• Transcurría el caluroso 18 enero de 2005. Llegó al Aeropuerto de Rosario procedente de España, el empresario catalán Jordi Pujol (h), de una de las más tradicionales e importantes familias políticas y empresarias del país ibérico. Estuvo un tiempo en Rosario, alternando viajes relámpagos a Uruguay, hasta regresar a España desde Buenos Aires el 22 de enero desde el Aeropuerto Newbery en Capital Federal. 

Su presencia en Rosario, confirmada por registros migratorios, precedió de forma inmediata al desembolso del de €1.850.000 efectuado en febrero de 2005 por la firma Brantridge Holdings a favor de Loster Company, cuyo titular era el hijo del presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR), Guillermo Salazar Boero.

Loster Company fue la que le cedió los fondos a Pro Puerto SA, la accionista mayoritaria de Terminal Puerto Rosario, concesionaria de las terminales I y II del puerto local, para la ampliación de capital exigida por el ente de control del puerto (Enapro) en 2004 para hacer frente al plan de obras adeudado.  Y ese ingreso de dinero en enero de 2005 fue el primer rastro concreto del financiamiento de Pujol a TPR y su presencia en Rosario. 

Un financiamiento que fue creciendo gradualmente para la compras de acciones (controlando primero las otras dos empresas accionistas minoristas de TPR, que eran las sociedades españolas Inter Rosario Port Services e Interlogística Portuaria) hasta directamente terminar con la compra de la mayoría de Pro Puerto SA y quedarse finalmente con el control total de TPR. 

Un fondeo que Pujol siguió muy de cerca con repetidas visitas a la ciudad, que coinciden con las fechas en que se realizan los desembolsos, con paradas en Montevideo, a las que viajaba casi siempre con Gustavo Shanahan, su socio en Rosario, y algunas veces con el propio Salazar Boero; viajes que muestran el interés que tenía por las operaciones el catal{an y que Shanahan lejos de ser un mero mandatario, era un co-administrador de sus negocios en la Argentina. 

El tema es que para los fiscales federales Juan Argibay, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, Pujol (h) no era un inversor español interesado en el puerto o los negocios de comercio exterior, sino que sus desembolsos (triangulados para ocultar procedencia y destino) tenían como objetivo el lavado y blanqueo de dinero sucio, en muchas casos proveniente del narcotráfico internacional. En definitiva, la compra y venta de acciones de TPR, fue un gran negocio de lavado narco teniendo como administrador local de las maniobras a Gustavo Shanahan. 

Es más, cuando ambos se retiraron completamente del puerto en 2012, al concretar la venta total de las acciones de TPR a Vicentin, los fiscales sostienen que Shanahan siguió lavando (usando como fronting a sus propios familiares y allegados en negocios) dinero del narcotráfico que traía Pujol mediante la compra de propiedades, de loteos, de vehículos de alta gama, jugando $33 millones en el City Center, simulando exportaciones agrícolas y hasta fondeando una “cueva financiera” del microcentro, negocio -este último- por el cual sería detenido y condenado por narco en 2022. 
 

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  • Todo lo ventilado sobre esta semana por los fiscales federales sobre Terminal Puerto Rosario (TPR), que pode leer en detalle haciendo clica acá, sirve para entender parte del pasado reciente de la ciudad, pero además deja enseñanzas de cara a la nueva etapa.
     

Que haya sido el lavado de dinero el que daba vida a la concesionaria  explica porqué el puerto navegó entre 2002 y 2012 en la intrascendencia económica sin convertirse en un factor de desarrollo, como lo fue en la gestación de la ciudad.

También queda expuesto la falta de controles estatales a los movimientos en la composición accionaria, rozando siempre el fleje de la legalidad, de la empresa que tenía la concesión ni más ni menos que las terminales I y II del puerto rosarino.

Desde el inicio de la concesión en 2002, Jordi Pujol (h) estuvo merodeando el puerto. En 2004 (financiando la ampliación de capital de TPR) empieza a hacer vuelos más rasantes (aportando financiación para ampliaciones de capitales), hasta aterrizar definitivamente en 2009 (fondeando directamente la compra mayoritaria de acciones usando como fronting a Shanahan y colocándose como director de la empresa) para salirse (completando el blanqueo) entre 2010 y 2012 con la venta total de TPR a la por entonces brillante Vicentin. 

Ahora bien, el lavado es una cuestión de controles federales, pero los enjuagues accionarios debían ser observados por el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro). Y todos esos cambios de socios en las tres empresas accionistas de TPR estuvieron siempre bordeando en el fleje de la legalidad. 

Algunos, de lado incorrecto.

Hay que resaltar que los principales desmanejos ocurrieron en las gestiones de los socialistas Hermes Binner y Antonio Bonfatti, quienes colocaron allí funcionarios radicales sin preparación en el tema y más preocupados en financiar campañas políticas con fondos del ente que en controlar lo que pasaba en la concesión. 

La ausencia total de inversiones en infraestructura entre 2007 y 2012 por parte de TPR es la otra cara del mal manejo del socialismo en el puerto. 

No en vano generaba escalofríos que en el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, radiales que pasaron por el Enapro hayan sido puestos a manejar la caja del IAPOS. Afortunadamente, el ministro de Economía, Pablo Olivares, detectó rápido inconvenientes que también allí les generaban y los alejó del manejo del dinero y los delegó a tareas menores.

Durante la gestión del socialismo sólo cuando por unos pocos meses estuvo al frente del Enapro Pablo Ferrés (reconocido empresario del sector portuario cerealero) se hicieron observaciones sobre la opacidad de los cambios accionarios en marcha. 

Ferrés se quejaba, por aquel entonces, de las triangulaciones y de las empresas “símil” fantasmas, como Aotsa, que aparecían comprando acciones, y por eso reclamaba que Vicentín ponga su nombre y apellido, si era que realmente era el comprador de la mayoría accionaria de TPR detrás de Aotsa. 

Pero Ferrés, quien estuvo entre las dos gestiones de Ángel Elías y Nolasco Salazar, duró poco en el cargo. El socialismo lo despidió porque no comulgaba con el proyecto del centro cultural del Puerto de la Música que impulsaba Binner. Así es: mientras (según los fiscales federales) en el puerto se lavaban millones de dólares del narcotráfico internacional, el gobierno provincial se entusiasmaba armando maquetas.
 

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  • No se trata de fustigar solo al socialismo por el caso del Puerto. También el caso expone el mal paso de la Justicia federal en Rosario. Pujol entraba y salía de la ciudad, previo paso por Montevideo, y los fondos negros llegaban al puerto sin problemas. Incluso hubo advertencias del Banco Central sobre liquidaciones que no tuvieron un correlato en investigaciones judiciales con imputados y detenidos, como pasa ahora. 

Es más, cuando -ya salido del puerto- hacia 2012 la familia Shanahan (según los fiscales) seguía lavando dinero comprando inmuebles, adquiriendo auto de lujos, fingiendo exportadores agrícolas y hasta fondeando cuevas cambiarias (siempre anotados como monotributistas o cobradores de jubilaciones mínimas), ninguna alarma sonó en la por entonces Afip, la oficina AntiLavado y en la Justicia Federal.  

Otra postal de lo que era la Rosario de aquel entonces. ¿De dónde salía por aquellos años el dinero para tantas torres top, barrios privados y autos de lujos?, se preguntaban los rosarinos de a pie por aquellos años. Bueno, ahora se sabe que el agro (y la super soja previo a las retenciones móviles) no explicaba solas la bonanza de la ciudad.   

Tampoco hay que olvidarse del peronismo, que dejó a la “joyita” de TPR al frente de la concesión del puerto de Rosario. La empresa que tenía la mayoría accionaria de TPR, llamada Pro Puerto SA, tenía socios bastante opacos. Por ejemplo, la ochentosa constructora SGR, socia de Pro Puerto que terminaría fundida, tenía como representante a la familia Whpei. No hay nada más que agregar. Nada podía salir bien de ahí.

Las autoridades del Enapro que durante el gobierno del Lole, quien concesionó a fines de 2002 el puerto, fueron los principales voceros de la engañosa idea de que era el Puerto de Tarragona el que estaba asociado a Pro Puerto para manejar la terminal. Por aquel tiempo paseaba por los medios de la mano a los directivos del puerto catalán para que cuenten sus proyectos para Rosario. Fue el Enapro del aquel tiempo parte activa en la confusión generalizada sobre la real identidad de los dueños de TPR.

En realidad, había dos empresas socias españolas en el capital accionario de TPR: una empresa fondeada por la financiera de las Bahamas que nombramos al principio, vehículo inicial del ingreso de dinero de Jordi Pujol, y otras que sí tenía empresas reales vinculadas al comercio exterior catalán que vinieron a explorar oportunidades. Pero nunca estuvo el puerto de Tarragona anclado institucionalmente en el puerto local.

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  • Tampoco se la puede llevar de arriba el establishment rosarino, que también carga con su cuota de responsabilidad. 

Hacia 2002, desde lo más alto del empresariado le advertían al Lole lo perjudicial que sería entregarle el puerto a Guillermo Salazar Boero (cabeza visible de TPR).  Fue así que el gobernador llevó a cenar a un tradicional restaurante de pescados frente al Enapro que había por Avenida Belgrano a un puñado de grandes empresarios. Había gente de la Bolsa de Comercio, de la Cámara de Puertos, de la Federación Gremial. Todos apellidos de peso propio. 

Allí el Lole, ante los señalamientos y advertencias, les retrucó: no le daba la concesión a Salazar (el único interesado), pero ellos le tenían que conseguir un operador privado “limpio” que quiera tomar la concesión en aquel caótico 2022. 

Pero el establishment local, fiel al estilo que cultivaba por aquella época de criticar a los otros mirando desde arriba pero sin bajar a la trinchera a ensuciarse las botas, no recogió el guante, y fue así que un advenedizo como Salazar entró triunfante al puerto de Rosario ante el default “por defecto” del gran empresariado rosarino.

¿Y el periodismo? También tiene obviamente su cuota de responsabilidad. Pero la falta inicial de artículos críticos fue el reflejo del silencio sobre las inconsistencias societarias (2002) y el dejar hacer de las autoridades (2006/2009), junto con el acompañamiento de titulares de algunas importantes empresas mediáticas de aquel entonces que mantenían vínculos con algunos accionistas de TPR. 

El velo recién se corrió en los medios hacia 2009/2010 con la convocatoria de acreedores de TPR, que permitió exponer por primera vez la opacidad accionaria. Fue en ese momento que irrumpieron las primeras voces críticas, como las del diputado justicialista Marcelo Gastaldi y el ex intendente Héctor Cavallero. 

Caída la cortina, a partir de ahí la prensa empezó a indagar y, por ejemplo, la pelea de Ferrés con Vicentín y la confesión de Shanahan de que había lavado dinero de Pujol (que todo indica que hizo molesto por la falta de cumplimiento de compromisos para con él) tuvieron amplia difusión mediática.

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  • Hoy, la situación es muy distinta en el puerto. 

La gestión de Omar Perotti realizó un exitoso proceso de limpieza del Enapro, que recobró la institucionalidad perdida en tiempos del socialismo. Ahora, además de autoridades competentes y sanas en el Enapro, hay un gobierno provincial dispuesto a que el puerto sea un factor de desarrollo económico para toda la región.

En TPR ya no están los fallidos accionistas y operadores del pasado (Salazar, Pujol, Vicentín, Shanahan) y sí hay dos empresas serias y competentes (Ultramar y Grassi) están controlando al frente. Por primera vez en décadas, hay inversiones reales en los muelles y expectativas de crecimiento real.   

Pero el pasado reciente en el manejo de TPR, que -por más que hoy tiene otros socios y otra composición accionaria- es la misma figura jurídica, expone claramente que el principal desafío que tiene el gobierno de Maximiliano Pullaro, si quiere extenderle la concesión a la firma que llegó en aquel 2002, no es conseguir millonarios compromisos de inversión, sino garantizar la estructuración de una empresa concesionaria de base patrimonial real y transparencia accionaria ya que (además de dejar en el pasado la opacidad de sus accionistas y fuentes de fondeo) esa es imprescindible plataforma institucional para dar el salto al desarrollo. 
 

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  • “Es parte de la refundación del MPA”.

Una sola declaración a la prensa, y en conferencia, dio la Fiscal General María Cecilia Vranicich, sobre el caso de la detención y la posterior imputación del ex fiscal de delitos económicos Mariano Ríos Artacho por robo de dinero de las cuentas judiciales de Fiscalía. Y fue allí cuando colocó la investigación interna como parte de la “refundación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

¿Qué quiso decir? ¿Que arrancó una limpieza de funcionarios identificados con otros tiempos o referenciados a jueces críticos con Fiscalía? Las fuertes internas que atravesaron los últimos años al MPA, discrepancias que hasta impactaron negativamente en su accionar diario, podrían darle base a la interpretación que la refundación es parte de una ruptura. Es más, las falencias en los controles, que le habrían permitido a Ríos Artacho, llevarse los fondos también podrían darle sustento a que se vienen tiempos de barrido y limpieza. 

Pero no es ese el sentido del mensaje de Vranicich, y así se puede ver escuchando su discurso cuando juró en el cargo, que podes ver haciendo clic acá, o de la lectura de su último informe de gestión que podes leer acá abajo.
 

 
 

Allí surge que se trata de una referencia que viene utilizando desde que asumió y que no la toma en clave de ruptura sino como un nueva etapa del camino de desarrollo. En efecto, Vranicich viene sosteniendo que, desde su inicio, el MPA pasó por tres etapas: la primera que fue la “fundacional (con Julio Olazábal como primer Fiscal General), la segunda fue la de la “consolidación” (con Jorge Baclini) y a la tercer etapa que va desde su asunción en 2023, que bautizó como de “fortalecimiento”, pero que a partir del año pasado -con la reforma de la Constitución, que les dio categoría de “extra poder”- llama de “refundación”.

Sobre las críticas por las fallas internas que le permitieron a Ríos Artacho llevarse el dinero (tal como lo confesó), el fiscal que investiga el caso, Adrián Spelta, sostiene que “los nueve fiscales que prestaron la segunda firma necesaria para el retiro de los fondos fueron los primeros engañados”. 

Y quienes como el ex ministro de Seguridad Marcelo Saín y el especialista Enrique Font, salieron en público a denostar el MPA recordando que la propia Vranicich era la Auditora cuando Ríos Artacho se llevaba los fondos, en Fiscalía minimizan los señalamientos sosteniendo algunos que “están haciendo su política habitual destructiva sin entender cómo funciona el sistema” y otros hablan de que los dichos “combinan ignorancia con malicia”.

Lo que podemos aportar desde esta columna que el famoso “caso 0” que activó las investigaciones por Ríos Artacho no provino de una investigación interna, sino que hubo un prestigioso abogado penalista que empezó a reclamar a principios de año la devolución de un dinero que había quedado caucionado en una causa contra un financista que llevaba Ríos Artacho, dinero que Fiscalía no encontraba, y por eso tras revolver sin suerte hasta el último cajón, activaron la investigación interna.
 

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  • Sigamos por Tribunales. Nos metemos ahora en las cuestiones vinculadas a la alta litigiosidad laboral por accidentes y enfermedades, que sitúa a Rosario al tope del ranking nacional, y que tan en vilo tiene a las empresas pymes.
     

Abogados laboristas y peritos médicos coinciden en que el pase a los Peritos Especializados de la Corte el análisis de todos los expedientes que ingresen a Tribunales, como comenzó a regir ahora, anticipa un colapso de la gestión por la gran cantidad de trabajo que deberán realizar. No solo ahora que son solo tres, sino también cuando se sumen los nuevos 6 que habilitará el máximo tribunal.

Por el contrario, desde el gobierno provincial y las entidades empresarias que respaldaron el cambio calculan que, sumando un par más a los 6 ya acordados, la situación se contendrá porque estiman que, gradualmente, la litigiosidad irá bajando por impacto de las reformas sancionadas.

El tiempo dirá quién tiene la razón.

Pero mientras tanto hay que hacer una observación menor, pero llamativa. Es que el cambio en el sistema de cobro de honorarios de los peritos, que dejan de cobrar atados a la magnitud de la incidencia para recibir un salario fijo, significa en la práctica que el Tesoro provincial suma un nuevo gasto salarial que afrontar ya que en el viejo sistema el honorario al profesional interviniente salía del bolsillo privado (de la ART, que a su vez se lo trasladaba a la empresa).

Y atención que el tema de los recursos para la Justicia no es algo intrascendente. Fijense lo que ocurre en el Juzgado laboral con asiento en San Lorenzo, y que toma todos los conflictos en el cordón industrial de Capitán Bermúdez al norte.

Dejando de lado la particularidad de que solo hay un juzgado laboral que atiende los conflictos en toda esa amplia zona industrial y tampoco tomando en cuenta de que recién en septiembre de 2025 se cubrió la vacante de magistrado que allí había (dos cuestiones de suma trascendencia), se suma la falta de estructura que tiene.

Con un atraso calculado de al menos un año de trabajo, hay gestiones de abogados litigantes ante el Poder Judicial para que le sumen a la magistrada a cargo Mariana Ortola, al menos, una segunda redactora. Que igual es la nada mismo ante la avalancha de resoluciones pendientes.

¿Será una suerte de “castigo oficial” del gobierno provincial a la jueza porque tiene un criterio poco pro-empresa en su resoluciones? Eso piensan abogados laboralistas. Ocurre que es bien sabido entre litigantes que los criterios son dispares entre las distintas Salas. En Rosario, por ejemplo, se dice que el juzgado laboral número dos tiene una tendencia en resolver a favor del empleado, mientras que el tercero es conocido por inclinarse más hacia la postura del empleador. 

Como sea, lo que queda expuesto es que una solución real a la alta litigiosidad laboral debe incluir un capítulo del fortalecimiento de la estructura de los juzgados, y el fuero laboral es claramente es de los más olvidados por el actual gobierno provincial y la Corte Suprema. 
 

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  • Y atención que la resolución de este conflicto es mucho más que cerrarle las puertas a la litigiosidad judicial en el fuero laboral.
     

“Cuidado que no empiecen las demandas por fuera. Si se cierran las puertas en el fuero laboral, van a empezar las demandas civiles y penales contra las ART. Así como el empleado que no es atendido por la ART va a su obra social o a la atención pública, pero en algún lado se atiende el daño a su salud, a la hora de reclamar judicialmente, si en un fuero no encuentra respuesta, irá por otro fuero”, advierte el médico legalista, Javier Amhred.

Que entre los abogados laboralistas no sean mayoría los litigantes ya que hay una “tradición de gestoría” o “vocación por el acuerdo” entre estos profesionales, puede ser un dique de contención al cumplimiento del pronóstico del perito.

No en vano, con abogados que cobran comisiones del 20% (las ART a los santefesinos se las bajan al 11%), habría muchos acuerdos y no tanta litigiosidad en Tribunales si la Comisión Médica de Rosario de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (primera instancia por la que deben pasar los reclamos), no rechazara todas las demandas, empujando al trabajador a ir  a la Justicia.

Igual, hay que prestar atención a algo que dijo Amhred cuando habla del corrimiento de los reclamos. “Con el cambio del baremo, que empezó en febrero, la cobertura de la ART disminuyó, y se traspasó el costo al sistema de prepagas, obra social y efectores públicos”, dice Amhred.

Y advierte sobre otro cargo que las aseguradoras se sacaron de encima, pero que ahora deben afrontar las empresas. “Por algunas incidencias y enfermedades que provocan largas inasistencias del trabajador, la ART antes pagaba los jornales a partir del día 10, pero ahora los tiene que abonar el empleador”, resalta. 

¿Qué cambió? Este año empezó a regir a nivel nacional el nuevo baremo laboral, que es una tabla o guía médica oficial que se usa para medir el porcentaje de daño o incapacidad que le queda a una persona después de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

“Hay más cambios que son preocupantes. Además de reducir porcentajes de incapacidad, se habilitó a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo a realizar dictámenes médicos sin revisar el trabajador. Con solo ver una resonancia, pueden decir que una dolencia es crónica sin revisar al paciente. Es más, los especialistas advierten que no se puede definir por imágenes de tomografía si las patologías son crónicas, como están haciendo ahora para desconocer la atención”, denuncia. 

Más allá del conflicto ideológico, que cruza este tema, lo que emerge es que la solución es a varias puntas; y la principal batalla debe ser sobre la Comisión Médica de Rosario, con resoluciones a pedir de la ART porque postergan pagos. 

Todo sin perder de vista  que el problema para las empresas estará resuelto cuando paguen menos de ART. No vaya a ser que toda esta batalla contra la litigiosidad laboral termine solo en una toma de ganancias para las aseguradoras.
 

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  • Otro tema. Vamos al negocio inmobiliario. Resulta que días atrás representantes de la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe (CUPS) se reunieron con con autoridades provinciales para analizar el estado de los expedientes en trámite para regularización y habilitación de nuevos desarrollos porque advierten que, pese a la mejoras, sigue habiendo demoras 
     

Resaltando siempre la apertura al diálogo y el interés por la resolución de los conflictos por  parte del gobierno provincial, los empresarios expresaron su preocupación porque esa voluntad institucional todavía no se refleja con la velocidad necesaria en el avance administrativo de las aprobaciones a los proyectos.

La situación cobra especial relevancia ante la recuperación del crédito hipotecario. Para utilizar un terreno como garantía y obtener financiamiento para construir, el comprador necesita contar con la escritura individual. 
Precisamente, uno de los principales temas planteados fue la extensión de los plazos necesarios para que los loteos alcancen su inscripción definitiva y puedan escriturarse. Según la Cámara, existen casos en los que el proceso integral puede extenderse hasta ocho años. 

Los empresarios aclararon que el planteo no apunta a eliminar ni flexibilizar controles técnicos, ambientales o urbanísticos, sino a lograr que estén coordinados, tengan criterios previsibles y se resuelvan dentro de plazos razonables.

El compromiso del gobierno fue seguir fortaleciendo a la Ventanilla Única para coordinar a los distintos organismos, identificar responsables por expediente, establecer plazos y realizar un seguimiento periódico de los trámites demorados.
 

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  • Con tantos temas densos en la agenda, en este Run Run vinimos medio flacos de información de negocios. Así que si te gustan los temas financieros, date una vuelta por las “Charlas de Mercado” de este sábado (haciendo clic acá) en la que contamos sobre:
  1. Cómo marcha el esquema de subsidio de tasas para pymes que cambien cheques en el mercado de capitales. Spoiler: es un éxito.
  2. Una operación con cheques en Bolsa para zafar del impuesto a los débitos y créditos que empieza a generar atención en ARCA
  3. La razón del mercado A3 para salir a recomprar sus acciones
  4. Y un dato sobre la operatoria de futuros y opciones que está pasando casi desapercibido, pero podría estar mostrando un cambio importante en la comercialización de granos.
     

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  1. Las caras largas y sin mucho para festejar en el almuerzo del día de la Industria. Pero, pese a los platos amargos de la coyuntura, los industriales de Santa Fe siguen dando pelea.
  2. Primer Salón del Automóvil de Rosario: Car Show 2026 se hace en Portal Rosario, que no para de crecer y atraer novedades para la ciudad
  3. El corredor sur del Gran Rosario suma un desarrollo inmobiliario de gran escala, con el plus de tener al club de Messi dentro del complejo
  4. Revés judicial para Pilay, que -por su parte- entregó un nuevo edificio en Fisherton
  5. Banco Santa Fe, otra vez en la mira por adelantar el cobro de las tarjetas
  6. Salió un manual de autodefensa financiera: guía práctica para organizarse frente al endeudamiento
  7. AmChan Agribusiness: Empresas y diplomáticos de EEUU piden Seguridad Jurídica para la Propiedad Intelectual
  8. AmChan Agribusiness: John Deere por la Reducción de la Brecha Digital y Conectividad Rural
    AmChan Agribusiness: Cargill por la infraestructura, Trazabilidad Ambiental y Deforestación Cero
  9. Grandes aceiteras se lamentan por el poco apoyo de los senadores de Pullaro en la desregulación del biodiesel.
  10. Hidrovía: con la operación privada ya en marca, se abre el juego a la discusión ambiental
     

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Y para cerrar ya que hicimos referencia a la Hidrovía, la autopista fluvial al mundo que tiene la Argentina, fue parte de la apertura de los XIII Juegos Suramericanos

En efecto, el río Paraná fue anoche uno de los protagonistas de la apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Frente al Monumento Nacional a la Bandera, y como respuesta al pedido de acompañamiento realizado por el Gobierno de Santa Fe al sector agroexportador, la Cámara de la Industria Aceites (CIARA-CEC) iluminó un tramo de 100 metros del río Paraná, mientras un buque remolcador completamente iluminado navegó frente al escenario principal de la ceremonia.

La acción fue pensada para sumar al espectáculo una experiencia 360°, integrando el Monumento, el público, el escenario y el río en una misma celebración. Las luces, con los colores de la bandera argentina y de Santa Fe, y el movimiento del remolcador sobre el agua buscaron generar una imagen capaz de reflejar aquello que identifica a Rosario, Santa Fe y su Región: una historia profundamente vinculada al río, una enorme capacidad productiva y una mirada puesta en el futuro.

 

Para CIARA-CEC, la puesta tuvo además un significado especial: resignificar al Paraná como la gran autopista al mundo, la vía por la que diariamente la producción argentina se conecta con los principales mercados internacionales. El mismo río que forma parte de la actividad agroexportadora tuvo la intensión de ser, durante la inauguración, parte del escenario que recibió a miles de deportistas de todo el continente.

“Acompañamos el deporte, resaltamos nuestra identidad, recordamos nuestra historia e impulsamos el futuro” fue el concepto que acompañó la acción de CIARA-CEC, que buscó mostrar, en uno de los acontecimientos más importantes que vive Santa Fe, el vínculo entre producción, trabajo, infraestructura y desarrollo.
La intervención convirtió por unos minutos al Paraná en un escenario de celebración y permitió mostrar hacia el país y el mundo una región que tiene en el río una de sus principales vías de conexión con el mundo

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Buena semana
 

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