tuvo que dejar de concurrir al establecimiento como consecuencia de amenazas y lesiones que fueron denunciadas ante el Ministerio Público de la Acusación.

La situación llegó a la Justicia. El abogado patrocinante del empresario, Federico Morales, logró trabar un embargo preventivo sobre la totalidad de los bienes muebles de la sociedad en sus dos predios de Pérez, ejecutado por la Jueza de dicha localidad. 

La medida cubre hasta $80 millones en concepto de capital, intereses y costas, y deja a Binaghi como depositario judicial —con responsabilidad civil y penal— de los mismos bienes que venía vendiendo de manera informal. El expediente acumula constataciones notariales que acreditan irregularidades registrales, operatoria fuera de libros societarios y documentación contable fuera de la sede social. 

El Banco Municipal informó que la única cuenta de la sociedad no tenía fondos embargables. Y como dato de color: Binaghi tomó el Instagram del vivero para anunciar que el negocio seguía "bajo su dirección exclusiva".

La causa tramita en el Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia de Rosario. Además de la cautelar, está en juego la remoción del liquidador y una acción de responsabilidad por los daños al patrimonio social por una suma millonaria.

Fue a liquidar la empresa y se la quedó. Cosas que pasan.

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• Bueno, basta de batallas judiciales. Vamos a la economía. En concreto, nos metemos con un tema central que es el del planeamiento urbano. Como venimos contando, avivados por los posicionamientos preelectorales, el caso de las obras en la Costanera Norte y los cambios en la política de preservación patrimonial volvieron a poner sobre la mesa de debate las políticas de planificación urbana y destaparon diferencias en la alianza Unidos entre el socialismo y el grupo del intendente Pablo Javkin.

Como contamos la semana pasada, en la presentación realizada en el Colegio de Arquitectos del libro de Mirta Levín, la autora del Código Urbano del socialismo, titulado “Transformación Urbanística y Construcción de una Identidad Metropolitana, Rosario 1995/2019”, todos los expositores hicieron foco en que el modelo socialista de planificación de obras y normas constructivas se basó en la búsqueda de consensos institucionales, en un claro tiro por elevación a la gestión actual y su proyecto de parque acuático sobre la rambla que se discute hoy en la Justicia.

Mientras que para el socialismo los cambios introducidos por la gestión fueron talando el espíritu del Código Urbano sancionado durante el gobierno de Miguel Lifschitz, al que ven como una gran apuesta a la planificación urbana, para Javkin esa normativa fue, precisamente por las restricciones que imponía, la que pisó el crecimiento de la inversión inmobiliaria en la ciudad, que se fugó a otras localidades como Funes, que recibió con los brazos abiertos el capital rosarino.

“Leí tu nota del RUN RUN del domingo pasado y me pareció interesante el planteo sobre el debate urbanístico que vuelve a aparecer en Rosario. Hay un punto puntual sobre el que quería hacer un aporte porque me parece que ayuda a entender parte de la discusión actual”, le escribió a este periodista el constructor José Cachero, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV). Y esto dijo:

“Cuando se sancionó el Código Urbano de 2008, la AEV manifestó públicamente que no había sido escuchada durante su elaboración. No es una lectura construida ahora ni una reinterpretación de los hechos. Fue la posición que sostuvimos en aquel momento y que quedó expresada en distintas intervenciones públicas de la entidad. Digo esto porque en estos días se habla mucho de consensos, pero la realidad es que la relación entre ese Código y buena parte del sector que producía vivienda en Rosario estuvo atravesada por fuertes diferencias desde el inicio.

Con el paso de los años, además, aparecieron algunos efectos que merecen ser analizados. No sé si el debate debería centrarse tanto en si el Código fue bueno o malo, sino en cuáles fueron sus resultados concretos. Por ejemplo, cuánto incidió en el aumento del valor de la tierra urbana, cuánto impactó en el costo final de la vivienda y cuánto contribuyó a que inversiones que históricamente se hacían en Rosario terminaran migrando hacia localidades vecinas.

Por eso creo que muchas de las modificaciones impulsadas por la Municipalidad durante los últimos años deberían leerse más como una readecuación de una normativa que ya tenía casi dos décadas que como un abandono de la planificación urbana. 

Desde la AEV hemos acompañado gran parte de esas actualizaciones porque entendemos que recuperan condiciones para producir vivienda, generar empleo y volver a hacer competitiva a Rosario frente a otras ciudades del área metropolitana. Eso no significa estar en contra de la planificación.

Al contrario. Significa entender que la planificación también debe revisarse cuando la realidad cambia.Quizás la discusión pendiente sea medir objetivamente qué pasó durante todos estos años. Cuánto pesa hoy la tierra en el valor de una vivienda. Cuánto pesan las regulaciones, las contribuciones urbanísticas, las tasas, los derechos y los distintos costos asociados al desarrollo urbano. Porque al final del día, detrás de cada norma urbanística hay una consecuencia concreta: cuánto termina pagando una familia para acceder a una vivienda”.

Las reflexiones de Cachero aportan una interesante mirada a un debate que seguramente seguirá abierto.

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• A todo esto, sobre el Parque Acuático la Municipalidad espera que la Justicia resuelva sobre la precautelar que frenó las obras antes del inicio de la feria judicial. Y de manera favorable para el gobierno por las argumentaciones técnicas presentadas.

Mientras tanto, en el Palacio de Los Leones se regocijaron todo el fin de semana con el regalo que les hizo esta semana la oposición cuando el concejal Juan Monteverde propuso que el Concejo le pida a la Justicia que reactive las obras de la rambla menos el Parque Acuático, cuando en la medida cautelar que su grupo político presentó en la Justicia provocando la paralización de la obra, habían pedido que se frene todo, no solo el Parque Acuático.

“Esto es el colmo de la hipocresía: fuiste a la Justicia y festejaste que se paraban las obras en la Costa Norte. Pero ahora, en el Concejo haces jueguito para la tribuna y decís lo opuesto”, disparó Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. 

La Municipalidad, que producto de su arranque desprolijo comenzó corriendo de atrás la discusión pública, interpreta que el recule de Ciudad Futura les permitió ahora inclinar la cancha del debate a su favor en la ciudadanía porque quedaron expuestas las inconsistencias del reclamo.

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• Y hablando de planificación, el gobierno provincial dio un paso clave para fortalecer la infraestructura energética del sur provincial con la apertura de cuatro ofertas para la construcción de una nueva estación transformadora en Piñero, que permitirá —además de abastecer al futuro complejo penitenciario de máxima seguridad “El Infierno”— mejorar el suministro eléctrico para industrias de la región y habilitar el crecimiento de múltiples desarrollos productivos y urbanísticos.
   

La mejor oferta económica la hizo Bauza Ingeniería SRL, que cotizó la obra en 19.882 millones de pesos. Pero quedó muy cerca la UTE integrada por Tesca SA y Montelectro SA, que cotizó 19.911 millones de pesos. Dato no menor: el presupuesto oficial era de $23 mil millones.

Ahora, como venimos contando, lo más importante de todo es la decisión política y la arquitectura de financiamiento que impulsó el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, para destrabar un problema de años.

Es que, por un lado, la EPE decía no tener fondos para las obras y, por el otro lado, los desarrolladores inmobiliarios también aseguraban no tener espalda para afrontar semejante desembolso, como sí hacen grandes inversores en zonas de alto valor del m2 (Puerto Norte/Funes) que pagan, no sin chistar, la construcción de la Estación Transformadora y luego la donan a la EPE.

Precisamente, uno de los aspectos más novedosos del proyecto es el esquema de participación acordado con empresas y desarrolladores privados, que firmaron convenios de reserva de potencia para garantizar parte de la demanda futura.

Según estimaciones oficiales, los primeros acuerdos representan una solicitud cercana a los 25 MW de potencia, mientras que el futuro complejo penitenciario requerirá otros 5 MW. El resto de la capacidad quedará disponible para nuevas inversiones productivas y urbanísticos.

Una cuestión que es fundamental aclarar. La construcción de la nueva estación transformadora permitirá iniciar nuevos loteos y regularizar aquellos ya en marcha. Pero sólo se pondrán en línea los que tenían como único pendiente la cuestión energética, ya que en la zona de Piñero hay varios que todavía no tienen la aprobación hídrica y del Ministerio de Ambiente; por lo que —por más que dispongan de energía eléctrica— no están regularizados. Y son varios los que vienen flojos de papeles en esos requisitos.

“Vamos a intentar replicar este modelo de colaboración público-privada en las localidades en las que también hay loteos que no resolvieron la cuestión de la provisión de energía y por eso no están habilitados, pese a que igual los estuvieron comercializando”, dijo Puccini en diálogo con Radio2.

El ministro fue claro al señalar que el Estado no financiará enteramente una obra, como puede ser correr líneas de alta tensión o una nueva estación transformadora, sino que todos los involucrados deberán hacer sus aportes, así que los desarrolladores inmobiliarios y las municipalidades que habilitaron lotes hoy trabados tendrán que abrir sus billeteras.

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• Y si de loteadores esquivos a abrir la billetera para regularizar, con las obras faltantes, sus desarrollos se trata, la Dirección de Defensa del Consumidor de Santa Fe organizó para este lunes 22 una reunión de conciliación entre el Grupo Roma y los compradores de loteos en el desarrollo “Vitta” de General Lagos. Y también fijó para el próximo viernes una audiencia de conciliación entre el Grupo Roma y los compradores de lotes en “Comunidad Evolutiva” de Pueblo Esther.

Defensa del Consumidor dice que promueve estas instancias de conciliación en las que le requieren al loteador que presente toda la documentación para garantizar el acceso de los consumidores a información clara, suficiente y verificable sobre el estado de los desarrollos inmobiliarios.

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• A todo esto: ¿Y sobre el caso Pilay, que es más grande, la dirección no está interviniendo? Ante la consulta de Rosario3, respondieron que tuvieron reuniones en Rosario y Santa Fe con los damnificados y con representantes de la empresa, pero por ahora no tienen agendados nuevos encuentros tipo audiencias porque para eso los damnificados deben ingresar el reclamo formal para que podamos darle curso y, según aseguran, como son pocos los que ingresaron, se van armando reuniones individuales con quienes reclaman.

Hablando de Pilay, muchos de quienes ingresaron al sistema para invertir en inmuebles (no para comprar una vivienda única) están aceptando la salida que le ofrece la empresa: una quita (del 22 al 30%, según el caso) y el resto pagadero en efectivo en 12 cuotas anuales ajustadas por el índice de la Cámara de la Construcción (CAC). Las cuotas de salida las están pagando.

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• Esta semana, la Legislatura aprobó el proyecto de ley de “ficha limpia” para los contratistas del Estado provincial. “Aplica para las contrataciones que hagan las sociedades del Estado, como Aguas, o empresas del Estado, como la EPE”, le dijo a Rosario3 la diputada Lionela Catalini, autora del proyecto. 

Y eso no es un tema menor porque, históricamente, en las contrataciones de los entes descentralizados se colaron jugadores que no resisten una “ficha limpia”. El desafío, entonces, queda en manos de las empresas estatales en armar y aplicar mecanismos que les permitan detectar casos en los que la fichas no están limpias.

Pero también es importante destacar que el buen accionar del Estado no necesita una normativa específica, sino decisión política firme para evitar que se cuelen personajes sin ficha limpia en los organismos oficiales. Decisión política como la que tuvo el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, para exigirle al Enapro que corra del Consejo Consultivo al gerente del depósito fiscal de Transtotal, que no tiene ficha limpia.

Ocurre que Arca encontró en las instalaciones de esa empresa 300 toneladas de maíz almacenadas (unos 8 camiones) que buscaban exportarse a Uruguay sin tener los papeles en orden, tanto de la mercadería como de la empresa vendedora, que no podía acreditar capacidad financiera y no estaba anotada en los registros de operadores de la cadena agroindustrial. Es más, el depósito fiscal no tenía todas las autorizaciones correspondientes para mover granos y lo estaba haciendo. Irregularidad total.

Y volvemos al tema porque este gerente estuvo haciendo gestiones políticas en el Enapro, aprovechando la relación que tenía con algunos de sus directores, para que lo vuelvan a convocar al Consejo, pero otra vez la decisión del Ministerio fue determinante para que el ente portuario no ceda y solo convoque a quienes tengan ficha limpia.

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• Hablando del Enapro, en la previa del Run Run contamos que había movimientos oficiales para reactivar instalaciones con poco uso en La Fluvial, como las que en su momento pertenecían al restaurante Muelle 1.

Tras la publicación, el Ministerio de Desarrollo se comunicó con este medio para precisar la información. “Lo que les ofrecimos a los emprendedores del Barco Ciudad de Rosario es un espacio que les sirva como abastecimiento del barco, lugar de espera y atención al público”, informaron desde la cartera productiva.

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• En la previa del Run Run también hablamos de que:Arranca la nueva torre de Ediliza en el microcentro.La Bolsa va por un hub de innovación con quincho incluido en la terraza.
   

1. Giorgi expande su concesionaria MG.
2. Arrancó la obra de la nueva concesionaria de Sakura (Toyota) en Avenida Newbery.
3. Aval del Concejo a la construcción de la estación de Puma sobre Newbery.
4. Y que JetSmart retoma rutas de cabotaje mal usadas por Flybondi pero no tomó en cuenta a Rosario.

Pero, además, y como ya lo hicimos la semana pasada, seguimos debatiendo una incógnita: ¿todos estos movimientos empresarios (nuevas aperturas y nuevas construcciones) muestran que lo peor ya pasó o que los negocios se concentran en menos operadores y sobre sectores de alto poder adquisitivo? Debate abierto

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• Vamos ahora por el lado de la industria. Esta semana, Sidersa organizó una recorrida para la prensa, de la que participó Rosario3, por la planta siderúrgica que levanta en San Nicolás, con una millonaria inversión de 300 millones de dólares, y cuyos detalles podés leer haciendo clic acá.

Lo que queremos ahora puntualizar es una conversación con el director de la compañía, de capitales familiares rosarinos, Oscar Coletto. Y es que a todos sorprende semejante inversión en un momento de caída de la actividad de la industria y la construcción (los principales compradores de acero) y la amenaza de la importación china.

Además de sostener que las inversiones se piensan a largo plazo y no por razones coyunturales, sobre el acero chino, sostienen que la trazabilidad y calidad del argentino es clave para enfrentar la competencia.

“Para las obras grandes nadie confía en el acero sin trazabilidad, sobre todo por razones de seguridad; así que no va a tener una presencia importante en Argentina”, calculó Coletto. Pero que desafíen la avanzada china no significa que no entiendan que es una amenaza, sobre todo para sus clientes.

“El problema no es la chapa china sino que la heladera importada reemplace a la industria argentina”, explica. Y pone como ejemplo el caso de los grandes proyectos mineros o petroleros que, habilitados por el RIGI, importan las estructuras metálicas para las plantas y hasta las casas para los empleados.

“Le planteamos al gobierno nacional, que claramente tiene un punto de vista distinto al nuestro, que se limite el ingreso de ese tipo de productos porque el negocio de la minera era la extracción, no la de comprar baratas estructuras metálicas o cinco mil casas para las personas que trabajarán en la mina”, analizó.

“Hay que poner límite a la provisión importada de esos productos”, insistió el directivo y explicó que “las empresas argentinas no compiten con empresas chinas, sino contra el Estado chino, que las apoya para exportar”.

Y acá vamos al punto central para el futuro económico del país. Lograr que las grandes inversiones que atrae el RIGI (sobre todo en hidrocarburos y minería) impulsen un proceso de desarrollo integral de la industria.

“No se trata de que haya un RIGI para pymes o sancionar mini-RIGI, como se discute en el Congreso. El problema es que hoy hay malos RIGIs”, sostuvo el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio del Re, en su reciente paso por “Visión Productiva”, el encuentro que organizó semanas atrás el Centro Industrial de Las Parejas.

Según sostiene el dirigente fabril, estamos ante “malos RIGIs” porque no se aprovecha el impulso de las grandes inversiones para incentivar al resto de las cadenas de valor.

Nadie discute la facilidad que otorga el RIGI para importar la tecnología no disponible o aquella que, aun estando disponible en el país, es crucial para el corazón del negocio productivo de petroleras o mineras, pero sí se considera como perjudicial habilitar la importación regalada, como dice el director de Sidersa, de temas no esenciales como las casas de los empleados o de las estructuras metálicas para los depósitos.

“Poder convertir las inversiones RIGI en grandes impulsores de la demanda industrial nacional es lo que evitaría la formación de una economía de enclave”, dijo Del Re.

Va quedando claro que cuando la industria pyme nacional salió en defensa de Techint cuando perdió los contratos para proveer caños para los gasoductos de Vaca Muerta que contrató el consorcio de Southern Energy, lo hacía porque sabía lo que se venía a todo el conjunto y no para defender los intereses de “don chatarrín”, como acusaban desde el gobierno nacional.

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• Para cerrar, y como siempre nos gusta, vamos a terminar señalando a quienes, del lado empresario, siguen marcando el rumbo. Y un tema recurrente es la institucionalidad empresarial como uno de los principales activos que tiene la región para enfrentar todos los enormes desafíos económicos que tiene por delante. Y lo más importante es que el tejido institucional es tan vital que son muchas la novedades.

Por un lado, el Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”, junto a su Asociación Cooperadora y la Comisión Organizadora, están preparando la celebración de los 120 años de la institución, una iniciativa que busca reunir a estudiantes, egresadas y egresados, docentes, no docentes, familias, empresas e instituciones para celebrar la historia del Poli y contribuir a su futuro con un ambicioso plan de obras. 

Y hay más. Esta semana también se realizó la asamblea anual ordinaria de Agricultores Federados Argentinos (AFA), que es la principal cooperativa del agro. Durante el encuentro, realizado en el hotel Pullman, se percibió que la vitalidad de la organización trasciende lo meramente económico, con un fuerte plan de inversión en educación y capacitación para fortalecer las oportunidades de los jóvenes y las localidades del interior.

En lo que hace a proyectos, además de la planta de bioetanol (que se disputan Buenos Aries, Santa Fe y Córdoba, pero que depende de que se desregule la actividad), su presidente Darío Marinozzi anunció que avanza el proyecto de la aseguradora propia, el puerto propio y las exportaciones directas. Diversificar, es el objetivo de una conducción que recibió el fuerte espaldarazo de sus socios. Pero hay más: alianzas con productores y la búsqueda de un objetivo: que el productor pueda capturar más valor. No solo se trata de sumar toneladas almacenadas.

Pero, finalmente, en esta oportunidad, vamos a hacer foco en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), que acaba de cumplir ni más ni menos que 83 años de actividad. Y qué mejor que terminar este artículo con las palabras de su actual presidente, Rafael Catalano, quien destaca que la AIM cumple 83 años, pero hay más de un siglo de industria metalúrgica rosarina que celebrar. Esto escribió:

“Cuando una institución cumple 83 años, la tentación es hablar únicamente de su propia historia. Sin embargo, para AIM es imposible. Porque los 83 años de nuestra entidad son apenas un capítulo dentro de una historia mucho más grande: la historia de la industria metalúrgica de Rosario y su región.

Hablar de Rosario es hablar de trabajo, de producción y de industria. Es hablar de una ciudad que creció junto a sus talleres, sus fábricas y sus emprendedores. Una ciudad que encontró en la capacidad de transformar materias primas en bienes, máquinas y soluciones productivas una parte fundamental de su identidad.

Una historia que se remonta a los primeros talleres vinculados al desarrollo ferroviario, a la actividad portuaria y al crecimiento económico que transformó a Rosario y su región en uno de los principales polos productivos del país. Generación tras generación, los rosarinos encontraron en la metalurgia una oportunidad para progresar.

Detrás de cada torno, de cada soldadura y de cada innovación hubo familias que construyeron su futuro a partir del esfuerzo cotidiano. La historia de nuestros hogares, de nuestros barrios, de nuestras escuelas técnicas, de nuestras universidades y de nuestros parques industriales también es parte de esta historia. 

Rosario es una ciudad metalúrgica. Lo es por tradición, por capacidad y por vocación productiva. Lo es por la enorme red de pequeñas y medianas empresas que todos los días diseñan, fabrican, reparan, exportan e innovan. Lo es porque aquí existe una cultura industrial que se transmite de generación en generación.

En estos 83 años, AIM ha acompañado ese camino representando a las industrias metalúrgicas, defendiendo sus intereses y promoviendo espacios de encuentro, capacitación y crecimiento. Pero celebrar nuestra historia también implica pensar en el futuro. 

Si queremos que las fábricas sigan abriendo sus puertas cada mañana, generando empleo y formando nuevas generaciones de trabajadores, necesitamos construir condiciones para competir. La industria argentina quiere invertir, innovar, exportar y crecer.

Para hacerlo necesita previsibilidad, reglas claras, financiamiento para las PyMEs, incentivos a la inversión productiva y una estructura tributaria que acompañe a quienes producen. 

La industria no pide privilegios; pide condiciones para desarrollarse y competir en igualdad de condiciones con el mundo. Detrás de cada fábrica hay mucho más que una actividad económica. Hay personas que decidieron apostar por Argentina, generar oportunidades y sostener proyectos de largo plazo. 

Quien abre una industria lo hace, antes que nada, por pasión por lo que hace. Lo hace porque cree en una idea, en un oficio y en un futuro posible, aun en contextos de incertidumbre. Por eso es fundamental que la realidad que enfrenta el sector sea escuchada.

Porque defender la industria no es defender un sector en particular; es defender el empleo, la educación técnica, el conocimiento, el desarrollo de un país y las oportunidades para las próximas generaciones.

En este nuevo aniversario de AIM celebramos nuestra historia, pero sobre todo celebramos a quienes la hicieron posible: industriales, trabajadores, instituciones educativas, dirigentes y empresas asociadas que, durante estos 83 años, sostuvieron el compromiso con la producción y el desarrollo.

Gracias por acompañarnos en este camino y por seguir creyendo que producir, invertir y generar empleo sigue siendo una de las formas más genuinas de construir un futuro para nuestro país. 

Feliz aniversario para todos los que forman parte de esta gran historia industrial”.

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Hasta acá llegamos. Y es que no hay mejor forma de terminar este Run Run que con las palabras de Catalano y con un feliz día del Padre para todos los padres que hacen honor a uno de los títulos más preciosos que se pueden lograr y que exceden por lejos el lazo sanguíneo de la relación.